Investigadores e investigadoras de tres ciudades del país llevan adelante desde hace cuatro años un observatorio de políticas públicas vinculadas a la economía popular, social, y solidaria. A través de un sitio web, sistematizan y difunden las medidas para el sector impulsadas por los tres niveles de Estado. Cuando en marzo hicieron el relevamiento anual, notaron que muchas estaban orientadas a atender la emergencia de la pandemia y pensaron que debían sumarlas. Desde Rosario presentaron la iniciativa a la segunda convocatoria nacional para fortalecer las capacidades locales y provinciales, y apoyar a trabajadores y trabajadoras de la economía popular, social y solidaria en el contexto de emergencia. El proyecto resultó uno de los cinco elegidos de Rosario, entre 13 santafesinos, y 137 seleccionados de todo el país. Para quienes integran el observatorio será una oportunidad de “impulsar la difusión de información sobre qué herramientas tiene el sector para sostener sus ingresos, potenciar sus proyectos y mantener las condiciones de vida”.
“Es un reconcomiendo a lo que venimos haciendo. Nos abre posibilidades para continuarlo pero de una manera más sistemática. También para profundizar el conocimiento, la evaluación y el análisis de cómo se están implementando estas políticas, que áreas o sectores laborales aun necesitan otras herramientas de apoyo y promoción, y qué impacto están teniendo las medidas del gobierno nacional”, explicó a El Ciudadano, María Victoria Deux Marzi, directora del observatorio.
Protagonismo
El observatorio de políticas públicas de la economía popular, social, y solidaria surgió en 2016 ante la falta de información pública del gobierno nacional de Cambiemos. “Los organismos y programas disponibles para la economía popular, social y solidaria no estaban publicados con claridad, la información era confusa y, muchas veces, desactualizada. Decidimos que teníamos que convertir en sistemático algo que veníamos haciendo en periodos aislados: relevar las políticas públicas de economía social y publicarlas”, contó Deux Marzi.
El equipo, que trabaja de forma coordinada entre la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), y Universidad Nacional del Litoral (UNL), pidió financiamiento a la Secretaría de Políticas Universitarias y en 2017 comenzó a funcionar.
Después de hacer un relevamiento sistemático crearon un sitio web www.oppeps.org para difundir las políticas nacionales de todas las provincias del país y de algunos municipios como el conurbano, Rosario y Santa Fe.
El sitio tiene dos actualizaciones anuales que se hacen en marzo y en septiembre. Cuando este año iniciaron el primer relevamiento decidieron incluir las medidas implementadas por la emergencia.
“Decidimos desdoblar el trabajo: por un lado, relevar las políticas nacionales que parecieran ser estructurales o estables para este ciclo de gobierno y, por otra parte, las que se implementan exclusivamente en el marco de la emergencia. Nos dábamos cuenta que adquirían mucho protagonismo y, al mismo tiempo, daban respuesta a necesidades que tenían que ver exclusivamente con este contexto y que son muy acuciantes en el sector”, señaló Deux Marzi.
El grupo de Rosario presentó el proyecto a la segunda convocatoria del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología y fue uno de los cinco locales seleccionados que recibirá financiamiento. Para los investigadores e investigadoras no sólo permitirá visibilizar el observatorio y el sitio web como un espacio para buscar información, sino que aportará a promover a la economía popular, social y solidaria.
“La convocatoria fue una oportunidad para darle más impulso a algo que empezamos a hacer porque sentíamos que el contexto y los trabajadores nos lo pedían, es decir, difundir información sobre qué herramientas están teniendo para continuar con su tarea y sostener sus ingresos, potenciar sus proyectos o, al menos, mantener las condiciones de vida”, agregó Deux Marzi.
Las medidas
Deux Marzi explicó que desde fines de marzo, cuando se aprobó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el gobierno nacional implementó una serie de medidas para el sector que abarcan un conjunto variado de necesidades y actores de la economía popular, social y solidaria. Según señaló, algunas tienden a proteger la producción, las condiciones de trabajo y la sostenibilidad del empleo; otras modifican las condiciones de gestión de las políticas públicas y permiten, por ejemplo, hacer trámites virtuales de constitución de cooperativas, o crear cajas de ahorro para depositar el sueldo de empleados y empleadas; por último, hay un conjunto de políticas que buscan sostener las condiciones de vida de los sectores más vulnerables como, por ejemplo, el IFE o los bonos extraordinarios a los perceptores de planes sociales. La particularidad que observaron es que la implementación de las medidas para la economía popular, social y solidaria fue más lenta que las pensadas para las empresas capitalistas.
“En conjunto las medidas buscan proteger fuentes de trabajo como la sostenibilidad de las organizaciones de la economía popular, social y solidaria. Sin embargo, la velocidad con la que se implementaron fue mucho más lenta que las medidas para las empresas capitalistas o convencionales con trabajadores en relación de dependencia. El trabajo asalariado tuvo una respuesta del Estado más rápida y contundente en términos económicos y monetarios que el sector de la economía popular, social y solidaria”, explicó Deux Marzi.
Y advirtió que las cooperativas de trabajo fueron unas de las más perjudicadas: “Recibieron una ayuda económica inferior y, al mismo tiempo, no tenían herramientas para sostener el ingreso de sus trabajadores, más que por el Programa Trabajo Autogestionado que, inicialmente, sólo otorgaba un subsidio de 6.500 pesos por dos meses. Ahora se modificó para igualar el estipendio que se asigna a asalariados en relación de dependencia, pero las políticas para la economía popular, social y solidaria siguen por detrás a las que se implementan para empresas capitalistas convencionales, con algunas desventajas o desigualdades en términos económicos para sus trabajadores o sus organizaciones”.
