Por Dante Leguizamon / Colsecor Noticias
Esta historia debe contarse en bloques. Usted, lector deberá ir armando los retazos como si fuera un juego de ladrillitos como llamábamos a los “rasti”, que se pusieron de moda en los años 70, justamente cuando ocurrió este hecho. El orden de los acontecimientos no es antojadizo, pretende que juntos entendamos lo que pasó.
Viajemos rumbo al año 1974. Enero. Argentina es gobernada por Juan Domingo Perón con José López Rega como lugarteniente. En Córdoba gobierna Ricardo Obregón Cano –también peronista- pero alineado con lo que se conoce como “la tendencia revolucionaria”. Lo secunda uno de los referentes gremiales más importantes de Córdoba –líder del Cordobazo- Atilio López.
Nos ubiquemos en un parador de la ruta 9, en la localidad de Pilar. Es el 23 de enero. Allí cinco hombres a bordo de un Ford Falcon rojo detienen el vehículo y se disponen a almorzar. Son vecinos que militan en el mundo de las cooperativas. Se trata de Víctor Cantoia, gerente de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong Limitada (provincia de Santa Fe), Aldo Viotto, Ernesto Pascucci y Roberto Blanch, que trabajan para la misma entidad. Junto a ellos está Odorico Montorfano, directivo de la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (Faca), de Rosario. En realidad les quedaba bastante tiempo de viaje porque su objetivo era llegar a Colonia Caroya donde piensan “espiar” cómo funciona un supermercado cooperativo cuyo modelo pretenden replicar en Armstrong. Han salido con unas dos horas de retraso y el hambre los agarra en pleno viaje.
El almuerzo transcurre con normalidad entre chistes y gastadas a Cantoia que manejaba lento y era muy meticuloso a la hora de manejar en ruta.
Lo que no saben los cooperativistas es que ese mismo día, en el mismo parador pero unos minutos antes han estado otras cinco personas. Policías federales que llegaron al lugar también en un Ford Falcon, también color rojo, también a almorzar. Se trataba del oficial inspector Juan Carlos Naranjo, el oficial principal Néstor Velázquez, el sargento Eduardo Domingo Moreno, el cabo Rómulo Cirilo Cabral y el cabo primero Ramón Salguero.
Antes de ingresar al local, los “federicos” como se llama en la jerga policial cordobesa a los efectivos federales, guardaron en el baúl del auto sus armas (todas de grueso calibre) para evitar tener inconvenientes. Regresaban a Córdoba tras participar de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal en el marco de la investigación por la toma –ocurrida cuatro días antes- del Regimiento 10 de Caballería Blindada, en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires. Esa toma había sido comandada la organización guevarista ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). Al parecer cooperativistas y federicos no llegan a cruzarse en el bar. Ya veremos por qué.
Un poco de contexto
La relación entre las diferentes fuerzas policiales nunca es del todo buena. En aquellos tiempos de tensiones políticas los que hoy podrían considerarse problemas menores, eran realmente cuestiones graves que llegaban a generar hasta enfrentamientos armados. A eso hay que sumar que en aquel enero de 1974 la relación entre el gobierno central de Juan Domingo Perón y el provincial, de Obregón Cano, era realmente explosiva porque el gobernador cordobés se negaba a aplicar algunas de las políticas que pretendía nacionalizar Perón.
Un antecedente ocurrido en la ciudad de Córdoba unos años antes quizá sirva para contextualizar de qué hablamos a la hora de referirnos a la tensión entre las fuerzas policiales. El viernes 22 de octubre de 1971, sesenta policías federales procedentes de Buenos Aires que estaban acantonados en el Parque Sarmiento enviados por la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, habían protagonizado un increíble enfrentamiento con las fuerzas policiales en vísperas de un paro convocado justamente por la CGT que conducía Atilio López. Mientras esperaban para entrar en acción contra la protesta cinco de esos policías federales asaltaron a un taxista y terminaron detenidos en la comisaría cuarta de Córdoba. Al enterarse de eso, el entonces jefe de la Federal, comisario mayor Alberto Villar, no tuvo mejor idea que tomar por asalto la comisaría y liberar a la fuerza a los cinco asaltantes con uniforme.
En ese ataque increíble 11 policías de diferentes bandos resultaron heridos. Seis de ellos debieron ser internados. Hablamos de tiempos de organizaciones armadas y tensiones políticas y sociales. Es decir, tiempos en que la violencia estaba a flor de piel. Ese clima hizo que un vecino de Pilar que vio a los policías federales esconder sus armas en el baúl, llamara a la comisaría local y denunciara aquel 23 de enero que había visto a cinco hombres escondiendo armas en el baúl de un Ford Falcon rojo.
