Justicia esperada. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy condenó ayer por unanimidad a 11 ex militares y ex policías jujeños a penas de entre tres años y medio y prisión perpetua por su intervención en los secuestros, los tormentos y homicidios, que calificó como crímenes de lesa humanidad, de un grupo de militantes del Partido Comunista en diferentes procedimientos ilegales perpetrados a lo largo de 1976.
Presidido por la jueza Alejandra Cataldi, e integrado por los vocales Mario Héctor Juárez Almaraz y Federico Díaz, el tribunal concluyó un demorado debate oral y público que había comenzado con sus audiencias el 22 de octubre de 2015 y en dos meses, el 3 de mayo, darán a conocer los fundamentos del veredicto.
Las penas de prisión perpetua fueron impuestas al ex oficial de Inteligencia del Regimiento de Infantería Mecanizado 20 de Jujuy (jefe del área militar 323), Rafael Mariano Braga, y para el ex cabo 1° del Ejército Alberto Callao. Braga fue encontrado responsable en grado de coautor del delito de privación ilegal de la libertad en doce hechos, homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en cinco hechos, y torturas agravadas por ser la víctima perseguido político en dos hechos. Callao, en tanto, fue condenado por doce privaciones ilegales de la libertad y cinco homicidios agravados.
Por otra parte, el tribunal condenó a 18 años de prisión al ex jefe de la División Judicial del Servicio Penitenciario jujeño, Ramón Armando Herrera, a quien consideró partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes en doce hechos, y por el homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en cinco hechos.
En tanto, los ex policías Juan Carlos Vaca, Armando Raúl Claros y Armando Hugo Ruiz recibieron la pena de 14 años de prisión. El tribunal los consideró partícipes necesarios de la privación ilegal de la libertad agravada por su duración mayor a un mes en 15 hechos y por las torturas agravadas por ser la víctima perseguido político en tres hechos. Vaca fue el jefe del Cuerpo de Operadores del Comando Radioeléctrico de la Policía de la provincia, Claros se desempeñaba entonces como oficial ayudante en el Grupo de Coordinación y Enlace, y Ruiz era oficial.
Por su parte, el también ex policía Siro Lucas Goyechea, ex jefe del Cuerpo Patrulla, fue condenado a ocho años de prisión en grado de partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por su duración mayor a un mes en dos hechos, y por torturas agravadas por ser la víctima un perseguido político en un caso.
También fueron condenados a cinco años de prisión el ex cabo de la comisaría 1ª de Volcán, Catalino Soto, y el ex sargento de la delegación San Salvador de Jujuy de la Policía Federal Jorge Ernesto Mendoza. Soto fue encontrado responsable de un hecho de privación ilegal de la libertad en concurso ideal con la violación del domicilio de la misma víctima en dos oportunidades, en tanto que Mendoza fue considerado coautor de la privación ilegal de la libertad agravada por su duración mayor a un mes en un caso.
Finalmente, el tribunal impuso la pena de tres años y medio de prisión al entonces ayudante de 5ª del Servicio Penitenciario jujeño, Félix Batalla, y al ex subayudante Federico Colmenares, tras encontrarlos responsables en grado de partícipes secundarios del delito de privación ilegal de la libertad en siete oportunidades.
Los hechos
Las víctimas cuyos casos se abordaron en este juicio son Carlos Eulogio Villada, los hermanos Paulino Prudencio y Cresente Galeán, Rosalino Ríos, Elías Juan Toconás, Manuel Ismael Vivas, Rosa Santos Mamaní, Américo Macrobio Vilca, Emilio Ábalos, Vicente Juan Cosentini, Santiago José Abán, Remigio Ángel Guerra, Gerónimo Lamas, Pablo Roberto Lacsi, José Nemecio Flores y los hermanos Pedro Pablo y Santiago Ramos.
En general, todos fueron sometidos a un derrotero similar de acuerdo con los lugares donde se llevaron a cabo sus secuestros: pasaron por la Central de Policía y la cárcel de Villa Gorriti, y por las comisarías ubicadas en la zona norte de Jujuy, que funcionaron como centros clandestinos de detención, donde fueron sometidos a torturas y vejámenes de carácter físico y psicológico.
En tanto, ocho de las víctimas permanecen desaparecidas. En efecto, los hermanos Galéan, Ríos, Toconás y Rivas fueron sacados de la cárcel el 15 de diciembre de 1976 por la mañana por el Ejército y la Policía con el pretexto de trasladarlos junto con otros detenidos al aeropuerto El Cadillal, donde abordarían un avión para su traslado a otro destino. Sin embargo, ninguno de los cinco llegó a la terminal aérea, aunque sí los otros reclusos. Desde entonces, permanecen desaparecidos.
También Vilca, Villada y Cosentini continúan desaparecidos. Efectivamente, Vilca, que tenía 18 años, fue sacado del penal de Villa Gorriti entre fines de noviembre y principios de diciembre de 1976 y nunca más fue visto. Villada, de 46, fue secuestrado de su casa el 24 de noviembre de 1976.
Finalmente, Cosentini, también de 46 años, se presentó el 15 de diciembre de 1976 en la Jefatura de Policía, tras lo cual no se supo más de su paradero. Había concurrido a la sede policial porque recibió el llamado de un efectivo que le dijo que el comisario Ernesto Jaig, fallecido, quería devolverle libros que le habían secuestrado durante un allanamiento.
