Marcelo Colombres/Tiempo Argentino
El déficit fiscal se profundizará en los próximos meses como consecuencia directa de la menor recaudación por la caída de la actividad, las eximiciones impositivas a diversos sectores y los paliativos otorgados por el gobierno para atravesar la crisis económica desatada por el coronavirus. En ese contexto se instala la posible creación de un nuevo impuesto al patrimonio que está elaborando la bancada oficialista en Diputados para solventar la compra de insumos, equipamiento médico y demás gastos urgentes en el sistema sanitario.
Por ahora, el alcance del tributo es difuso, aunque correría por cuerda separada del ya existente impuesto a los bienes personales. La idea del oficialismo es que sea un aporte por única vez y que lo hagan “los que tienen muchísimo patrimonio o han ganado muchísima plata”, según graficó el diputado Carlos Heller, quien está a cargo de la redacción del proyecto. En ese grupo podrían caer grandes fortunas personales y corporaciones, bancos, laboratorios y cadenas de supermercados que se vieron beneficiadas ampliamente durante el macrismo.
Tampoco se sabe el monto a partir del cual se fijará el gravamen. “Estamos armando una base de datos con los patrimonios de las personas jurídicas y físicas, cuáles fueron sus ganancias, y ahí veré dónde hay que poner la raya para definir quién debería pagar y quién no. Va a ser una raya suficientemente alta para que afecte a muy pocas personas físicas y jurídicas, y que la mayoría de la gente no tenga nada que ver con esto”, afirmó Heller.
Entre las personas físicas afectadas, de seguro estarán los que entraron en el último ranking anual de la revista Forbes como “billionaires” o poseedores de fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares. Los cinco argentinos que allí figuran son Paolo Rocca, de Techint (U$S 3.300 millones); Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy (U$S 2.700 millones); Marcos Galperin, de Mercado Libre (U$S 2.400 millones); Alberto Roemmers, de la industria farmacéutica (U$S 2.300 millones); y Gregorio Pérez Companc, que dejó en manos de sus hijos el holding alimenticio Molinos Río de la Plata (U$S 1.700 millones). Por una u otra razón, todos ellos mantienen diferencias con el gobierno. El episodio más reciente fue el de Rocca, quien desafió el decreto oficial de prohibición de despidos y en plena pandemia echó de su empresa a 1.450 trabajadores.
Por supuesto que la eventual norma no estaría dirigida a cada uno de ellos en particular, lo cual sería inconstitucional. Lo que se busca es “una mayor progresividad en lo que es la política tributaria y de recaudación”, justificó la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, en declaraciones a Radio con Vos.
Arcas fiscales flacas
Lo cierto es que cualquier nuevo ingreso vendría bien para un fisco que está sintiendo de lleno el impacto de las últimas medidas. Durante marzo, mes en el que el confinamiento obligatorio rigió sólo en los últimos 12 días, la Afip recaudó $ 490 mil millones, un 36,2% más que en el mismo mes del año pasado pero unos $ 50 mil millones menos que si los ingresos hubieran crecido al mismo ritmo de la inflación. El IVA impositivo, considerado un parámetro válido de la actividad porque se aplica sobre las ventas de bienes y servicios, cayó un 20% en términos reales. En abril, se estima, la pérdida va a ser todavía superior.
Además de los gastos para mantener la demanda, como el Ingreso Familiar de Emergencia y los Repro para ayudar a que las empresas puedan pagar los salarios, muchos de los recursos con que podría contar el Estado ingresarán más tarde de lo previsto. Por ejemplo, las contribuciones patronales: la Afip permitió diferimientos de dos meses y reducciones de hasta el 95% a las empresas más afectadas por la cuarentena. El banco de inversión JP Morgan estimó que durante 2020 el déficit fiscal podría trepar al 5,2% del PBI.
