El último concurso para cubrir 17 cargos de jueces penales que se llevó adelante a mediados de febrero en Santa Fe, dejó tela para cortar. Existe malestar entre los abogados independientes que se presentaron al examen. La queja que más sonó fue la inferioridad en las calificaciones otorgadas por el órgano evaluador a los profesionales que no son parte del Poder Judicial. Sostienen que de los 17 mejores puntajes obtenidos en el examen de oposición (y que tienen chance de obtener un cargo de juez titular) sólo uno corresponde a un abogado independiente, ya que la mayoría no logró sortear los 60 puntos necesarios para pasar a la siguiente etapa, a pesar de que muchos de ellos son abogados experimentados en la materia. Esta situación la atribuyen a una puntuación diferencial y solicitaron apoyo al Colegio de Abogados de Rosario que, según expresaron, requirió copia de los legajos y las filmaciones de los exámenes. Incluso, algunos ya impugnaron las calificaciones asignadas. Aunque ésta no fue la única queja que se escuchó en la generalidad de los postulantes, hubo voces de descontento en relación al trato que brindó la mesa examinadora a los postulantes durante el examen oral. Y hubo cuestionamientos al caso asignado en el examen, en referencia a que, aseguraron, no contaba con consignas claras, que era netamente académico y que había puntos importantes para resolver el caso que no estaban mencionados, aunque también otros aclararon que estas faltas se subsanaron al momento del examen.
Los cargos a cubrir en Rosario son 17 e incluyen vacantes en los juzgados: Correccional 4ª, 5ª, 8ª,10ª, Instrucción 4ª, 7ª, 10ª,13ª, 14ª, Sentencia 1ª, 3ª, 5ª, 7ª y según expresaron algunas fuentes, éste fue el primer concurso para cubrir vacantes de jueces penales en calidad de titulares después de cuatro años.
El concurso consta de tres etapas, una prueba de oposición donde se toma un examen para meritar los conocimientos del postulante, una segunda fase donde se evalúan los antecedentes y una entrevista personal. Los días 14, 15 y 16 de febrero se llevó adelante en Santa Fe el examen de oposición a cargo de un cuerpo de evaluación técnica compuesto por tres abogados pertenecientes a distintos estamentos como la universidad, y el Colegio de Abogados, aunque no estuvo representado el Colegio de Magistrados. A esta prueba se presentaron 30 postulantes. Los primeros 17 puntajes pertenecieron en su mayoría a jueces subrogantes que se presentaron al concurso y de los 8 abogados que ejercen en forma independiente la profesión sólo uno quedó entre los primeros puestos con posibilidades a aspirar al cargo, mientras que otros dos letrados obtuvieron más de 60 puntos por lo que pasaron a la segunda etapa donde se evalúan los antecedentes, pero no lograron los 50 puntos necesarios para la entrevista personal.
Según expresaron algunos de los postulantes que ejercen libremente la abogacía, entre ellos Gonzalo Basualdo, es notoria la inferioridad de las calificaciones asignadas a los independientes a la vez que refirió que algunos concursantes que subrogan en los tribunales provinciales han obtenido un puntaje considerablemente menor a los 60 puntos requeridos por el reglamento (en algunos casos 50 e incluso 30 puntos). También los independientes han criticado la aparición de una lista con las calificaciones en la web antes de la notificación formal a cada concursante.
Algunos profesionales, entre ellos los letrados Gonzalo Basualdo y Enrique Sirio, ya han presentado la impugnación del examen al entender que han existido irregularidades en el desarrollo y procedimiento de la evaluación. Sirio sostuvo que el tribunal estuvo compuesto por un abogado de Reconquista y dos académicos entrerrianos y que faltó la representación de los magistrados, que hubiese acercado a la mesa examinadora la experiencia necesaria en la materia.
“La idea era que el tribunal examinador conociera sobre el nuevo procedimiento penal que es inédito en el país y tuviera experiencia en la labor. Durante el examen se hicieron preguntas sobre teoría del delito y no se preguntó nada sobre procedimiento, y en los cursos de magistratura lo que se buscó formar eran magistrados que manejaran el nuevo Código Procesal y de eso no se preguntó nada”, afirmó el letrado.
Otro de los puntos que cuestionó Sirio fue que el examen resultó netamente académico, que no tuvo nada que ver con el nuevo código, “el caso tenía falencias graves porque no contaba con acusación ni con prueba, elementos fundamentales para dictar una sentencia”, concluyó el abogado
En la generalidad de las preguntas, las mismas “fueron subjetivas y capciosas y con ello inducían a que los postulantes cambiaran las respuestas varias veces. El nuevo procedimiento cuenta con institutos como la audiencia imputativa y la audiencia oral para resolver la prisión preventiva que el tribunal examinador desconocía”, refirió el letrado.
Basualdo, por su parte, afirmó que esta situación ha motivado la inmediata reacción del Colegio de Abogados de Rosario, incluso se han realizado reuniones y se ha remitido una nota al Colegio de la Magistratura solicitando los legajos y filmaciones de los exámenes de los concursantes. Si bien desde el Colegio afirmaron que se cursó la solicitud al Colegio de la Magistratura este medio no ha logrado obtener el testimonio de ningún directivo al respecto.
Por su parte, otros postulantes consultados han realizado un análisis menos negativo del concurso, aunque refirieron inconvenientes para interpretar las consignas en el caso a desarrollar y que el trato que dispensó el tribunal examinador hacia los postulantes fue al menos poco cortés.
Los exámenes orales de los postulantes a este concurso pueden verse en el sitio web You Tube.
