La presidenta Cristina Fernández calificó ayer como “descarada” la postura de la oposición en contra del proyecto de ley elaborado por el gobierno que pretende declarar de interés público la producción y distribución de papel para diarios, y que fuera girado el viernes pasado a la Cámara de Diputados.
“Esta defensa descarada, de intereses absolutamente privados de una empresa, yo no la recuerdo ni siquiera desde la década infame”, se quejó la presidenta durante un acto en la localidad de Tigre en relación al Grupo Clarín, accionista de Papel Prensa junto al diario La Nación y el Estado. En ese marco, reiteró que no cree que “haya habido un gobierno al que le pusieran más palos en la rueda” que al suyo y sostuvo que nunca vio como legisladora “que se defendieran intereses particulares de empresas”.
“Los que defendían esos intereses por lo menos lo disimulaban o lo ocultaban un poco más; ahora no, es a la luz del día”, amplió, para luego preguntarse: “¿Será porque hay intereses con componentes mediáticos? Necesitan hacer eso para que los escuchen sus patrones y les digan mirá que bien, y darle espacios en un programa de televisión o que te saquen una foto en el diario, la verdad que como premio me parece bastante poco y bastante pobre”, siguió quejándose la primera mandataria.
Algo más amigable se mostró en principio el jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, quien adelantó que podría aceptar cambios en la norma para sumar adhesiones, aunque aclaró que las eventuales modificaciones no deben “tergiversar el núcleo” de la iniciativa.
Los dichos de Rossi se leyeron como un mensaje de apertura hacia la centroizquierda, ya que si ese sector no acompaña la norma, el FPV en soledad no tendrá fuerzas para aprobarla en la Cámara baja.
Luego el diputado kirchnerista salió también al cruce de las críticas opositoras y consideró que “algunos dirigentes políticos rechazaron el proyecto sin haberlo leído siquiera” y remarcó que “muchas veces parecen abogados del Grupo Clarín”.
En tanto, el diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, admitió que “se debe declarar de interés público la fabricación del papel para diarios”, pero aclaró que no van a ser “funcionales al gobierno en su batalla contra Clarín”, y no le van a dar “una herramienta al oficialismo para que luego intervenga la empresa”.
Los mismos condicionamientos pusieron los diputados socialistas, comandados por Mónica Fein, que también están a favor de que “se declare de interés público”, pero ponen reparos a los “intereses” oficiales.
Otro de los puntos que provocaron el rechazo unánime de la oposición fue que Rossi dejó trascender que el proyecto tendría debate en las comisiones de Legislación General, Comunicaciones e Informática y Peticiones, Poderes y Reglamentos, que están bajo el mando de las aliadas al gobierno Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) y Silvia Vázquez (Concertación-FORJA) y del diputado del FPV, Gerónimo Vargas Aignasse, respectivamente.
Esa versión desató las críticas de la oposición, que reclamó que el proyecto también sea remitido a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Libertad de Expresión, dirigidas por la peronista disidente Graciela Camaño y la radical Silvana Giudici. El jefe del bloque PRO, Federico Pinedo, se quejó porque el gobierno podría enviarlo a “otras comisiones que no son las que corresponden, sólo porque son las que preside”. Y calificó al proyecto del Ejecutivo como “un cheque en blanco para hacer lo que quiere”.
Por el radicalismo, Giudici reclamó que el proyecto sea girado a Libertad de Expresión y volvió a cuestionar el contenido de la norma. “Es ambigua y redactada sin la mínima técnica parlamentaria”, enfatizó la diputada. A su entender, el proyecto “es tan malo, que si se votara como se presentó, se estaría declarando de interés público la fabricación y comercialización de papel para cuadernos y cualquier otro producto que se elabore con pasta celulosa”.
El diputado de la UCR, Juan Pedro Tunessi, también criticó la medida oficial y en un comunicado sostuvo que “es una decisión anacrónica y deliberadamente interesada del gobierno, que no persigue evitar posiciones dominantes en el mercado ni garantizar el acceso de todos los sectores a dicho insumo básico”.
Por el mismo bloque, Ricardo Gil Lavedra afirmó que el texto confeccionado por el Ejecutivo “da lugar a una gran regulación por parte del Estado”.
“En materia de libertad de expresión, la regulación por parte del Estado siempre es sospechosa”, subrayó Gil Lavedra.
En declaraciones radiales, el abogado constitucionalista señaló que su bancada “dará la discusión”, pero destacó que el oficialismo “va a tener que demostrar por qué razón esto es imprescindible que se haga en este momento”.
