Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe tenemos la obligación y la responsabilidad de trabajar en pos del interés superior de las y los niños, porque para eso fue creado este organismo público de derechos humanos de la niñez y la adolescencia.
La defensa de sus derechos se da en un marco institucional, constituido como Sistema Provincial de Infancias, donde interactuamos con otras instituciones que también conforman el sistema. En ese entramado, cada caso, cada situación, debe necesariamente desplegar una estrategia particular, específica, anclada en el contexto, en la historia de vida, en las redes de posible contención, para esa niña, ese niño o adolescente. Esto es, entendemos, poner al niño, a la niña, al joven, en el centro de las intervenciones del Estado. Porque debemos llegar a las y los niños, porque debemos construir abordajes integrales en la complejidad, porque debemos dar respuestas a tiempo.
Ahora bien, puesto en acción el principio del interés superior significa, implica, interpela, de diversas maneras a cada persona, a cada organismo, a cada autoridad. Porque las representaciones sociales, los juicios, los valores, los imaginarios, entran a desplegarse y a buscar definir este significante. Y sabemos que en el campo cultural de la niñez y la adolescencia no hay miradas unívocas ni verdades absolutas, pero sí marcos conceptuales y legales que trazan caminos y márgenes de consenso sobre los horizontes de justicia para las intervenciones del Estado en situaciones de gran complejidad.
Muchas veces desde miradas adultocéntricas hablamos, escribimos, definimos acciones que expresan tener la intención de reclamar por un niño o niña con derechos vulnerados, o ser su voz y asumir su representación. Pero nosotras y nosotros sostenemos que las niñas, niños y adolescentes tienen voz propia, y tienen derecho a que se oiga en las decisiones que las y los involucran. Escuchar sus voces implica humildad, correrse de la escena, revisar el ego adulto y las idealizaciones de familia, maternidad, crianza, niñez, que quizás tengan que ver con nosotros, pero muy poco o nada con las y los niños para los cuales debemos trabajar. En este terreno toda la comunidad de adultos es responsable; los profesionales que tenemos contacto cada día con circunstancias de estas características, los trabajadores y autoridades del Estado, los medios de comunicación. Cada quien desde su lugar está llamado desde el enfoque de derechos humanos y el nuevo paradigma de la niñez de protección integral a no revictimizar, a visibilizar los temas y no los casos, a no manipular las vulnerabilidades, si deseamos ser parte activa de una transformación social que ponga siempre por delante el bienestar y la integridad de las niñas, niños y adolescentes.
El embarazo adolescente es uno de los temas que abordamos y priorizamos, por el cual comprometemos a la Defensoría y a su trabajo en red dentro y fuera de la provincia. Así como también el abuso sexual infantil, muchas veces relacionados entre sí. De manera que la complejidad del tema no sólo refiere a los derechos de la madre adolescente, a ser acompañada en su salud y en la del bebé, a que pueda continuar su escolaridad, a que pueda recibir de manera directa la Asignación Universal por Hijo y los subsidios correspondientes, sino también el acceso a la justicia. Es importante trabajar en la prevención, pero cuando sus derechos ya fueron vulnerados resulta imprescindible escuchar a la niña, su familia y sus vínculos afectivos; brindar acciones posibles que desde el Estado reparen y abran oportunidades de vida para esa niña y ese bebé, y también, como lo establece la ley, que podamos garantizar el derecho de las niñas al aborto no punible si así lo desean.
Para los bebés, las niñas, niños y adolescentes que por diversos motivos excepcionales no pueden continuar junto a sus padres biológicos ni su familia ampliada, existe un sistema estatal de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales enmarcado en la ley provincial de Promoción y Protección Integral 12.967.
Niñez, adolescencia, maternidad, paternidad, familia, son construcciones sociales y –como tales– están atravesadas por condiciones de clase. Pero de ningún modo algunas deben dominar sobre otras, ni las realidades socioeconómicas deben asimilarse a más o menos responsabilidad para el cuidado de las y los niños. Para y por ello, hace 27 años que venimos transitando la Convención Internacional de los Derechos del Niño y asumiendo los desafíos de pasar de la proclama a la efectiva garantía.