Ante el alerta, los oficiales de la comisaría local se dirigieron al parador e interrogaron a los sospechosos. Cuando les pidieron la identificación los “federicos” se identificaron, pero el oficial cordobés a cargo no quedó conforme y les pidió en buenos términos que lo acompañaran a la comisaría.
Para evitar problemas los federales se mostraron colaboradores y fueron con él. Es de presumir que en ese momento los cooperativistas se detenían a comer algo. En la comisaría los federales estuvieron cerca de una hora hasta que lo que parecía que iba a ser un largo trámite, se resolvió rápidamente y cerca de las 2 de la tarde volvieron a la ruta. Si esto fuera una película, este sería el momento del intervalo. Vamos a ir a la acción. Prepárese.
La política
Antes de seguir es necesario profundizar en el contexto político del momento que estamos relatando. Cuando hablamos de enero de 1974 tenemos que saber que apenas un mes después del hecho que nos ocupa, más precisamente el 28 de febrero de ese mismo año, Córdoba iba a ser testigo de un hecho muy complejo de la historia argentina. La Policía de la Provincia, a cargo de un comisario llamado Domingo Navarro, protagonizó el 28 de febrero un golpe de estado policial que terminó con el gobernador y el vice destituidos. Ese golpe pasará a la historia como “El Navarrazo” y abrirá la etapa más oscura de represión de la policía provincial. De ese golpe es de donde surge la famosa frase de Juan Domingo Perón que algunos niegan que haya pronunciado, pero que pese a todo se hizo famosa en todo el país: “Que los cordobeses se cocinen en su propia salsa”.
Tras el golpe policial y pese al pedido del gobernador destituido, el presidente en lugar de enviar las fuerzas federales para restablecer a Obregón Cano en su cargo, lo que hizo fue intervenir la provincia nombrando como administrador a Duilio Brunello.
Pero volvamos a lo que aconteció un mes antes del golpe de estado.
Los hechos
Aquel 23 de enero, después de almorzar, los cooperativistas suben al Ford y emprenden nuevamente su viaje. Al tomar la ruta notan que un patrullero los cruza en sentido contrario y da la vuelta para comenzar a perseguirlos. Al volante, el prudente Cantoia, observa la situación pero poco puede hacer porque segundos después llegan al kilómetro 674 donde, cuerpo a tierra, los esperan agazapados unos 20 efectivos del Comando Radioeléctrico de Córdoba y comienzan a dispararles con sus ametralladoras. El coche se desvía, golpea contra un poste telefónico y detiene su marcha.
Los policías cordobeses entonces se acercan y, pese a las súplicas de al menos dos sobrevivientes, los liquidan a quemarropa. La situación es presenciada por un camionero que más tarde testificará esa seguidilla al juez de instrucción del caso.
Testimonios en un documental
En el documental llamado “Km. 674. Voltear a Obregón”, dirigido por Jorge Fenoglio y basado en una investigación de Claudia Grzincich, uno de los policías federales (Rómulo Cabral) cuenta en primera persona que ellos casi fueron testigos porque pasaron por el lugar pocos minutos después del hecho:
Llegamos a los pocos minutos y estaba todo cocinado. Miramos a un costado y vimos un Falcon como el nuestro todo acribillado a balazos. Cuando nos arrimamos notamos que ya no había cuerpos en el lugar.
Cabral asegura que vieron arriba del capó del Falcon rojo de los cooperativistas a los policías labrando un acta y que también les llamó la atención que se estaban prontuariando unas armas viejas que parecía que “ni siquiera estaban en condiciones de funcionar”.
Esta gente tuvo la desgracia de haber pasado 30 minutos antes que nosotros en esa ruta –dice Cabral.
Mientras observaban toda la escena del hecho uno de los compañeros de Cabral escuchó que dos policías de Córdoba se acercaban al Falcon de los federales y comentaban en voz baja:
Nos equivocamos. Este es el auto que esperábamos nosotros, no el de esos tipos.
Comenzando a entender la situación los federales subieron a su auto y partieron rumbo a Córdoba, al llegar a la sede de la policía federal de la provincia se encontraron con que los compañeros, emocionados, les decían: “Cómo puede ser, pensábamos que estaban muertos” y de hecho uno de sus jefes, Ricardo Miller, tenía en sus manos los legajos de todos y estaba a punto de llamar a sus familias para avisarles que habían muerto. La Policía de Córdoba había querido matar a los federales y había liquidado a los cooperativistas.
