Francisca tiene 74 años y si bien no tenía vínculos de sangre con Nélida tuvo una relación de familia. Cuando era niña Francisca cuidaba a Nélida mientras sus padres trabajaban, vivieron juntas y se asistían mutuamente. Francisca hizo su vida pero volvió a la casa cuando Nélida se cayó y se lesionó, por lo que se quedó a asistirla; la cuidó en su enfermedad hasta que la mujer —que no tenía herederos— falleció. De palabra, Nélida le había dejado sus pertenencias, lo que incluyó un seguro y la casa que habitaban en Cerrito al 1200. Pero la avivada de algunos y una maniobra fraudulenta que incluyó una declaratoria de herederos iniciada con un acta de nacimiento y un documento de identidad truchos, además de una demanda de desalojo, la dejó al borde del abismo. Gracias a un reclamo público de su abogada, la denuncia penal que había sido desestimada en 2016 se reabrió y este viernes siete personas serán imputadas por lavado de activos, entre ellos abogados y escribanos que según la acusación participaron en la maniobra.
Nélida murió en 2000. Poco después se inició una declaratoria de herederos con el acta de nacimiento de una persona que tiene el mismo apellido que la fallecida, reconstruyó la pesquisa a cargo de la fiscal Valeria Haurigot. El detalle es que este hombre existe pero vive en Río Gallegos y nunca pisó Rosario. La presentación lleva la rúbrica del abogado Martín Gutiérrez Pereyra, pero lograda una resolución judicial que lo declarara heredero «se perdió» el expediente, contó una fuente del caso.
Con esa declaratoria, el supuesto heredero vendió la propiedad a Víctor Corigiliano, cuya escritura fue avalada por la escribana Roxana Villa Palermo. Luego, el flamante comprador le vendió a Fernando Rabinovich, que le dio un poder a Juan Carlos Gómez, trámites que realizó el escribano Juan Carlos Torres, describieron desde Fiscalía. Luego el abogado Sebastián Palillo representó a Gómez en el trámite civil que buscó desalojar a la víctima.
Corigliano estuvo involucrado en una causa por conexiones clandestinas a la red eléctrica mientras que Torres tiene una condena previa por estafa y está imputado en una causa por fraude reiterado con propiedades conocida como megaestafa inmobiliaria, que se encuentra a un paso del juicio oral y público. Gómez estuvo involucrado en una causa similar en Casilda, recordó la fiscal.
La denuncia
Ante esta maniobra, Francisca hizo una denuncia penal en 2016 pero su presentación fue desestimada por Fiscalía. También se defendió en el juicio de desalojo que se le inició en el fuero civil y, cuando la decisión judicial de sacarla de la propiedad era un hecho, la exposición pública del caso por parte de su abogada en un medio local hizo que desde el juzgado civil se informara al propio Ministerio Púbico de la Acusación. Entonces la fiscal regional María Eugenia Iribarren revisó la situación y dispuso la reapertura de la pesquisa, que terminó en manos de la fiscal Haurigot.
La funcionaria se puso a trabajar inmediatamente y solicitó allanamientos en dos estudios jurídicos, dos escribanías y en dos domicilios particulares de los presuntos compradores de la propiedad. El objetivo era secuestrar documentación y elementos de interés para la causa.
La pesquisa dio el resultado esperado por la fiscal, quien pidió para este viernes una audiencia imputativa presencial para el grupo de involucrados en la maniobra defraudatoria.
Aún no se fijó la hora pero adelantó que serán imputados por el delito de lavado de activos. La fiscal dijo que en cuanto a la situación cautelar de los acusados, pedirá medidas no restrictivas de la libertad.
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