Un analista de sistemas que cumple una condena de 7 años de prisión por hostigar a la ex pareja quedó imputado en una nueva causa por amenazas agravadas, luego de que una fiscal allanara su celda del penal de San Martín porque lo acusa de haber enviado a la casa de su víctima, en San Isidro, un paquete sospechoso que inicialmente se pensó que podía ser un explosivo y que contenía un juguete sexual.
Fuentes judiciales y policiales informaron este viernes a Télam que el allanamiento fue realizado este jueves en la celda 5 del pabellón 6 de la Unidad 46 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicada en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín, donde Benjamín Ricardini, de 36 años, cumple su tercera condena.
El procedimiento fue encabezado por la fiscal Laura Zyseskind, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género y Delitos Conexos a la Trata de Personas de San Isidro, y por efectivos del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal.
En el operativo, los investigadores le secuestraron a Ricardini el teléfono móvil marca Samsung que tenía registrado en el SPB como autorizado, luego de la acordada judicial que habilitó a los presos con visitas suspendidas por la pandemia del coronavirus, a tener un celular para poder contactar a sus familiares.
También tenía en forma clandestina dos chips, un Apple Watch, tres pendrives y una lectora de discos compactos.
Pero lo que más inquietó a los investigadores es que le encontraron un cuaderno con varias anotaciones, entre ellas, los datos personales del domicilio y el número del celular particular de la propia fiscal Zyseskind y de una auxiliar letrada del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de San Isidro, que fue el que lo condenó el año pasado.
La causa, que ya tiene cuatro cuerpos, se inició el 22 de junio cuando la ex mujer de Ricardini –cuya identidad se mantendrá en reserva–, denunció que recibió en su celular un mensaje de texto de un número desconocido que decía: «Te va a llegar un paquete».
A las 22.30 de ese día, un mensajero llegó a su casa de San Isidro con un envío de la empresa Mercado Libre, que ella no quiso recibir y quedó en la puerta del domicilio.
La mujer pensó que podía ser una bomba, ya que uno de los hechos por los que Ricardini fue condenado a 7 años de prisión fue por haberle arrojado a la abogada de su ex una bomba molotov en la puerta de su casa de San Isidro, que afectó una puerta garaje y la camioneta de la letrada.
Policías, bomberos y personal especializado de la Brigada de Explosivos concurrieron entonces a la casa, evacuaron a la víctima y, tal como se hace en ese tipo de casos por protocolo, hicieron una detonación controlada del paquete.
«No era un explosivo. Lo que le habían enviado era un consolador, todo un mensaje en el contexto de violencia de género y hostigamiento padecido por la víctima», confió a Télam una fuente judicial.
La fiscal Zyseskind, quien ya había estado a cargo de las causas por violencia de género por las que fue condenado el imputado, inició un nuevo expediente y determinó que el paquete había sido comprado en Mercado Libre por un usuario creado por Ricardini pero pagado con la tarjeta de crédito de un tercero.
El trabajo de los detectives del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal fue clave para poder descubrir la ruta de la compra y, tras analizar el tráfico de datos y la activación de antenas, establecieron que el juguete sexual había sido adquirido desde un celular activo en la zona donde está la Unidad 46 de San Martín.
A pedido de la fiscal, el juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, ordenó el allanamiento en el penal, donde si bien no se encontró el iPhone 6 Plus que se buscaba, se secuestró el acta donde constaba que se lo había entregado a su madre a cambio del Samsung que le incautaron.
Zyseskind consideró que el envío del paquete fue un nuevo acto intimidatorio de Ricardini a su ex mujer y lo dejó aprehendido en una nueva causa caratulada como «amenazas agravadas por ser anónimas en concurso real con desobediencia», ya que una de las condiciones de su última condena era que no podía contactar a la víctima de ninguna manera.
Si en un futuro juicio fuera considerado culpable, esta causa podría representar la cuarta condena para Ricardini.
Según voceros judiciales, su prontuario se inicia con una sentencia en Capital Federal por administración fraudulenta contra la empresa donde trabajaba y el 18 de octubre de 2017 fue condenado por el Juzgado Correccional 4 de San Isidro a dos meses de prisión efectiva por “desobediencia” de la perimetral que le habían impuesto para no acercarse a su ex mujer.
El 19 de diciembre de 2019, el TOC 7 de San Isidro le impuso la condena actual a 7 años de cárcel por “desobediencia”, dos hechos de “amenazas simples” e “incendio en grado de tentativa” por la molotov a la abogada.
