A comienzos de semana, el directorio que administra a Oil Combustibles había anunciado un importante acuerdo para preservar el suministro de combustible y las fuentes de trabajo de la histórica refinería de San Lorenzo. El plan emergencial, que aseguraba la provisión de materia prima por el plazo de 25 días, consistía en designar a la compañía transportista de hidrocarburos Victorio Podestá & Cia. como nexo entre la petrolera rusa Lukoil y la propia refinería sanlorencina para hacerse cargo del abastecimiento de la red de estaciones de servicio de la firma.
Sin embargo, el juez federal Javier Cosentino no aprobó el proyecto y se agudizó la crisis de Oil Combustibles. Y el Grupo Ceibo, nuevo administrador de la refinería tras la quiebra del Grupo Indalo, emitió un duro comunicado, argumentando que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) impuso trabas que atenta contra la continuidad laboral de 450 trabajadores.
El escrito habla sobre la “arbitraria decisión de bloquear el acuerdo que la compañía había arribado con un proveedor local, como paso previo a un acuerdo definitivo con Lukoil”. Por otro lado, aseguran que “desde la dirección de Oil Combustibles se está trabajando contrarreloj para aportar una alternativa de abastecimiento local que dé solución, en el menor lapso de tiempo posible, al suministro de la red”.
“La decisión de la Afip es una determinación sin sentido, que está en línea con la política de ahogo financiero que impuso el ex titular del ente fiscal, Alberto Abad, no sólo contra Oil Combustibles sino también contra todo el Grupo Ceibo, oponiéndose a cualquier tipo de solución y hostigando continuamente a todas las sociedades del Grupo”, afirma de manera contundente el comunicado.
Expresa además que la medida dificulta la posibilidad de “comenzar a restablecer el normal desarrollo de las actividades en el sector petrolero y que iba a entrar en vigencia en el lapso de tres semanas como una solución de largo plazo hasta tanto pudiera comenzar a operar nuevamente la refinería”.
Asimismo, Oil Combustibles hace responsable de esta situación a la Afip de Alberto Abad, que “sistemáticamente se ha empeñado en discutir temas comerciales desde el fuero penal, aún a pesar de que los anteriores accionistas ya se encuentran imputados y en prisión preventiva (NdR: en relación a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Souza), y no observar el criterio establecido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de separar a la empresa del empresario”.
Para el grupo, el debate debe continuarse en el fuero comercial, mediante el uso de una herramienta legal que resguarde los derechos y obligaciones de todos los involucrados, como es el concurso preventivo de acreedores. “Teniendo en cuenta el grave daño que la decisión ocasiona a todo el Grupo Ceibo, es que se reclama a las autoridades nacionales dejar de lado la prescindencia adoptada para analizar la situación del Grupo Ceibo y de sus trabajadores”.
En este sentido, el secretario de asuntos legales del Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburiferos (Supeh), Héctor Brizuela, confirmó que los últimos camiones con combustibles podrían salir en las próximas horas. ”Si no hay una salida urgente, la crisis se agrava profundamente”, advirtió.
Desde el sector sindical consideran que otros intereses están tallando en la situación de Oil Combustibles. “Vemos a un acreedor que figura en el expediente, Pampa Energía, que ante una eventual quiebra de Oil podría ser el que se quede con la planta, pero alejándose del sistema de producción. Además, dejaría de cubrirse el 15 por ciento de la demanda de asfalto tan necesaria para la obra pública y podría ser suplida por otra empresa con intereses”, concluyó Brizuela.
