El gobierno de Santa Fe dispuso este miércoles la presencia de fuerzas de seguridad en el interior de la planta que la cooperativa láctea Sancor posee en la localidad de Sunchales, a raíz de un largo conflicto laboral que suele paralizar las actividades, lo que fue denunciado como «una escalada de intimidación» por el cuerpo de delegados sindical. Y repudiado de manera firme por la CTA Autónoma.
La decisión de enviar fuerzas policiales había sido confirmada en el atardecer de este miércoles por voceros de la cartera de Seguridad provincial, luego de que el ministro de Trabajo local, Roald Báscolo, asegurara tras una visita a la planta que no iban a permitir bloqueos por parte de distintas agrupaciones gremiales.
La medida tiene por objetivo garantizar el derecho laboral de los empleados que no adhieren a las medidas de fuerza, y también la de los huelguistas, dijo.
«Nosotros respetamos el derecho a huelga habiendo planteos de trabajadores que no cobraron la totalidad de su salario», sostuvo Báscolo, y de inmediato agregó: «Pero también respetamos el derecho a trabajar de aquellos que quieran hacerlo».
La planta de Sancor en Sunchales atraviesa un largo conflicto laboral entre los administradores de la cooperativa y el sindicato del sector, Atilra.
El gremio dispone medidas de fuerza por demoras en cancelación de los haberes de sus afiliados que, en algunos casos, paralizó la principal planta de la compañía láctea.
Ante esa situación, luego de la visita del ministro de Trabajo la semana pasada, el gobierno de Maximiliano Pullaro decidió el envío de fuerzas de seguridad a la planta, para evitar bloqueos.
Celebración patronal
La medida fue celebrada por Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meab), que agradeció al gobernador «por disponer a la policía en la planta, para evitar que los mafiosos sindicales maltraten a los trabajadores de Sancor que están deseando trabajar».
En su cuenta de la red social X, el Meab señaló que «a causa de los bloqueos que sufre Sancor por parte de la mafia sindical, la fuerza policial debe permanecer dentro de la planta, para que esta siga funcionando y proteger a los empleados de la extorsión constante de los delegados sindicales».
La postura sindical
Para el cuerpo de delegados de Atilra en Sancor, en cambio, la presencia policial significa «una escalada de intimidación». Describieron los gremialistas este jueves: «La planta de SanCor en Sunchales quedó literalmente militarizada por fuerzas policiales y parapoliciales que llegaron para reprimir la protesta de sus trabajadores que reclaman el pago de sus haberes y los aportes jubilatorios».
El cuerpo de delegados, junto con un comunicado, difundió un video en el que se ve a efectivos de la Policía santafesina, armados, en el interior de la planta láctea. “Así aprietan los directivos de SanCor a sus trabajadores para impedir que reclamemos por nuestros derechos laborales con armas de fuego y fuerzas policiales y parapoliciales sin identificación”, advirtieron, para de inmediato señalar: «Están acá provocando a los trabajadores para poder justificar la represión. No les tenemos miedo y no le vamos a dar el gusto».
El cuerpo de delegados recalcó que el ministro Báscolo toma esta medida a pesar por iniciativa de la empresa y, afirmaron, «hizo la vista gorda al no aplicar sanción alguna a la (empresa) cooperativa (Sancor), infractora por la falta de pago de haberes y los aportes correspondientes».
En el comunicado, los trabajadores invitan «al público en general, a periodistas y al poder político decente y honrado» a pasar frente a las puertas de Sancor y «comprobar que no existe ningún bloqueo» que afecte la actividad de la cooperativa tal como habían denunciado los directivos de la firma.
Los trabajadores denunciaron que la presencia policial en la planta es parte de un plan de amedrentamiento. En ese sentido, recordaron que la semana pasada tres diputados nacionales del PRO, Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Gabriel Chumpitaz, se presentaron en la sede central de Sancor y, según los delegados, amenazaron a los trabajadores en conflicto calificándolos de “delincuentes” y afirmando que “no van a parar hasta verlos en la cárcel”.
La advertencia anterior
En una carta abierta a Pullaro, los delegados habían afirmado que el ministro Báscolo, incurrió en “un grave incumplimiento de sus deberes de funcionario público”, ya que indicaron que el funcionario admitió el atraso en los salarios.
Además, remarcaron que “las declaraciones públicas, parciales y contrarias a derecho del ministro de Trabajo provincial sólo contribuyen a incrementar el malestar que todo conflicto colectivo laboral conlleva”. Y apuntaron: “Nos encontramos ante un claro intento de sofocar nuestro justo reclamo laboral”.
Repudio de la CTA-A
Desde la CTA Autonóma repudiaron el hecho: “Nuestra Central rechaza la injerencia de las fuerzas de seguridad en los lugares de trabajo, más aún en este caso, en que se utiliza para defender los intereses de una patronal que está incumpliendo con el derecho laboral más básico: el pago en tiempo y forma de los salarios de los trabajadores”.
“Se equivoca el gobernador Pullaro al montarse en el estilo Bullrich, tratando de amedrentar y criminalizando los justos reclamos de los trabajadores. El protocolo no rige en nuestra provincia. Exigimos que se respete el derecho a la protesta y se paguen las deudas salariales a las y los trabajadores. Y que el gobernador se abstenga de utilizar las fuerzas de seguridad permitiendo su ingreso en los ámbitos de trabajo, ya que eso viola garantías constitucionales.”, afirmó Claudia Baigorria, secretaria General de la CTA Autónoma Santa Fe.
“Frente a este acto represivo que no se veía desde la última dictadura genocida, la CTA Autónoma Provincia de Santa Fe repudia el accionar de la patronal y el Gobierno provincial y expresa su solidaridad con los trabajadores y los delegados de Atilra de esa planta”, dijeron desde la central obrera.
