El inquilino del lujoso departamento de Puerto Amarras donde el martes pasado hallaron 40 millones de pesos, 50 mil dólares, 20 mil reales y 20 mil euros, junto a 39 tarjetas de débito, fue indagado el viernes último por la Justicia federal de la capital provincial y quedó en prisión preventiva efectiva por los delitos de lavado de activos agravado, intermediación financiera no autorizada y defraudación. El caso, cuya pesquisa recién empieza, remite por sus ramificaciones a la causa Oldani, desprendimiento por lavado de dinero de un expediente por homicidio, y también a otros similares que se dieron en la ciudad de Rosario, como los de Grupo Praga, Asociación Mutual NET, Sebastián Grimaldi, Vicentin, Guardati & Torti, Luis Herrera, Gustavo Shanahan y Cofyrco, todos en sede penal.
El titular de la Fiscalía federal 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, está a cargo de la investigación que busca determinar el origen de ese dinero -como total de los allanamientos el monto incautado en diferentes divisas supera los 700 mil dólares- como también determinar la manera en que se ejecutó la maniobra que llevó a obtener los datos de personas de vulnerables para luego abrirles cuentas, casi en simultáneo y en un mismo banco, para hacer operaciones millonarias.
Ángel Yamil Benavídez tiene 39 años, le dicen Turco y fue acusado el viernes pasado al mediodía por estar sospechado de ser el autor de estos delitos económicos en los Tribunales Federales de la capital provincial.
En esta etapa indagatoria, se negó a declarar y el magistrado del Juzgado Federal 2 de Santa Fe, Aurelio Cuello Murúa, dispuso que quedara en prisión preventiva efectiva debido a que aún esperan los resultados de las medidas que pidió el fiscal en los días posteriores.
La causa comenzó en forma insólita y se conoció este martes luego de un conflicto entre un inquilino anterior, oriundo de Chile, y la propietaria del coqueto departamento en el piso 12 del edificio Torre II de Puerto Amarras.
Es que el ciudadano chileno presentó una denuncia penal a finales de junio pasado porque, como se había atrasado dos meses en el pago del alquiler, la dueña le había cambiado la cerradura y retenido algunas cosas. El reclamo era por dos televisores de 55 pulgadas, una batidora, una licuadora y una tabla de planchar.
Esos objetos fueron los que buscaron este martes los pesquisas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en ese domicilio y los recuperaron luego de que el nuevo inquilino, el Turco, les franqueara el ingreso.
Sin embargo, la causa dio un giro cuando encontraron las 39 tarjetas de débito, la documentación de terceros junto con la multimillonaria cifra de efectivo, entre pesos y la divisas extranjeras (40 millones de pesos, 50 mil dólares, 20 mil reales y 20 mil euros), a simple vista dentro del inmueble.
Más allanamientos
A partir de ese momento, el Turco quedó detenido y los pesquisas dieron aviso al fiscal federal Rodríguez, quien también pidió la colaboración del personal de la Gendarmería Nacional. La hipótesis principal es que en ese domicilio funcionaba una cueva financiera.
Los allanamientos siguieron el miércoles; fueron siete, en los que participaron los gendarmes especializados en delitos económicos junto a las Unidades dependientes de la Agrupación XXI y de la AIC. Los operativos fueron en un local de ropa de la dueña del departamento, quien se quejó del trato y se desligó de cualquier conocimiento de las actividades que su nuevo inquilino hacía, al argumentar que el alquiler fue a través de una inmobiliaria.
También hubo allanamientos en un estudio jurídico de calle 25 de Mayo al 3300, en un local de una galería en calle Rivadavia, en un comercio de venta de celulares de Salta al 2600 y en una casa de un country, todos de la capital provincial.
Los pesquisas secuestraron en estos operativos dos autos junto a más dinero en efectivo: 5.295.660 pesos, 34.972 dólares, 3.110 euros y unos 3.000 reales. También retuvieron seis celulares, una notebook, nueve pendrives, una máquina contadora de billetes y elementos de interés para la causa.
Así el total del dinero en efectivo que encontraron ascendió a: 45.295.660 pesos, 23.110 euros, 84.972 dólares y 23.000 reales.
Tarjetas de débito y cuentas bancarias
La cifra multimillonaria en efectivo no fue lo único que quedó en la mira; es que al cabo de algunas medidas de los pesquisas sobre las tarjetas de débito y la documentación encontrada determinaron que las cuentas bancarias habían sido abiertas por tandas, con pocos días de diferencia y en una misma entidad bancaria: el Santander.
Además, los voceros indicaron que desde allí se hacían movimientos millonarios. La sorpresa también llegó cuando pusieron la lupa en los titulares: eran todos vecinos y de barrios vulnerables.
Otras tareas se llevaron a cabo este jueves con allanamientos en cuatro sucursales de dicho banco: tres fueron en la capital provincial y abarcó a la casa central mientras que la última fue en la ciudad de San Jorge. También las fuerzas federales hicieron otros requerimientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según describieron voceros policiales.
La política en la mira
Fuentes relacionadas al caso indicaron que en las primeras entrevistas, algunas de las personas que figuraban como los titulares de las tarjetas se sorprendieron y aseguraron que no habían abierto ninguna cuenta bancaria, por lo que ahora los investigadores deberán determinar cómo consiguieron sus datos y la posterior habilitación por parte de la entidad financiera.
Ángel Yamil Benavídez fue funcionario durante de la gestión municipal de José Corral, ex militante de Franja Morada y de la Juventud Radical de Diamante, Entre Ríos. El dato fue aprovechado rápido para golpear al dirigente capitalino, hoy diputado provincial electo, por parte de sus adversarios. Pronto trascendió que la esposa del Turco es empleada de la actual gestión provincial, lo que pareció equilibrar la balanza ante las sospechas de vinculación política.
Si bien decían que Benavídez se había alejado de la política, el fiscal Rodríguez envió un oficio al Concejo municipal de la capital provincial y a otras instituciones gubernamentales para requerir algunas precisiones sobre la actividad que desarrolló el sospechoso hasta marzo pasado cuando dejó ese cargo de asesor técnico.
Además, el titular de la Fiscalía federal 2 no descartó que hubieran más personas involucradas, por lo que pidió la prisión preventiva efectiva para el acusado que fue aceptada por el juez Cuello Murúa.
