Desde que comenzaron las clases ese año ya hubo cuatro amenazas de bomba en diferentes colegios de la ciudad. La delegada de la Región VI del Ministerio de Educación provincial, Daiana Gallo Ambrosis, se reunió el lunes pasado con los supervisores de las escuelas medias para acordar acciones que permitan “prevenir” el crecimiento de estas llamadas, “que de chiste no tienen nada”, aseguró. La alarma se enciende porque el año pasado hubo más de 50 amenazas. Los casos están judicializados y hay un detenido.
Gallo Ambrosis especificó que en el ciclo lectivo 2017 hubo una ola de falsas amenazas de bomba.
“Hubo un pico entre septiembre y octubre del año pasado. Más de 50 llamados que demandaron recursos y tiempo. Cada operativo le cuesta al Estado tanto provincial como municipal, alrededor de 50 mil pesos”, detalló la funcionaria.
Y siguió: “Ante cada llamado de amenaza de bomba tenemos la obligación de poner en marcha el protocolo de seguridad acordado en estos casos. Hay que cortar el tránsito y efectivos de la Policía tienen que revisar todo el establecimiento para corroborar si es una falsa alarma, entre otras cuestiones”, explicó la delegada regional.
En ese sentido, se enviará a cada establecimiento educativo una “nota tipo” entre los directivos de las escuelas secundarias con el fin de hablar sobre el tema y explicarles a los alumnos qué tipo de responsabilidades recaen en las personas que realizan este tipo de amenazas.
También se enviarán notas en el cuaderno de comunicaciones de cada alumno para que las familias hablen sobre el tema. “La amenaza es un delito que tiene consecuencias penales. La provincia cuenta con los recursos necesarios para identificar las líneas de las cuales se realizan las llamadas”, advirtió. “En principio pensamos que era un efecto contagio pero no fue la única causal. Se volvió masivo y la Justicia detectó que había una intención deliberada de generar un caos”, detalló la funcionaria.
Gallo Ambrosi advirtió que el fin es prever y concientizar sobre este tipo de hechos tanto en el seno familiar como en las comunidades educativas. “Que los padres, tutores o responsables puedan discutir sobre el tema”, dijo.
La funcionaria explicó que desde el Ministerio de Educación se busca generar conciencia. “No es gratis llamar a una escuela y amenazar con que hay una bomba. No es un chiste”, resumió la delegada de la Región VI.
Comunicado 2017
Estos fueron algunos de los puntos del comunicado que envío el año pasado el Ministerio de Educación a cada establecimiento:
Realizar una amenaza sobre la existencia de artefactos explosivos configura un delito penal, con hasta 10 años de prisión.
La provincia tiene recursos para la identificación de las líneas telefónicas y personas que realizan este tipo de llamados.
Existen causas judiciales iniciadas contra personas identificadas por estos sistemas de rastreo.
Los operativos que se despliegan en cada protocolo de actuación institucional ante cada amenaza llevan un gran costo.
Investigan las amenazas
El fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien investigó la seguidilla de amenazas en escuelas del año pasado, advirtió que estas falsas intimidaciones afectan un “bien jurídico trascendente”, como es la seguridad pública, y recordó que una persona permanece en prisión preventiva a la espera de juicio, al tiempo que otras seis buscan encontrar una alternativa diferente al proceso oral y público.
Ponce Asahad inició una investigación que permitió determinar la titularidad de las líneas desde donde se realizaron las llamadas de amenazas a más de 30 colegios.
“Se está tratando con las defensas para llegar a un acuerdo o salida alternativa. Si no se logra, se hará acusación para juicio. Depende de los tiempos que maneje cada imputado”, explicó el fiscal.
En octubre pasado se detuvo a una persona de 56 años que, según indicaron los investigadores, había llamado a facultades, colegios y a la sede de la Gobernación con falsas amenazas de bomba.
En la casa del hombre encontraron cuatro teléfonos celulares, diez chips, un arma de fuego, DNI falsos y documentación que podría relacionarlo con un partido político, lo que hizo pensar en maniobras para alterar la calma de la ciudad. Actualmente, explicó Ponce Asahad, permanece con prisión preventiva a la espera del juicio oral.
En tanto, un grupo de padres de alumnos titulares de las líneas desde donde salieron las amenazas, están aún vinculadas a la causa penal abierta, acusados del delito de intimidación pública.
«Con ellos se está buscando una medida alternativa al juicio oral y público. Estamos buscando medidas resarcitorias que tengan que ver con una contraprestación a los colegios afectados, como pintar las aulas o afrontar otras necesidades que puede tener el establecimiento», detalló el fiscal.
