El fiscal federal Walter Rodríguez pidió al juez Aurelio Cuello Murúa la continuación de la prisión preventiva efectiva de Ángel Yamil «Turco» Benavídez, el ex funcionario del municipio santafesino detenido hace una semana luego de que le encontraran una millonaria suma de efectivo en moneda nacional y extranjera junto a 39 tarjetas de débito de terceros dentro de un lujoso departamento de Puerto Amarras, en la capital provincial. El titular de la Fiscalía federal 2 fundamentó la presentación con los resultados de las medidas investigativas que incluyeron el aprovechamiento de personas vulnerables para abrirles y operar desde sus cuentas bancarias a cambio de 600 o 2.000 pesos, la sospecha de que usó sus contactos en oficinas públicas municipales para llegar a ellos, su relación con familiares del líder de una de las facciones de la barra de Colón, el uso de una sociedad bajo un alias para hacer operaciones financieras y cambiarias como también el lavado de activos.
La causa que investiga el funcionamiento de una cueva financiera en la exclusiva zona del puerto santafesino se conoció hace poco más de una semana cuando el personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lo allanó pero por un conflicto entre un ciudadano chileno que lo había alquilado y la dueña del inmueble.
El operativo no tuvo una irrupción violenta ya que el ingreso se lo franqueó el actual inquilino, por el Turco Benavídez, de 39 años, y en ese momento intervino el titular de la Fiscalía federal 2 de Santa Fe debido a que le encontraron unos 45 millones de pesos, 83 mil dólares, 23 mil reales y 22 mil euros. Además, hallaron 39 tarjetas de débito del banco Santander junto con fotocopias de DNI de las personas que figuraban en el plástico como titulares.
El fiscal federal ordenó que Benavídez quedara detenido. El viernes pasado fue indagado por el magistrado del Juzgado Federal 2, Aurelio Cuello Murúa como autor de los delitos de lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y defraudación. Quedó detenido y ahora la Fiscalía reforzó la medida cautelar al presentar su fundamentación para que continúe siendo efectiva.
Este miércoles se conocieron algunos de los resultados de las medidas solicitadas que incluyeron más de 10 allanamientos pedidos por el fiscal Rodríguez al personal de la Gendarmería y de la AIC en sucursales del banco de Santander de Santa Fe y San Jorge, en un estudio jurídico, en una casa de un country y en un local de venta de celulares.
Fue por los indicios que surgieron tras estos operativos que el fiscal hizo una presentación al magistrado para que Benavídez transite el proceso privado de la libertad, argumentando que existe peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación que tiene como hipótesis que usó, por los menos, la experiencia adquirida en los años que pasó en el municipio de Santa Fe para que personas de bajos recursos le entregaran sus datos y así hacer movimientos de dinero con sus cuentas bancarias. También resaltó la relación con el líder de la facción La Negrada de la barra de Colón, el uso de una sociedad para actividades financieras bajo el seudónimo de «Juan García» y su actividad de cambista por fuera de la ley.
Captación de personas vulnerables
Para fundamentar que Benavídez continúe en prisión preventiva, Rodríguez remarcó la atribución en la indagatoria: «en forma personal, y /o como empleado del Consejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, desde septiembre de 2020 hasta la actualidad desarrolló maniobras de manera habitual, a fin de obtener la emisión de 39 tarjetas de débito, mediante ardid o engaño, o cuanto menos mediante el uso no autorizado de datos de 39 personas».
En este punto, se explayó sobre el informe del personal de la AIC que surgió tras las entrevistas a estos titulares, el cual arrojó que la gran mayoría son personas de bajo recursos, sin empleo, changarines, habitantes de barrios carenciados con muy poca instrucción y algunos de ellos con cierta discapacidad física.
Además, el escrito resaltó que pudieron identificar que son vecinos o familiares entre sí y los agruparon de la siguiente manera: seis de barrio Centenario, cuatro de Chalet, tres de barrio San Lorenzo, cuatro de Yapeyú, dos de barrio Adelina y nueve de barrio Las Vegas, estos últimos de la ciudad de Santo Tomé.
Entre los titulares de las cuentas bancarias también figuran el hermano, primo y tío, de nada menos que Brian «Chucky» Ríos, líder de la facción La Negrada de la barra de Colón, quien está imputado por la Justicia provincial desde el año pasado por conducir una asociación ilícita y cometer una tentativa de homicidio en el marco de violentos enfrentamientos para copar el paravalanchas sabalero.
«Es elocuente que en la mayoría de los casos, el suceso se llevó a cabo mediando maniobras abusivas en perjuicio de personas sumergidas en situaciones de extrema vulnerabilidad social, quienes no sólo fueron utilizadas para valerse de sus datos personales e imagen individual, sino que además fueron objeto de una perturbación que tuvo impacto en sus intereses económicos al verse comprometidos como consumidores y usuarios de bienes y servicios como protagonistas indirectos e involuntarios de un proceso criminal como el que aquí se desarrolla», expuso el fiscal.
Agregó que de recuperar la libertad, el imputado podría continuar con la captación de personas como lo hizo con estas a cambio de una pequeña suma de dinero que osciló entre 600 y 2.000 pesos.
En su presentación, Rodríguez se refirió al lavado de activos e indicó que «puso en circulación el dinero obtenido en forma ilícita mediante operaciones de depósito en entidades financieras y transferencias entre cuentas bancarias con el fin de otorgarles apariencia de licitud».
Por otro lado, el funcionario del Ministerio Público Fiscal (MPF) no dejó de lado el vínculo con allegados al referente de La Negrada para señalar que «el imputado puede tener a su alcance potencialmente los mecanismos posibles de hostigamiento para desalentar eventuales testimonios en su contra«.
La cueva y la sociedad
Respecto al delito de intermediación financiera no autorizada, la acusación indicó que una de las hipótesis se basa en que la llevó a cabo a través de la sociedad simple “Servicios La Resistencia”, constituida el 16 de noviembre de 2022 junto a otro hombre.
Además, el funcionario del MPF describió que bajo el alias de «Juan García» hizo intermediación financiera no autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), ya que recibió dinero de diferentes personas, quienes recibieron un interés, también cambió divisas y adquirió criptomonedas, de acuerdo a los indicios recolectados de análisis al contenido de los celulares incautados.
En tanto por el lavado de dinero también hizo referencia la gran cantidad de dinero que le incautaron: 45.251.600 pesos, 23.000 reales, 22.035 euros y 83.172 dólares, de los cuales los pesquisas continúan con medidas para establecer su procedencia.
Investigan su paso por el municipio
«Los riesgos procesales aludidos también aparecen aumentados si consideramos que el imputado posee una reciente relación con distintas oficinas públicas cuyos responsables son pasibles –no por voluntad de sus destinatarios– de ser condicionados por el imputado», destacó Rodríguez.
Y en este apartado enumeró que Benavídez desempeñó actividades en la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe desde el 24 de mayo de 2011 hasta el 31 de marzo de 2013.
Luego «en calidad de personal de Gabinete con funciones de Coordinador Ejecutivo entre el 1º de septiembre de 2016 y el 11 de diciembre de 2019; mientras que más tarde también incursionó en tareas de Asistencia Técnica en el Concejo Municipal hasta el 30 de abril de 2023«, expuso para agregar que también existe la posibilidad de que «el imputado modifique registros informáticos a través de la utilización de claves que le permitan acceder a sistemas restringidos que se vinculen al hecho investigado», lo que deja entrever que la Fiscalía aún busca si el imputado aprovechó su vínculo con el municipio para cometer algunos de los ilícitos achacados.
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