Cuatro personas fueron procesadas este miércoles con prisión preventiva como presuntos «eslabones inferiores» de una organización criminal que envió a Europa, desde el Puerto de Rosario, 1434 kilos de cocaína en dos cargamentos disimulados en contenedores de maní, informaron fuentes judiciales.
El fallo del juez federal Carlos Vera Barros recayó sobre dos camioneros, un supervisor de la plazoleta fiscal de mencionado puerto y el conductor de una grúa para mover contenedores, a quienes les trabó también embargos por 500 mil pesos.
Los cuatro imputados quedaron procesados como «coautores de contrabando de exportación de sustancia estupefaciente, agravado por ser con fines de comercialización y en forma organizada».
En la causa existe un prófugo y la pesquisa apunta a escalar sobre la jerarquía de la organización de contrabando de cocaína, atento a que los procesados constituyen «los eslabones inferiores de la estructura criminal de esta organización», se indicó en el fallo del juez.
Los envíos de cocaína en paquetes identificados como «Supreme» y «Louis Vuitton» salieron del Puerto de Rosario el 28 de junio y el 3 de julio último, según la investigación a cargo del fiscal federal rosarino Claudio Kishimoto, junto al titular de la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar), Diego Iglesias; y su auxiliar Matías Scilabra.
El primero fue por 568 kilos de cocaína que fueron secuestrados en el puerto de Santos, Brasil, el 5 de julio, aunque tenían como destino Países Bajos.
Los contendedores con maní habían sido cargados en la localidad cordobesa de General Deheza y fueron «contaminados» con la droga en el Puerto de Rosario, donde estuvieron casi una semana a la espera de embarque.
El segundo envío de 866 kilos de cocaína, también disimulado en una exportación lícita de maní que partió de Rosario el 3 de julio, fue secuestrado en el puerto de Rotterdam, Países Bajos.
De acuerdo a la investigación, la droga era introducida en los contenedores de maní una vez que llegaban al Puerto de Rosario y luego de que fueran escaneados y sus precintos controlados.
En el caso de los 568 kilos de cocaína secuestrados en Brasil, el contenedor MSKU1505076 llegó a los muelles de Terminal Puerto Rosario el 21 de junio y, según los registros de la concesionaria, no registró movimientos hasta su embargo el 27 del mismo mes.
Sin embargo, las cámaras de seguridad permitieron determinar que el contenedor tuvo dos movimientos internos, el 22 de junio a las 23.04 cuando fue trasladado desde su lugar estiba al piso sobre el perímetro sur de la plazoleta fiscal, y el dos días después cuando fue colocado «entre las calles 2 y 3» de ese espacio.
«El contenedor queda en un punto donde no es tomado por las cámaras fiscales (queda tapado por otros contenedores)», indicó el juez, quien dio cuenta que ese mismo día a las 23.10 ingresaron tres camiones a la plazoleta fiscal que «no realizaron ninguna maniobra aduanera».
Uno de ellos era conducido por Rodrigo Larrea, quien estuvo unos 20 minutos en la zona «manipulando una linterna», mientras los otros dos –uno conducido por Marcos Fernández- se quedaron a unos metros, para luego retirarse los tres juntos.
Larrea y Fernández son los dos choferes procesados por la presunta «contaminación» de la carga de maní con cocaína.
Los otros dos son el supervisor de la plazoleta fiscal, Marcelo Maldonado; y Gonzalo Nicolás Pacheco, conductor de la máquina Kalmar 7 que movió el contenedor sin dejar asiento en los registros del puerto.
Estos dos eran empleados de la concesionaria Terminal Puerto Rosario (TPR).
Mientras que por el segundo hecho, el envío de los 866 kilos de cocaína secuestrados en Rotterdam, fueron procesados solo los dos camioneros luego de que la pesquisa determinó que los precintos del contenedor fueron cambiados o modificados.
«Nos encontramos ante una organización de personas vinculadas entre sí, en tanto todos los nombrados prestan funciones dentro de TPR S.A. y conocen el espacio físico, la ubicación de las cámaras, los procedimientos para ingresar a la plazoleta, teniendo un plan común entre todos los imputados, esto es contrabando de estupefaciente», señaló el juez Vera Barros.
