En el transcurso de la semana se dio a conocer en algunos medios hegemónicos la iniciativa del “Observatorio Argentinos por la Educación” consistente en un pedido a los precandidatos presidenciales para que presenten sus planes y propuestas educativas de cara a las elecciones 2019: esta fundación, que se presenta como un grupo de “expertos en educación”, irrumpe en la escena mediática solicitando las propuestas educativas a cada fuerza política, erigiéndose en una especie de juez y árbitro para el debate educativo en un contexto preeleccionario, describió Ctera en un comunicado, en el que denuncia el avance privatizador en las definiciones de la política educativa del macrismo.
«La primera acción fue la firma de un convenio con el Ministerio de Educación para llevar adelante un proyecto donde este Observatorio asume la función de analizar múltiples indicadores relacionados al sistema educativo. En dicho convenio, el Ministerio de Educación nacional se compromete, por su lado, al «suministro de información periódica y detallada sobre el sistema educativo»», describe el gremio de los docentes públicos nacionales.
Este convenio da muestra de la línea política actual que ubica a las ONGs, fundaciones y empresas privadas como los principales interlocutores para la definición de las políticas públicas en educación, relegando a los sindicatos, docentes y movimientos estudiantiles, considera el sindicato liderado por Sonia Alesso.
«Pero, además, significa un peligroso avance en la privatización de actividades que son propias del Estado y que anteriormente se desarrollaban desde el Ministerio a través de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (Diniece), dirección que fuera desmantelada en el marco de las políticas de ajuste llevadas a cabo durante estos años por el gobierno de Macri», añade el gremio de los maestros.
La fundación, que ahora también se presenta como “evaluadora” de las propuestas educativas de las fuerzas políticas que van a las elecciones 2019, está constituida por altos directivos de grandes empresas nacionales y extranjeras, como Despegar.com, Edenor, Banco Galicia, Bain & Company, Mercado Libre, Microsoft y otros 50 aportantes más. Y las investigaciones que realiza están a cargo de una “mesa de trabajo” constituida por ex funcionarios que se desempeñaron en las carteras educativas durante los gobiernos de Menem y De la Rua y por especialistas de universidades privadas, entre las que se encuentran la Universidad Di Tella, Universidad de San Andrés, Universidad Católica, Universidad Austral y ONGs como Educar 2050, Pansophia Project, Fundación Universidad Empresarial Siglo 21, entre otras.
La Ctera cuestiona esta iniciativa y propone que los debates sobre educación no queden limitados a los designios de “expertos” que muchas veces están alejados de las realidades socioeducativas y de las problemáticas cotidianas de las escuelas de todo el país.
Un debate educativo serio y responsable implica la participación de toda la ciudadanía, con un especial protagonismo de los principales sujetos pedagógicos como los docentes, los estudiantes, las familias, las comunidades y las organizaciones defensoras de la educación pública.
