Dos operadores rosarinos del Grupo Carey junto a otros cinco acusados en la causa que investiga el funcionamiento de una cueva financiera en la agencia de turismo donde asesinaron en 2020 a su titular, Hugo Oldani, en un asalto irán a juicio oral luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara la propuesta de sus defensores para que realicen tareas comunitarias y paguen multas para evitar transitar el debate oral.
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De acuerdo con voceros judiciales, la resolución del juez de Casación Guillermo Yacobucci abarca a los operadores locales del Grupo Carey y de la Mutual 29 de Noviembre, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Anibal Bacigalupo junto a Carina Chelmo, Flavio Giulioni, Eugenio Alonso, Leandro Forchetti, Ariel Trucco, todos procesados por intermediación financiera no autorizada junto con Virginia Oldani, hija del fallecido, y María José Calle, empleada de la firma.
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La presentación por parte de la defensa de los procesados para hacer la probation en lugar del juicio fue presentada en 2023 y tuvo su primer revés de parte del magistrado del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Germán Sutter Schneider. En ese contexto, los abogados apelaron el dictámen que Casación también desestimó en un fallo emitido el 20 de agosto pasado.
El crimen que destapó la cueva
Hugo Oldani fue asesinado de un disparo en el abdomen el 11 de febrero de 2020 cuando asaltantes irrumpieron y le exigieron que entregara todo el dinero que tenía en la agencia de Turismo, ubicada en el local 29 de una galería Rivadavia, en el centro de la capital provincial.
Tras el crimen, familiares y allegados de Oldani se presentaron en el local y se llevaron bolsos con dinero en efectivo delante de la fiscal Cristina Ferraro. Como la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad, los investigadores estiman que el efectivo era cientos de miles de dólares y millones de pesos que presumen provenía de la cueva financiera que funcionaba en la agencia Turismo Oldani Srl.
La pesquisa quedó a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez, quien hizo una investigación pormenorizada sobre los verdaderos negocios de Oldani Turismo.
Rodríguez determinó que en el local desde 2018 hasta 2020 hacían cuatro tipos transacciones ilegales:
- Obtención de dinero otorgado por terceros a favor de Hugo Ernesto César Oldani por tiempo determinado, a cambio de una tasa de interés y con la posibilidad de renovación.
- Búsqueda de tenedores de cheques con voluntad de cederlos a cambio de dinero líquido que se entregaba a plazo (5 días) y condicionado a acreditación bancaria (con aplicación de multa en caso de rechazo), a quienes Oldani les descontaba un porcentaje.
- Colocación de los recursos financieros obtenidos de tres maneras como préstamos inmediatos como “rueda de auxilio” a favor de terceros, de dinero con aplicación de intereses garantizado con la entrega de cheques propios del tomador y de dólares estadounidenses cuya devolución se pactaba en cuotas mensuales.
- Utilización del mecanismo en virtud del cual particulares ingresan divisas al país o las transfieren al exterior, a cambio de una comisión de servicio calculado sobre el monto de la operación.
En base a estos argumentos, procesó Virginia Oldani y María José Calle, empleada de la firma, como brazos ejecutores de las maniobras de venta de moneda extranjera a espaldas del Banco Central.
Para el fiscal federal, ellas registraban las transacciones, atendían la cartera de clientes, recibían, devolvían, transferían y depositaban dinero en efectivo. Además, llevaban a cabo el sistema de organización del ingreso de cheques.
En la causa también quedó ligada la presidenta de Mediterránea Sociedad de Valores, Carina Chelmo, la cual intervenía en transacciones para ingresar o transferir divisas por fuera de la estructura de la agencia de turismo.
A Leandro Forchetti lo acusó de proveer cheques a Oldani a cambio de una comisión, que los tomaba contra acreditación y bajo el cobro de una comisión, para luego entregarlo a personas vinculadas a un grupo inversor de Rosario.
Y en este punto fueron imputados los rosarinos Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo por haber participado en operaciones con cheques en su carácter de operadores del Grupo Carey y la Mutual 29 de Noviembre.
También por operar con cheques que entregaba a agentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Paraná fue procesado Flavio Giulioni, quien recibía una comisión.
En tanto, a Ariel Trucco y Eugenio Alonso se les atribuyó obtener una comisión por ser un nexo intermediario en movimientos de dinero para ingresar al país o transferirlo al exterior.
El delito que les atribuyó el fiscal fue intermediación financiera no autorizada, que posee una pena de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis años. Tras quedar firme la acusación, los imputados fueron enviados a la instancia de juicio que aún esperan fecha.
El encubrimiento de la fiscal provincial
De este expediente, el fiscal Rodríguez abrió otra investigación por el delito de encubrimiento en la cueva financiera que puso el foco en la fiscal de la Unidad de Homicidios, Cristina Ferraro, señalada como quien permitió a la familia de Oldani llevarse los 3.050.000 pesos y 1.100.000 dólares estadounidenses para que los peritos de la Policías de Investigaciones (PDI) no pudieran contabilizarlo.
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También fueron también procesados, José Luis Hernández (yerno de la víctima fatal), Marcos Medera, Virginia Venetucci, quien en ese momento desempeñaba como asesora legal de la Policía de Santa Fe, y el jefe policial que era inspector de zona, Julián Nizzo, ya que está sindicado como quien desestimó la orden impartida por la fiscal para que hubiera una custodia permanente en la agencia entre el 12 y el 17 de febrero de 2020.
