Carlos Álvarez
Especial para El Ciudadano (*)
El miércoles 10 de febrero de 1909 Rosario vivió un acontecimiento fuera de lo habitual. Desde el domingo previo la ciudad había quedado paralizada producto del inicio de una huelga de contribuyentes y comerciantes que había tenido lugar por el aumento escandaloso de los impuestos municipales. Dicha huelga contó con el apoyo y la progresiva adhesión de todo el arco industrial, incluida la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), así como del movimiento obrero representado por la Federación Obrera Local Rosarina (FOLR). En menos de una semana la ciudad pasó de una huelga del comercio a la renuncia en masa del Concejo Deliberante, el intendente y el jefe político, dejando a la ciudad en una situación de acefalía que preanunciaba un cambio de época.
Dichos impuestos eran el efecto directo de un aumento en la partida presupuestaria municipal, la cual había pasado de $3.188.900 m/n (moneda nacional) en 1908 a $4.016.749 m/n para 1909, con un aumento de aproximadamente un millón de pesos interanual, o dicho de forma proporcional, un incremento aproximado del 30%.
Caras y Caretas, Buenos Aires, 13/02/1909
Semejante salto en el Presupuesto del municipio encontraba explicación en los onerosos contratos de pavimentación (adoquinado y macadam) de las calles de la ciudad llevados a cabo en la gestión del entonces intendente, Nicasio Vila, así como el pago de obligaciones de deuda del municipio, contratos efectuados y aumentos de salarios. Según explicaba el propio intendente en su Memoria, el crecimiento del Presupuesto sólo representaba un aumento proporcional al de la población de la ciudad, es decir una actualización, por cuanto si el Presupuesto era dividido en proporción a los habitantes (175.072 según el Censo de 1910), el aumento per cápita en impuestos suponía un incremento desde $15 m/n en 1908 a $16,05 m/n en el año siguiente.
Caras y Caretas, ídem
Visto en estos términos, efectivamente una huelga de tamaño alcance carecía de justificaciones. No obstante, aquella aritmética presentada por el intendente no representaba fielmente la realidad, puesto que no todos los vecinos de la ciudad pagaban impuestos, así como no todos abonaban las mismas cantidades de éstos, siendo los comerciantes quienes mayoritariamente debían sufrir la carga impositiva. Desde la crisis política y económica de 1890 el régimen tributario y fiscal del país había cambiado, ya no sólo se extraían recursos de los impuestos a la importación y exportación: desde entonces tomaba mayor preponderancia el cobro de impuestos tanto directos como indirectos sobre el consumo y el intercambio, situación que fue resistida y condenada por muchos sectores de la sociedad.
El diario rosarino El Municipio, de tendencia radical alemnista y dirigido por su dueño, Deolindo Muñoz, se mostró sorprendido por el tenor de los sucesos de aquellos días, afirmando que era comprensible una huelga de trabajadores, puesto que la realidad misma de su condición hacía válidos sus reclamos, pero de ninguna manera lo era una huelga de patrones y comerciantes, puesto que además de su mejor realidad económica contaban con la facilidad de trasladar el costo de los impuestos directamente al consumidor final, siendo siempre el agraviado el trabajador.
Caras y Caretas, ídem
Por su parte, el movimiento obrero rosarino, mayoritariamente anarquista, se plegó en bloque a la huelga bajo la condición de que la misma no presentara ningún tipo de matiz político partidario. Sin embargo, esta huelga fue eminentemente política, puesto que en ella entraron en juego diversos actores como la BCR, la asociación patronal Economía Social, la recientemente creada Liga del Sur, liderada por Lisandro de la Torre, así como por la FOLR. Esta conjunción de actores aparentemente en los antípodas de cualquier posible acuerdo cobró sentido en un contexto donde el descontento con las autoridades ya tenía muchos adeptos.
Caras y Caretas, ídem
Para los trabajadores era evidente que aquellos aumentos suponían un agravio directo para sus flacos bolsillos. Para la BCR y el resto del arco empresarial parecía un atropello que indicaba una falta de alineamiento de intereses entre las “fuerzas vivas” de la ciudad y sus autoridades. Por su parte, intervino un nuevo actor, la Liga del Sur, que defendía como bandera una ampliación de las libertades ciudadanas sobre el manejo del municipio, el cual funcionaba como ente administrativo, así como el traslado de la capital provincial hacia Rosario. De esta forma se conjugaron malestares de larga data, que encontraron en aquella huelga un caldo de cultivo ideal en el cual aunar fuerzas.
El intendente trató, con indisimulado desinterés, solucionar aquello a partir de una ya ensayada maniobra, por medio de la cual prometía al Comité de Huelga que dejaría sin efecto temporal aquel Presupuesto hasta que el Concejo Deliberante volviera a funcionar en marzo, puesto que, según la Ley Orgánica Municipal, era potestad de aquel cuerpo legislativo la modificación o derogación de una ordenanza, no suya. La situación, lejos de relajarse, conllevó a que la huelga se profundizara con situaciones de violencia callejera que conllevaron el cese del servicio de tranvías ante las amenazas obreras de destruir los cables y quemar los coches si seguían trabajando, así como situaciones de saqueos al Mercado Central (hoy plaza Montenegro) en busca de alimentos. Hubo choques con la Policía con heridos y muertos, según informó La Protesta.
Finalmente, ante la imposibilidad de solucionar el conflicto, el miércoles 10 de febrero, tras 4 días de huelga, el intendente Vila y la totalidad del Concejo Deliberante presentaron su indeclinable renuncia. Un día más tarde haría lo propio el jefe político de la ciudad, Arturo Zinny, dejando a Rosario virtualmente en un estado de acefalía. Siendo el cargo de intendente designado por el gobernador y no electivo, éste confirmó en el cargo de forma provisoria a Santiago Pinasco, el inmediato antecesor de Vila en el cargo y por entonces diputado nacional por Santa Fe.
Los meses que mediaron entre aquellos sucesos y fines de junio fueron de transición y reconfiguración del aparato electoral local, conformándose alianzas a los fines de designar al nuevo Concejo Deliberante, en el cual lograría ingresar y dominar la Liga del Sur, rompiendo así por primera vez los resortes del régimen oligárquico provincial de control sobre la política local e inaugurando una nueva etapa en la política rosarina.
(*) Historiador
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