Juan Pablo Sarkissian
Cuando el pasado 25 de octubre se discutió, en la Cámara de Diputados, el Presupuesto 2023, el cual fue aprobado en general, las expectativas estaban puestas en la iniciativa para que los jueces, fiscales y trabajadores judiciales empiecen a pagar el impuesto a las ganancias, acordada en comisiones, que hasta ahora sólo alcanza a quienes ingresaron al Poder Judicial desde 2017. Finalmente, la mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados, junto a algunos diputados oficialistas de extracción sindical, rechazaron este artículo impulsado por el oficialismo.
En efecto, en la votación en particular de este punto, el artículo 100 de la ley de Presupuesto 2023, votaron en contra 134 legisladores y legisladoras. La positiva reunió 116 adhesiones y hubo 6 ausencias.
Hasta allí, nada que sorprenda demasiado. Sin embargo, existió un hecho que llamó la atención: en el Frente de Todos hubo cinco votos negativos, todos legisladores de extracción sindical, entre ellos Sergio Palazzo (FdT, Buenos Aires), secretario General de La Bancaria; y Vanesa Siley (FdT, Buenos Aires), secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina.
Además, votaron en contra Claudia Ormachea (FdT, Buenos Aires), secretaria de Género de la Asociación Bancaria; María Rosa Martínez (FdT, Buenos Aires), representante de trabajadores gráficos; y Claudio Anibal Cisneros (FdT, Tucumán), secretario de Administración de La Bancaria.
En tanto, Hugo Yasky y Pablo Carro votaron a favor. Y esta es otra situación curiosa. Nadie desconoce la sintonía entre Palazzo y el tándem Yasky-Carro; el primero Secretario General de la CTA de los Trabajadores y el segundo Secretario General de la CTA de los Trabajadores de Córdoba. ¿Qué paso entonces?
Una historia previa
El debate del presupuesto 2023 en Diputados, tiene una historia previa. Nace de la mesa sindical cuyo lema se cifró en la frase “El salario no es ganancia”.
“Las organizaciones sindicales representantes de los trabajadores/a que desempeñamos tareas en energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, transporte ferroviario, aeronáutico, actividad bancaria, televisiva, minera, automotriz, periodística, judicial, aceitera, subacuática, de autopistas e infraestructura, de subterráneos, petroquímica y gráfica nos constituimos en una mesa de defensa de los trabajadores/as que pagamos el injusto impuesto al trabajo y por reimplantar el principio de igualdad ante la ley”.
El encuentro, del cual se reproduce parte de su presentación, se realizó en el Salón Auditorio de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee) tan solo una semana antes del debate parlamentario sobre el presupuesto 2023, y sus accesorios sobre extender el impuesto a las ganancias a todo el personal judicial.
“Nos reunimos para establecer una estrategia común que responda a la desmesura en que se transformó el mal llamado impuesto a las ganancias. El denominador común es enfrentar el despropósito de los descuentos realizados a quienes trabajamos en sectores estratégicos para el funcionamiento de la economía y expresar la disposición a actuar en común para enfrentar este descuento desproporcionado que ocurre mes a mes”.
No se puede aplicar un impuesto por cobrar un sueldo
El orden cronológico ordena de algún modo el recorrido de un conjunto de situaciones que hacen más entendibles ciertas decisiones.
En efecto, tras su conformación la mesa sindical “El salario no es ganancia”, se convoca a una conferencia de prensa el mismo día del debate en diputados, donde expusieron en un documento los fundamentos.
“Es inaudito pero real: hoy, porcentualmente, los trabajadores/as pagamos más impuesto a las ganancias que nuestros empleadores. Las empresas pueden descontar todos los gastos ocasionados en su actividad, pero los trabajadores/as no, solo tenemos deducciones parciales y acotadas. Además, a los trabajadores/as se nos impone la carga de ser expertos contables para develar si el descuento que sufrimos es correcto o no y desentrañar una metodología impositiva inentendible. Las últimas modificaciones realizadas tienen un efecto de corto plazo e impactos heterogéneos. No lograron el objetivo de modificar el mínimo no imponible. Solo se crearon nuevos topes que se neutralizan con la lucha organizada para defender nuestros salarios y nos remiten nuevamente a la intocable tablita que corroe nuestros ingresos.
Esta sustracción confiscatoria a nuestros salarios implica un desincentivo profundo para tomar tareas de mayor responsabilidad o realizar horas extras, significa un castigo para quienes acumulamos antigüedad, trabajamos en zonas inhóspitas o desfavorables, hacemos turnos rotativos o guardias, nos capacitamos en forma continua, ocupamos cargos de supervisión o conducción, cobramos comisiones, logramos bonificaciones o gratificaciones por medio de la lucha y deteriora el marco de aplicación de normas de seguridad operativa y control técnico de actividades sensibles.
Ya no se puede ocultar la diferencia notable entre el sueldo bruto y el sueldo de bolsillo producido por este impuesto distorsivo. Es inevitable saldar esta deuda pendiente con una cantidad importante de trabajadores/as que se encuentran alcanzados por este injusto gravamen.
Somos trabajadores/as que cobramos un sueldo por nuestras habilidades, saberes y responsabilidades concretas. No obtenemos ganancias, las generamos. Nuestro salario lo volcamos al mercado interno. No somos especuladores ni fugadores. No se puede aplicar un impuesto por cobrar un sueldo y no se puede naturalizar que nuestro sustento sea considerado una ganancia”.
Un proyecto que propone elevar el mínimo no imponible
En ese contexto se entiende mejor los votos negativos de los diputados del Frente de Todos de extracción sindical. Y también los votos de Yasky y Carro. Pero sobre todo, aun ante la diferencia binaria de los votos de los legisladores de origen gremial, se ve la articulación de un trabajo conjunto en una problemática que sacude a todo los trabajadorxs registrados.
Se sabe y se entiende que ciertas urgencias del orden político bien pueden modificar prenociones que, a priori, eran obvias. Existe el sobreentendido que el tema “ganancias”, con la incorporación de jueces y fiscales, estaba resuelto. Que sólo la derecha, y la izquierda también, iban a votar en contra. Pues no pasó.
Lo que si paso es que 48 horas después de la sesión de la Cámara de Diputados, Palazzo presento un proyecto que propone llevar el mínimo no imponible a 641 mil pesos, es decir el doble de lo que el gobierno nacional estableció en la última semana.
En efecto, el texto que ya fue presentado en la Cámara Baja, prevé que el mínimo no imponible sea equivalente a 10 salarios mínimos o a cinco canastas básicas. “Siempre lo hemos dicho, el salario no es ganancia”, definió el referente de La Bancaria.
La iniciativa, firmada por Palazzo, Carlos Cisneros, Claudia Ormaechea, Vanesa Silley, Hugo Yasky, María Rosa Martínez, Carlos Ybrhain Ponce y Pablo Carro, propone que la excepción para el pago de ese impuesto rija para las personas que cobran remuneraciones brutas iguales o superiores a los 641.070 pesos, en lugar de los 330 mil que había anunciado el ministro de Economía, Sergio Massa.
El texto presentado por Mesa de Entrada del Congreso también prevé cambiar las escalas y eximir de pagar ganancias a jubilaciones y pensiones, del mismo modo a quienes perciban bonos o sumas extraordinarias que eleven el salario de manera temporal por encima de la cifra establecida como piso.
