La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba de regresar a la presencialidad en las aulas a partir del lunes generó críticas y rechazos de las autoridades nacionales y de los gremios docentes de esos distritos, que advirtieron sobre los riesgos de esa medida, en el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus que atraviesa el país.
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ejemplificó este sábado con los indicadores que se utilizan en otros países, como Alemania, para cuestionar la decisión anunciada ayer por los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta y Juan Schiaretti.
«En Alemania, con una tasa de incidencia de 320 contagios cada 100.000 habitantes -en dos semanas- se cierran las escuelas. En Estados Unidos es de 100. La Ciudad de Buenos Aires está con una incidencia de 1.050 y Córdoba 1.099; es decir, que se triplica el indicador de Alemania y el conurbano bonaerense lo duplica con 750», explicó Trotta.
En declaraciones a varias radios, el ministro acusó a esos distritos de «incumplir los parámetros sanitarios construidos en consenso con todas las jurisdicciones» y acordados en el marco del Consejo Federal de Educación.
Anoche, Rodríguez Larreta anunció la vuelta a las clases presenciales a partir del lunes -cuando termina el aislamiento estricto dispuesto por nueve días- de los alumnos de los niveles inicial, primaria y de los dos primeros años del secundario y aseguró que «la evidencia muestra que el nivel de contagios en las escuelas es más bajo que en el resto de la Ciudad».
Así decidió mantener la presencialidad pese al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional vigente hasta el 11 de junio, que estipula la enseñanza remota en las zonas de alarma epidemiológica, entre las que se encuentra el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).
Además de Trotta, dirigentes del Frente de Todos y los gremios docentes porteños rechazaron este sábado esa decisión y hablaron de una «especulación política» en la medida adoptada por Rodríguez Larreta, uno de los referentes de la coalición opositora Juntos por el Cambio.
«¿Estamos frente a una decisión sanitaria o una decisión especulativa? ¿Quién maneja la agenda: Patricia Bullrich o el Gobierno porteño?», preguntó Trotta esta mañana en un reportaje a FM Concepto, donde reiteró que «la presencialidad no es una cuestión de deseo sino de responsabilidad».
Desde sectores oficialistas y los gremios llegaron definiciones más duras acusando a Rodríguez Larreta de «irresponsable, electoralista y de negacionista de la realidad de la pandemia».
«Las decisiones que se toman en CABA están más vinculadas a algunos aspectos políticos y tienen que ver con el año electoral», dijo este sábado a El Destape Radio el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, y agregó: «Está en juego la salud de la gente y en esto no podemos especular».
En el mismo sentido, el senador nacional Mariano Recalde (FdT-CABA) posteó desde su cuenta de Twitter que «Larreta anuncia la vuelta a la presencialidad en el peor momento de la pandemia», tras lo cual cuestionó que insista «con su capricho mientras miles de argentinos pelean por su vida en hospitales colapsados».
En tanto, el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional Hugo Yasky (FdT-Buenos Aires), dijo en radio AM750, que «esto sucede cuando está muriendo gente» y criticó: «Larreta hace rato traspasó todos los límites».
Con una postura similar, la diputada nacional Gisela Marziotta (FdT-CABA) afirmó en Radio Mitre que la actitud del alcalde «es una especulación política irresponsable» porque «es el distrito con mayor cantidad de habitantes y de mayor circulación, y por ende, de mayor contagio».
En declaraciones a Télam, los sectores gremiales representados en Sadop, Ademys y UTE coincidieron en que «la vuelta de la presencialidad en el peor momento de la pandemia es una medida irresponsable, electoralista y violenta ya que desconoce un DNU oficial».
«Es irresponsable la vuelta a la presencialidad», dijo a Télam Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, y adelantó que la semana próxima «habrá nuevas medidas de fuerza en virtud del escenario sanitario».
En tanto, desde UTE aseguraron a esta agencia que «estamos en el pico más alto desde que empezó la pandemia y Larreta retoma su campaña política usando como bandera la presencialidad escolar».
Desde Sadop Capital, remarcaron a Télam que «la decisión de Larreta es violenta y desobedece el DNU presidencial» al tiempo que «no garantiza el derecho social de les estudiantes a la educación».
La situación en Córdoba es similar: ayer, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Manuel Calvo, anunció que el lunes «regresa la presencialidad de las clases en el nivel secundario en las localidades hasta 30.000 habitantes, mientras que el nivel inicial y primario se continuará con alternancia entre el sistema presencial y virtual».
Tras el anuncio llegaron los cuestionamientos desde los gremios docentes de la provincia: la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba (UEPC) y el Sadop local.
Para el secretario general de la UEPC, Juan Monserrat, el retorno a la presencialidad es «sostener un eslogan publicitario» lo cual consideró «imperdonable» en momentos de pandemia, mientras que desde Sadop insistieron en la necesidad de «volver a la virtualidad como la mejor solución».
«El retorno a la presencialidad educativa en inicial, primario y especial es incomprensible. No conocemos sus fundamentos. Exponer a niños y docentes en el peor momento de la pandemia para sostener un eslogan publicitario es imperdonable», escribió Monserrat desde su cuenta de Twitter, y solicitó al Gobierno conducido por Schiaretti «que recapacite».
Por su parte, el Sadop cordobés advirtió en un comunicado de prensa que «volver a la virtualidad es la mejor solución».
«Creemos que el estado provincial debe cumplir con la Resolución 394 del Consejo Federal de Educación, que su propio ministro de educación firmó, ya que los criterios del semáforo epidemiológico allí establecidos ponen a la Provincia en estado de alerta y alarma sanitaria», indicaron.
Finalmente, pidieron «no politizar la pandemia, ni judicializarla ni personalizarla» en virtud del «costo social que está ocasionando».
