El nombramiento por decreto de dos jueces en la Corte Suprema de Justicia causó ayer una fuerte polémica con opiniones cruzadas entre referentes de la primera línea de la política que apoyaron la decisión del presidente Mauricio Macri y afirmaron que “se ajusta a la Constitución”, y otros que sostuvieron que es ilegal y atenta contra las instituciones.
El gobierno oficializó ayer la designación de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para completar las vacantes de Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt en el máximo tribunal mediante la publicación del decreto 83/2015 en el Boletín Oficial, medida que se enmarcó en el artículo 99 de la Constitución.
Tras esa publicación, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, aseguró que la designación por decreto de jueces por parte del Ejecutivo responde a un planteo de la Corte y consideró que la forma “es legal y constitucional”.
La medida produjo una catarata de críticas de la oposición y de dirigentes del mismo frente Cambiemos. Rosenkrantz y Rosatti fueron nombrados en comisión, lo que supone ponerlos directamente en funciones hasta que sus pliegos sean tratados por el Senado, con vencimiento de esta situación provisoria el 30 de noviembre de 2016, cuando finaliza el período de sesiones ordinarias del Congreso.
Uno de los dos principales aliados políticos de Macri en la coalición Cambiemos, el radical Ernesto Sanz, salió en defensa del líder del PRO y señaló que el decreto es “legitimo, legal y constitucional” y que tiene como “objetivo garantizar la gobernabilidad”.
Sin embargo, no se pronunció la otra socia de Cambiemos, la diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aunque sí lo hizo su colega de bloque Fernando Sánchez, quien se distanció de la decisión de Macri.
Sánchez sostuvo que los jueces de la Corte deben ser designados “por la vía ordinaria establecida por la Constitución y el decreto establecido por Néstor Kirchner que da transparencia”, que estableció una serie de pasos, como audiencias públicas, previas a la puesta en funciones de los vocales.
En contra también se manifestaron dirigentes del radicalismo, como el senador Julio Cobos, el constitucionalista y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, y el diputado nacional Ricardo Alfonsín.
“Me sorprendió. Entiendo la decisión en términos políticos, pero en lo que toca al Estado de Derecho es insostenible. Tienen buenos antecedentes pero no serán jueces independientes”, expresó Gil Lavedra.
En el Frente para la Victoria, la diputada Juliana Di Tullio criticó con dureza las designaciones y dijo que se trata de “un decisión propia de un dictador”. Mientras, el presidente de la bancada kirchnerista de la Cámara baja, Héctor Recalde, afirmó que el decreto “lesiona gravemente la independencia de la Justicia”.
El diputado nacional del FpV, Eduardo “Wado” de Pedro, consideró “un atropello” las designaciones de Macri en la Corte y remarcó que comienza su mandato como presidente “extralimitándose” en sus atribuciones.
El ex secretario general de la Presidencia y referente de La Cámpora convocó a través de sus redes sociales a “las fuerzas políticas democráticas que dicen defender a las instituciones” para “no permanecer en silencio ante este atropello”.
A su turno, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, cuestionó la forma en que fueron designados Rosenkrantz y Rosatti, a la que consideró “horrible”, y le pidió al presidente que “corrija el error”.
En tanto, el ex candidato presidencial del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Nicolás Del Caño, consideró que “la ampliación de la Corte de (Carlos) Menem quedará como un pequeño desliz en comparación con estas designaciones de facto en la Corte suprema”.
“No sólo cerraron el Congreso hasta marzo. Ahora designan dos ministros de la Corte como un gobierno de facto”, subrayó Del Caño.
El senador nacional por San Luis de Compromiso Federal, Adolfo Rodríguez Saá, ex candidato a presidente, declaró estar “sorprendido” por la designación a través de un decreto de dos jueces para la Corte anunciada por Macri.
En tanto, la ex candidata a presidente por le frente Progresistas, Margarita Stolbizer, expresó su desacuerdo con la forma de designación de dos jueces para cubrir cargos vacantes en la Corte y dijo que “es un retroceso” jurídico. “Es una barbaridad, una barrabasada jurídica, es una situación de enorme retroceso”, dijo la diputada del GEN en una entrevista radial.
Santa Fe: para la mayoría de la dirigencia es “un gran error”
La designación de dos jueces para ocupar dos cargos vacantes en la Corte que hizo el presidente Mauricio Macri también tuvo repercusiones en la provincia. El gobernador Miguel Lifschitz consideró: “La decisión de Macri es un gran error. No se condice con el llamado al consenso que saludamos cuando nos convocó a todos los gobernadores o con su reunión con los líderes de la oposición. Ojalá que se revea”.
En tanto, José Corral, intendente de Santa Fe y presidente de la UCR nacional, indicó: “(Horacio) Rosatti es un jurista muy prestigioso, egresado de la UNL, ex intendente de Santa Fe y un dirigente vinculado al justicialismo. (Carlos) Rosenkrantz es un discípulo de Carlos Nino, principal asesor del ex presidente Alfonsín. Ambos son intachables y tienen consenso. La metodología utilizada es una facultad constitucional que tiene el presidente”.
Ricardo Silberstein, ministro de Justicia de la provincia, opinó que la de Macri “es una decisión heterodoxa y opinable que genera una situación de inseguridad, de discusión o de debate que no debería ser en la integración del más alto tribunal. En estas cosas es importante respetar la letra de la Constitución”.
Marcos Cleri, diputado nacional del FpV, señaló que “la propia Corte debería rechazar este decreto”. Y agregó: “Medidas como esta deberían hacernos reflexionar muy profundamente a todos los que defendemos la democracia y sus valores. Suponemos que algún juez, en defensa de su propia independencia, de la independencia del Poder Judicial, se animará a declarar inconstitucional esta aberración”.
Por su lado, Rubén Giustiniani, diputado provincial del Frente Progresista, dijo que “el presidente Macri empezó mal su gobierno: evitar el Congreso y la realización de audiencias públicas para nombrar dos ministros de la Corte es inconstitucional, de una gravedad institucional sin antecedentes en la democracia argentina y sienta un precedente peligrosísimo hacia el futuro. El atajo elegido es políticamente erróneo por ser contrario al diálogo pregonado en toda la campaña electoral y porque inicia un camino de confrontación con el Congreso”.
Para Rafael Gutiérrez, ministro de la Corte provincial (tribunal que presidirá desde el 1º enero) y presidente a la Junta Federal de Cortes, “es peligroso que no se respete al Congreso ni a la Constitución”. En este sentido, interpretó: “Lo que hizo Macri es totalmente innecesario. Todo el arco político, desde el punto de vista jurídico, dice lo mismo. Se han obviado trámites legales y constitucionales”.
En tanto, Daniel Erbetta, ministro de la Corte de Santa Fe, sostuvo: “La Constitución establece de modo claro cómo se deben nombrar los jueces. Es preocupante que se utilice un mecanismo que no tiene antecedentes en la Argentina. En el año 1994 quedó establecido que en la designación de jueces de Corte intervenga el Senado y que lo haga con una mayoría calificada, de los dos tercios de los presentes. Hay cosas que tienen que ver con la institucionalidad y con los consensos. La política es la diferencia, es la discusión, pero también es el consenso”.
