Luego de seis semanas en libertad, el empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa regresaron este viernes a prisión a raíz de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que revirtió sus excarcelaciones, al tiempo que recaratuló la causa por la falta de pago de 8.000 millones de pesos en impuestos al expendio de combustibles.
El dueño del grupo Indalo fue detenido por efectivos de Gendarmería Nacional poco antes de las 20 de este viernes y trasladado al edificio Centinela, desde donde será llevado este sábado al penal de Ezeiza, el mismo lugar donde se había alojado entre el 20 de diciembre y el 16 de marzo pasado.
Minutos después De Sousa también se presentó ante Gendarmería y volverá al penal de Marcos Paz, donde estuvo alojado antes.
El expediente en el que además se encuentra imputado el ex titular de la Afip Ricardo Echegaray pasó nuevamente de “apropiación indebida de tributos” a “defraudación a la administración pública”, tal como había reclamado el organismo recaudador y la Fiscalía al apelar el cuestionado fallo de la Cámara Federal.
La decisión fue tomada por la mayoría conformada por los votos de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, quienes integran la sala I, junto con la jueza Ana María Figueroa, que votó en disidencia.
En su fallo, los jueces remarcaron que los imputados, mediante una compleja maniobra defraudatoria, habrían desviado entre mayo de 2013 y noviembre de 2015 millonarias sumas de dinero que la empresa Oil Combustibles debía entregar a la Afip en concepto de impuesto a los Combustibles Líquidos, utilizándolas para financiar al grupo Indalo.
López y De Sousa habían sido liberados el pasado 16 de marzo por la sala I de la Cámara Federal con el voto de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, quienes a raíz de ese fallo fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por presunto cohecho.
Casación revirtió las excarcelaciones al considerar los peligros procesales de mantenerse López y De Sousa en libertad, esto es el posible entorpecimiento de la causa, al tiempo que restituyó la carátula a “defraudación contra la administración pública”.
Si bien ambos delitos tienen la misma pena, de dos a seis años de prisión, el segundo abría la puerta a que se discutiera qué fuero era competente para investigar (el federal o el penal tributario), lo que podría haber dado lugar en el futuro a una cancelación de la deuda a cambio de extinguirse la acción penal.
Casación siguió de esta forma el mismo criterio adoptado en primera instancia por el juez federal Julián Ercolini, quien los había detenido de manera preventiva al considerar que los empresarios habían intentado desprenderse de activos mientras se tramitaba la investigación y burlar así la inhibición de bienes.
En este sentido, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso ayer el allanamiento de las oficinas de la ex Indalo, hoy denominada grupo Ceibo, así como las de sus nuevos dueños Ignacio Rosner y Santiago Enrique Dellatorre Balestra, en el marco de la causa por la cual se sospecha que Cristóbal López intentó burlar la inhibición general de bienes y vender su empresa.
