El empresario Cristóbal López fue trasladado hoy al hospital penitenciario de la cárcel de Ezeiza tras entregarse en los primeros minutos de hoy en el edificio Centinela de Gendarmería Nacional, mientras que su socio también detenido, Fabián De Sousa, se encontraba esta mañana alojado en la cárcel de Marcos Paz.
Ambos fueron procesados con prisión preventiva por «administración fraudulenta» a raíz del desvío de 8.000 millones de pesos del impuesto a la transferencia de los combustibles recaudados en calidad de agente de retención por la compañía Oil Combustibles, para financiar a otras empresas de su grupo vinculadas a medios de comunicación, en el kirchnerismo.
López fue trasladado al hospital penitenciario de Ezeiza mientras que su socio también detenido, Fabián De Sousa, permanecerá en la cárcel de Marcos Paz, según lo dispuesto por el Servicio Penitenciario Federal.
Tras los exámenes médicos habituales en los hospitales centrales de esos complejos, serán derivados a pabellones con otros internos, indicaron fuentes judiciales.
El abogado de ambos, Carlos Beraldi, anticipó hoy que apelará los procesamientos con prisión preventiva dictados por el juez federal Julián Ercolini, para lo cual tiene un plazo de tres días, y luego las decisiones judiciales serán revisadas por la sala I de la Cámara Federal porteña.
López estuvo prófugo siete horas y con pedido de captura nacional tras la firma del fallo de Ercolini y, según fuentes de su defensa, habría estado en el sur del país desde donde se trasladó para entregarse en el edificio Centinela, donde ya estaba su socio.
Ambos evitaron pasar por la Alcaidía de los tribunales federales de Retiro y así eludieron su exposición ante la prensa mientras que Ercolini prohibió en su resolución de ayer la difusión de «imágenes y/o información de los pormenores suscitados como consecuencia de lo que aquí se ordena, bajo apercibimiento de lo que por derecho corresponda».
López y De Sousa fueron procesados por «administración fraudulenta» en perjuicio del Estado Nacional y se les dictó la prisión preventiva porque, para el magistrado, violaron «medidas cautelares» que se habían ordenado en la causa con anterioridad, con un embargo de 17.042.509.692 de pesos.
El tercer procesado en la causa es el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, también acusado de «administración fraudulenta agravada» y con el mismo embargo que López pero sin prisión preventiva, por haber encubierto la maniobra perpetrada entre 2013 y 2015.
En los casos de López y De Sousa, Ercolini sostuvo que ambos manifestaron haber vendido las acciones del grupo Indalo, su conglomerado de medios, sin solicitar de manera previa autorización judicial debido a la inhibición general de bienes que pesa sobre ambos
Luego, ante la negativa del juez a levantar la inhibición de bienes, «no dejaron sin efecto la operatoria en cuestión, lo que demuestra a todas luces su voluntad de apartarse de la manda judicial».
