El Concejo Municipal aprobó ayer un pedido al Ejecutivo para que en los próximos 45 días remita “un plan y cronograma de acciones” para la promoción en todos los distritos de la ciudad de sistemas de alarmas comunitarias. La iniciativa, presentada por el edil Alberto Cortés y acompañada por todos sus pares –aun con “reservas”– se enmarca en la ordenanza 7.583 quecreó en 2003 el Programa Municipal de Seguridad Comunitaria, y la más específica 7.914, de 2005, agregó el Subprograma Municipal de Alarmas Comunitarias “como parte integrante y complementaria” de aquel. Pero como de entonces a esta parte transcurrieron siete años y medio sin que se pusiera en práctica –mientras en ese tiempo, a título privado vecinos de distintos barrios encararon por su cuenta la instalación de sistemas de protección mutua– los ediles aprobaron el decreto que, en términos políticos, es un reclamo de que se dé cumplimiento a la normativa.
La ordenanza 7.914 tomaba en sus considerandos “la problemática de la inseguridad”, que según el texto votado en 2005 ocupaba “el primer lugar” en las preocupaciones de los rosarinos. En ese marco, el mecanismo planteado no tiene como meta la resolución de delitos complejos sino la prevención de los más simples, alentando para ello “la convergencia de la participación comunitaria y solidaria entre vecinos, fuerzas de seguridad y Municipalidad”.
Así remitía a experiencias exitosas similares en Santa Fe capital, Córdoba, Mendoza y Bariloche, entre otras ciudades,, y planteaba con esa base la vinculación de los vecinos, gestionando reuniones en los centros de distrito primero –y por cuadra en un paso posterior– y la instalación de sistemas de alarma colectivos acordes a cada zona, que podían ser desde lumínicos hasta sirenas accionadas a por control remoto. También la realización de actividades de “ejercitación preliminar”, con simulacros y prácticas del sistema.
El debate de ayer no incluyó propuestas para modificar la norma, salvo el pedido al Palacio de los Leones de que analice una posible línea crediticia para poner al alcance de los vecinos con menores recursos este tipo de sistemas.
Uno de los acompañantes de la iniciativa, el arista Oscar Greppi, remarcó que en su propio barrio se aplicó un sistema, y que más allá de que la alarma comunitaria fue accionada en casos accidentalmente –por travesuras de chicos o errores de adultos mayores– concluyó que “es una experiencia positiva” y exaltó la relevancia de que “los vecinos se agrupen”.
En la misma sintonía, Héctor Cavallero, del Partido del Progreso Social, resaltó que se trata de un avance “más que tecnológico, en la participación de los vecinos”, y el justicialista Diego Giuliano, mencionó el caso de Pedro Lino Funes y Neuquén, en barrio Azcuénaga, donde “todos los vecinos tienen los teléfonos de todos los vecinos” y constituyeron un sistema de protección mutua que a la vez funciona como prevención del delito. Y el radical Gonzalo Del Cerro resaltó el papel de los “Observatorios de Seguridad Ciudadana” y la organización barrial.
Con otra óptica –aunque acompañaron la iniciativa del socialista auténtico Cortés– el radical Jorge Boasso, el kirchnerista Roberto Sukerman y el macrista Roy López Molina no dejaron de cuestionar que la seguridad “es una responsabilidad del Estado”, no de los vecinos. “No hay ningún país desarrollado que implemente estos sistemas: son proyectos típicos de países bananeros”, fustigó Boasso. Sukerman, por su parte, apuntó que la alarma “no tiene razón de ser si no hay una respuesta oportuna” de las fuerzas de seguridad. Y López Molina cuestionó que “el vecino de a pie reciba la carga de la lucha contra la inseguridad”, que le corresponde al Estado.
