Carlos “Bocacha” Orellano, de 23 años, fue a bailar el domingo 23 de febrero último al boliche Señor Ming River House en la Fluvial. Ya para la madrugada del lunes 24, testigos contaron que fue sacado por personal de seguridad mixto del local –entre los civiles había una pareja de policías que cumplían los llamados servicios adicionales– y su cuerpo fue hallado a los dos días en las aguas del río Paraná, casi a la altura del balcón terraza del boliche que da al muelle III. La familia de Bocacha estuvo desde un principio presente, primero para su búsqueda, luego para exigir justicia y ahora para tener una participación activa como querellante en la causa que lleva adelante el fiscal de Homicidios Dolosos Patricio Saldutti. Los policías que estaban como adicionales, Karina Gómez y su pareja Gabriel Nicolossi, no se quedaron para ayudar al personal de la Prefectura a buscar al joven, de quien dijeron había caído al río, y tampoco registraron que lo habían sacado junto con patovicas del boliche. Por ello fueron imputados y el hombre quedó detenido por el plazo de 60 días.
A su vez, el entonces jefe de la comisaría 2ª Pablo Bagli y la sumariante Brenda Leis fueron acusados en la misma audiencia de este viernes, por el fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, de no haber llevado a cabo las medidas ordenadas por la Fiscalía para recolectar las imágenes tomadas de las cámaras de seguridad en La Fluvial, como tampoco haberse presentado en el boliche para retirar las filmaciones del lugar.
Las dos uniformadas y el jefe policial seguirán el proceso en libertad. Con la dilación ya habitual que traen las causas donde están involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad, y a diez meses del hecho, aún resta establecer la causa de la muerte del joven cuyo cuerpo fue exhumado la semana pasada, porque una de las muestras tomadas en la autopsia que se hizo en el Instituto Médico Legal (IML) corría el riesgo de estar contaminada.
Voceros relacionados con el caso adelantaron que la próxima semana está prevista la reconstrucción del hecho en el boliche Ming River House.
Los policías de adicional
La audiencia de este viernes, que comenzó a las 12 y terminó después de las 18, estuvo presidida por el magistrado Nicolás Foppiani e intervinieron el fiscal Saldutti, su par de Violencia Institucional Gonzalo Fernández Bussy y los abogados querellantes Salvador Vera e Irina Picard.
Saldutti comenzó con su acusación para los uniformados que estuvieron esa noche de adicional en el boliche, Karina Gómez, de 41 años, y su pareja Gabriel Nicolossi, de 38. El fiscal reconstruyó, que «esa madrugada del 24 de febrero de 2020, se encontraban cumpliendo servicios de policía adicional en el local denominado Ming River House, ubicado en el Complejo La Fluvial, y al presenciar en inmediaciones del lugar la presunta caída de Carlos Daniel Orellano a las aguas del río Paraná dieron aviso a las 5.35 aproximadamente a la central de emergencias del 911 y a personal de Prefectura Naval Argentina (cerca de las 05.30)». Pero advirtió que omitiendo informar la existencia de una interacción que los tuvo como protagonistas, y que también incluyó a dos empleados de seguridad del boliche, con Carlos Orellano.
Además, el funcionario judicial remarcó que tampoco dieron aviso inmediato al Ministerio Público de la Acusación de ninguna de estas circunstancias, para luego retirarse lo más rápido que pudieron, «sin documentar debidamente su actuación, lo que le impidió al personal de Prefectura ahondar en la información necesaria para poder llevar adelante de manera efectiva las primeras acciones de búsqueda y rescate».
Saldutti también imputó a Gómez y Nicolossi por insertar declaraciones falsas en un acta de procedimiento donde «hicieron constar que observaron: «detrás de las barandas de seguridad, una persona acostada sobre el suelo y que en un momento desaparece, como si hubiese caído al agua…»”. En estas circunstancias, el fiscal reiteró que no dieron cuenta de su «interacción» junto a los dos patovicas con Orellano.
«Esta situación de relevancia fue intencionalmente omitida por los imputados en el acta que se les requirió, generando de este modo un perjuicio para la investigación por la tergiversación de la realidad de los hechos», sostuvo el fiscal y los acusó como coautores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público agravada.
Además de coincidir en la imputación, la querella pidió la prisión preventiva efectiva para la pareja de policías.
Lo que no hicieron los policías de la 2ª
En tanto, el entonces jefe de la comisaría 2ª de Paraguay 1123, Pablo Bagli, de 42 años, y la sumariante de ese momento, Brenda Leis, de 34, quedaron involucrados en una causa que fue un desprendimiento del expediente principal que investiga la muerte de Bocacha, según explicó el fiscal Saldutti para indicar que estas actuaciones quedaron a cargo de su par Fernández Bussy, de Violencia Institucional.
Por ello, Fernández Bussy imputó a la sumariante Leis, quien se encontraba en funciones entre el 24 y el 25 de febrero, por haber incumplido con sus deberes ya que omitió cumplir en forma inmediata las órdenes de la fiscal Valeria Piazza Iglesias de «recabar y secuestrar las cámaras ubicadas en la zona de La Fluvial de Rosario, respecto del hecho ocurrido en fecha 24/02/2020».
La sumariante redactó estos pedidos con fecha 17 de febrero, situación que no deja de llamar la atención porque hay que tener en cuenta que la familia de Bocacha se presentó en la comisaría entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de febrero y habló con esta sumariante sobre la desaparición del chico.
En tanto, el fiscal acusó al comisario Pablo Bagli por los mismos delitos que a la sumariante y le agregó un nuevo incumplimiento cuando ya el 25 de febrero, en vez de presentarse en el boliche para secuestrar las secuencias tomadas por las cámaras de seguridad del local, como había solicitado la fiscal Piazza Iglesias por teléfono y donde le remarcó la importancia de esa medida, llamó a un encargado de Ming para que se las llevara a la seccional.
Fue en ese marco que Fernández Bussy imputó al ex jefe y la sumariante como autores de los delitos incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tras escuchar a las partes, el magistrado Foppiani dictó la prisión preventiva por 60 días para el policía que estaba de adicional Gabriel Nicolossi y la libertad para su pareja, la uniformada Karina Gómez, con ciertas reglas de conductas. En esa misma situación quedaron la sumariante Brenda Leis y el comisario Pablo Bagli, quienes transitarán el proceso en libertad.
La semana próxima se realizará la reconstrucción de la madrugada del 24 de febrero pasado cuando fue la última vez que vieron con vida a Bocacha en el local. Con esta medida sumada a los resultados de la segunda autopsia realizada por los profesionales de la Morgue de la Corte Suprema de la Nación en la ciudad de Buenos Aires, la Fiscalía determinará las responsabilidades de los cuatro civiles que la querella ya había pedido su imputación.
En la presentación de mayo pasado, los abogados de la familia, Salvador Vera e Irina Picard, solicitaron “que el fiscal disponga las detenciones y la imputación por el delito de homicidio agravado por la participación de dos o más personas” para el dueño del local Guillermo W., el jefe del personal de seguridad, Fabián M. junto a los patovicas Emiliano L. y Graciela A. G.
Caso Bocacha Orellano: primeras imputaciones a casi diez meses de la muerte
