Asumir que el derecho a la comunicación y a la información es un derecho humano básico de la sociedad, ergo de los hombres y las mujeres que la componen, es el puntapié inicial elemental para poder instrumentar políticas públicas en ese sentido: la reforma constitucional entra en su recta final y los autores de la propuesta transversal que aglutina a UNR, institutos terciarios y sindicatos, entre otros actores clave, demandan que los constituyentes estén a la altura