El gremio de la educación Ctera judicializó la pelea por el Fondo Nacional de Incentivo Docente, en plena negociación por fijar un nuevo piso salarial para las y los trabajadores de la enseñanza a nivel nacional. Con falta de acuerdo tras la última reunión esta semana, se avanzó con la estrategia de llevar la puja a la Justicia.
Con la firma de la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, y el patrocinio del abogado Marcelo Bustos Fierro, apoderado de la organización gremial, los representantes de las y los trabajadores docentes acudieron a la Justicia para que garantice la transferencia del Fonid a las provincias por parte del Ejecutivo. En el escrito citaron que se adeudan pagos de 2023 y 2024.
Como detalló el protal El Cronista, la demanda quedó radicada ante el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nro. 8 de Capital Federal. Argumenta que los recursos forman parte de los salarios que se abonan a los docentes y que «el Estado Nacional se ha negado a la fecha a abonar, no obstante, su obligación según la ley 25.053 y lo establecido en el marco de la Paritaria Nacional Docente -art. 10 Ley 26.075-.»
Detalla también que la negativa por parte de la Casa Rosada a girar esos recursos, que algunas provincias costearon de sus presupuestos en enero y febrero, no se condice con la inexistencia de esos fondos en el Presupuesto nacional ya que se prorrogó el vigente en 2023 a partir del DNU 88/2023 del gobierno de Javier Milei donde constan esas asignaciones.
«La acción judicial por la cual se requirió trámite por la vía sumarísima, es decir el procedimiento más breve, beneficiará a más de un millón de docentes de nuestro país, que ilegal y arbitrariamente han visto confiscados sus salarios por la retención indebida de los fondos ejecutada por el Poder Ejecutivo Nacional, sin ningún fundamento que lo habilite», afirman desde CTERA en un comunicado que difundieron hoy por la tarde.
Provincias y gremios volvieron a la mesa de negociación tendida por la Secretaría de Trabajo donde participaron de una nueva ronda esta semana para definir un nuevo piso salarial docente a nivel nacional, y el envío del resto de los fondos educativos. En la reunión de la semana pasada, el Consejo Federal de Educación había propuesto un piso de $ 310 mil al que los gremios se opusieron y decidieron pasar a un cuarto intermedio a la espera que esta semana se mejore la oferta.
Ayer, en la continuación de las negociaciones, a dos semanas del primer encuentro y luego del paro nacional realizado el 4 de marzo, la contraoferta elevó el salario mínimo nacional a $ 325 mil a percibir a partir de abril, muy por debajo de los $ 450 mil que piden los gremios sentados en la mesa. En paralelo, desde el Ejecutivo nacional ratificaron, por tercera vez, la decisión de eliminar el Fonid, que se abona a las provincias desde hace 26 años.
En consecuencia, los gremios docentes rechazaron una vez más la oferta y demandaron la presencia del Ministerio de Economía nacional en la próxima cita en Trabajo. «Dado que el Gobierno nacional no propuso ninguna nueva fecha para dar continuidad a la negociación, los gremios nos juntaremos en los próximos días para definir acciones a seguir», remarcaron ayer desde Sadop, el gremio que nuclea a las y los docentes de la educación privada.