Mientras tanto una llamada ingresaba al juzgado de instrucción de feria y alertaba al juez de turno sobre lo ocurrido. La versión que llegó al funcionario era muy diferente de la real. Según ese informe preliminar, personal del Comando Radioeléctrico de la Policías de Córdoba se había tiroteado con un grupo de subversivos que habían resultado muertos tras el enfrentamiento. La versión indicaba que el Comando Radioeléctrico había montado un retén en la ruta y que el enfrentamiento se produjo cuando “los subversivos” intentaron traspasarlo a los tiros.
El juez era Carlos Hairabedian y no dudó en viajar personalmente al lugar para ver con sus propios ojos la escena del hecho. Su decisión sería clave para que hoy sepamos la verdad de lo que pasó. En el documental citado anteriormente se muestran imágenes impresionantes del operativo judicial donde se ve a un Hairabedian que claramente empieza a dudar de lo ocurrido mientras se agarra la cabeza. En su rostro alcanza a percibirse las primeras dudas de quien hoy es reconocido como el mejor abogado penalista de la provincia. Si había sido un control identificado en el marco de un operativo legal. ¿Por qué los disparos del Comando Radioeléctrico se realizaron desde el monte con los efectivos escondidos y parapetados entre los yuyos?
Apenas comenzó la investigación comenzaron a verse los huecos del engaño. Los Policías cordobeses, cuando se dieron cuenta de que habían matado inocentes, comenzaron a quemar los documentos de los cooperativistas y a manipular toda la prueba.
La Justicia
La investigación de Hairabedian sin embargo fue meticulosa y le permitiría al juez identificar a 15 de los policías que participaron del operativo y llevarlos a juicio. Lamentablemente su esfuerzo no alcanzó para sortear las complicidades con la impunidad del poder judicial cordobés. En el juicio Hairabedian no participó y la acusación quedó en manos del fiscal Oscar Primitivo Videla ante un tribunal integrado por José M. Álvarez (sería ascendido en tiempos de dictadura) secundado por los vocales Jorge Vivas y Alejandro Moyano.
Durante las audiencias dos testigos claves –el camionero que había visto el evento y el forense que analizó los cuerpos- modificaron (por miedo) su testimonio.
La argumentación del fiscal para proteger a los asesinos es un homenaje a la impunidad y desidia. En los archivos de tribunales hay registros que indican que, pese a tanta prueba cumulada, el Primitivo Videla llegó a “la conclusión” de que había que aplicar la figura más benigna posible calificando al homicidio como un “exceso en el cumplimiento del deber”. En su alegato Videla dijo que los policías acusados actuaron por un “error” que los llevó a confundir la verdadera identidad de las víctimas. Así y todo él consideraba que habían actuado “con legítima autoridad”.
La Voz del Interior de la época rescata un textual de ese funcionario judicial que pasó al olvido de la historia judicial de la provincia, pero podría ocupar un lugar en la historia universal de la infamia: “La actividad agresiva de las víctimas –dice el fiscal- de lanzar su auto a alta velocidad contra los policías actuantes, no acatando las intimaciones que se les formularon” agravaron la situación”.
Es decir que justificaba la matanza porque el conductor, después de recibir un balazo mortal, había perdido el control del automóvil.
Finalmente Primitivo Videla solicitó un año y 5 meses de prisión para 12 de los 13 imputados y la absolución del otro. También pidió la absolución del comisario Néstor Cornejo por la destrucción de la documentación de las víctimas.
El tribunal resultó ser tan infame como el fiscal y dispuso la absolución solicitada más una condena de tan sólo un año– ¡un año por un quíntuple homicidio!- para los 12 policías restantes por “ser autores de homicidio en legítimo cumplimento de su cargo y con exceso en los límites de la necesidad”.
Los condenados por el crimen de los cooperativistas fueron inhabilitados por cinco años para estar en combate, pero nunca dejaron de ser policías y hoy cobran su jubilación. Como si todo esto fuera poco el tribunal ordenó la inmediata libertad de todos.
Distinta fue la suerte de los que buscaron justicia. La investigación de Hairabedian le costó al juez que le pusieran una bomba en la casa y que, tras el golpe de estado de 1976, lo expulsaran de la justicia. Además la dictadura lo envió preso al penal de San Martín por varios años a disposición del Poder Ejecutivo. El camionero que fue testigo clave de la causa cambió su testimonio y luego confesó que lo habían amenazado de muerte en varias ocasiones. El forense que analizó los cuerpos y declaró al menos dos de los cooperativistas habían sido liquidados a quemarropa, tuvo que exilarse en otro país tras el juicio.
En el excelente documental “Km. 674. Voltear a Obregón” los familiares reclaman que aquella sentencia sea anulada y se realice otro juicio considerando que, en realidad, al tratarse de un homicidio a manos de fuerzas dependientes del Estado, el crimen debe ser considerado de Lesa Humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.
