El juez de primera instancia Santiago Becerra ordenó este jueves la prisión preventiva efectiva –hasta el 26 de abril– a dos de los ocho imputados en el hecho ocurrido durante la madrugada del viernes pasado en las Cuatro Plazas, en el que resultaron fuertemente golpeados y violentados siete jóvenes que estaban en ese espacio verde. A todos los efectivos incorporados hasta el momento en la causa, el magistrado les imputó los delitos de apremios ilegales, falsificación ideológica de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario. Pero estimó que hubo diferente grado de participación de cada uno. Los que quedarán detenidos son los suboficiales Mariano S. y Erika D., ambos del Comando Radioeléctrico y los primeros que llegaron hasta el parque de barrio Belgrano. El resto permanecerá en libertad mientras sigue la investigación, pero con prohibición de contactar por cualquier medio –físico y también por correo electrónico o redes sociales– a los chicos que denunciaron el incidente de violencia institucional. Se trata del suboficial Walter D., de la misma unidad que los anteriores, y los agentes de la Policía de Acción Táctica Ariel G., Gastón F., Santiago M. y Roberto S. Quedó pendiente el encuadre judicial de una última uniformada, Cristina G., que no está en la provincia.
La audiencia fue larga. Estuvieron cinco de los siete jóvenes que expusieron el hecho, primero en las redes sociales y de inmediato ante la Justicia. Los acompañaron algunas organizaciones de derechos humanos, como la Multisectorial contra la violencia institucional. También asistieron familiares de los policías implicados. El juez se tomó un buen tiempo para resolver luego de que la fiscal Karina Bartocci, de la Unidad de Violencia Institucional, expusiera sus argumentos para las imputaciones que pidió, y que el magistrado finalmente aceptó. Las defensas de los imputados rechazaron el pedido de prisión preventiva por «exagerado», pero sus fundamentos no convencieron a Becerra.
Son ocho los policías hasta ahora involucrados, pero podría haber más. La fiscal Bartocci recordó que continúa la investigación sobre la posible responsabilidad del personal de los alrededor de 20 patrulleros que en un despliegue inusitado se acercaron hasta Mendoza y Provincias Unidas la madrugada del viernes último. También, indagan si pudo haber negligencia o complicidad y encubrimiento por parte de los agentes de la comisaría 14, donde transcurrió la segunda parte de la saga que puso, otra vez, sobre el tapete el accionar de la fuerza de seguridad santafesina.
La fiscal Bartocci había dispuesto este miércoles la detención de los ocho uniformados señalados como parte de los que participaron en la detención, las lesiones y los vejámenes que denunciaron el fin de semana pasado siete amigos. Los jóvenes relataron que estaban reunidos en las Cuatro Plazas (Mendoza y Provincias Unidas), en barrio Belgrano.
Los hechos
El viernes pasado a las 4 de la madrugada, siete amigos denunciaron que la Policía los detuvo sin causa en las Cuatro Plazas, donde estaban sentados después de volver del Parque Scalabrini Ortiz. Sasha, un técnico electrónico de 22 años, llevó la peor parte: lo golpearon hasta desfigurarlo, le cortaron las rastas que lucía hasta la cintura con un cuchillo y le dispararon con munición antitumulto en las pantorrillas cuando intentó escapar de la agresión. Otro policía, dijo después, le apuntó con su arma reglamentaria pero se contuvo ante los gritos del resto de los chicos, que también recibieron golpes.
La única chica del grupo recibió, además del ensañamiento físico de los policías, la violencia simbólica de varios de ellos: le dijeron que era «la puta del barrio» y la acusaron de vender droga en la zona. Los jóvenes estuvieron desde las 4 de la madrugada hasta las ocho de la noche del viernes esposados en la comisaría 14ª. La detención cesó cuando la defensora oficial Maricel Palais llamó al fiscal Fernando Dalmau, quien en ese momento intervino.
Voceros judiciales indicaron que el fiscal recibió la notificación de la detención de los jóvenes a las 9 de mañana y en el contexto de «resistencia a la autoridad». Dalmau ordenó entonces una averiguación de antecedentes de los chicos. “Cerca de las 14, el fiscal recibió la información por parte del Servicio Público de la Defensa de que los jóvenes habían sido golpeados y que hacía tiempo estaban detenidos –desde las 4 de la madrugada–. Ante esta situación, dio intervención a Asuntos Internos y puso en conocimiento a su par Bartocci”, describieron fuentes de Fiscalía.
En ese momento, Bartocci ordenó el secuestro de documentación, libro de guardia de la comisaría 14ª de Marcos Paz 6650, identificación del personal de la seccional que intervino en el hecho y los uniformados que estaban en la seccional en ese momento, señalaron las fuentes, para agregar: “Una vez que fueron constatadas las lesiones se les otorgó la libertad”.
El viernes, los jóvenes hicieron una presentación en un Centro Territorial de Denuncias (CTD) por las lesiones. También intervino la abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Julia Giordano, quien acompañó las denuncias en Asuntos Internos. Y el sábado por la mañana, las víctimas fueron al Instituto Médico Legal, donde les constataron las lesiones. “Estaban todos golpeados y con las marcas de las esposas en las muñecas”, aseguró entonces Giordano.
El miércoles al mediodía, las víctimas declararon en ante la titular de la Unidad de Violencia Institucional. Tras el relevamiento de los testimonios, Bartocci dispuso la detención inmediata de los ocho efectivos, indicaron desde Fiscalía.
Estos voceros judiciales aclararon que los resultados de las medidas ordenadas de la fiscal no arrojaron la identificación de personal de la seccional 14ª como responsables de los apremios sobre los jóvenes. Aunque aclararon que “hay medidas en reserva en desarrollo para corroborar el rol del personal de la comisaría en el hecho”.
