Hace 15 años las activistas travestis Jackie Romero, de Rosario, y Alejandra Ironisi, de Santa Fe, presentaron por primera vez en la Legislatura provincial un proyecto para que el Estado diera trabajo a personas trans. Todavía no hablaban de cupo ni tenían en claro qué significaba poner un porcentaje, pero sí eran conscientes de que era necesario avanzar en políticas públicas de inserción laboral para el colectivo más vulnerable de las siglas de la diversidad sexual. Mucho antes de que el tema se volviera parte de la agenda política, las referentas santafesinas fueron precursoras en el país a la hora de pensar en políticas de cupo y discriminación positiva.
Durante años, vieron cómo cada proyecto de ley que presentaban perdía estado parlamentario hasta que el tema entró en las agendas feministas y empezaron las alianzas transversales con diputadas y diputados de distintos bloques. En septiembre de 2018 sintieron que llegaba un poco de justicia cuando la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que Carlos Del Frade había ingresado en 2016. El Senado era lo más difícil y venía con tradición de trabar leyes de ampliación de derechos. En 2019, Jackie, Alejandra y activistas de toda la provincia encararon el lobby parlamentario en la Cámara Alta. Después de meses de reuniones y movilizaciones, el 31 de octubre el cupo laboral trans del 5 por ciento para toda la administración pública provincial se convirtió en ley en Santa Fe.
Pasaron 10 meses, un cambio de gestión y una pandemia que está transformando el mundo para que ese derecho se vuelva realidad. Este lunes a la noche, el gobernador Omar Perotti firmó la reglamentación que permite implementar la ley. En Santa Fe ya hay diez municipios que avanzaron en este tipo de normativa. Rosario fue la primera ciudad del país en crear una ordenanza de cupo laboral en 2016 y la implementó en 2017 con los primeros 5 ingresos. También lo hicieron Santo Tomé, Capitán Bermúdez, Chañar Ladeado, Rosario, San José del Rincón, Gálvez, San Justo, Venado Tuerto, Santa Fe y Vera.
La decisión del gobernador santafesino llega después de que el jueves pasado el gobierno nacional publicara el Decreto 721, que estableció el cupo del 1% en todas las dependencias del Estado nacional. Para travestis, transgéneros y mujeres y varones trans de todo el país se trató de un día histórico en el reconocimiento de sus derechos. Y una marcada de cancha de Alberto Fernández a las provincias, municipios y otros lugares de gestión pública, así como un incentivo para el sector privado.
Para Jackie Romero los decretos de Fernández y Perotti fueron pura felicidad y sintió que la lucha de las últimas décadas se vuelve realidad de a poco. Tiene 50 años y su edad no es un dato menor. En Argentina, las personas travestis y trans tienen un promedio de vida de 35 años. Según un informe elaborado en 2015 por la Federación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, el 90 por ciento no accede a un empleo formal y para el 95 por ciento, el trabajo sexual es o fue la única salida laboral. La baja expectativa de vida responde a causas sociales porque es provocada por la discriminación, la violencia, la exclusión y la vulneración de derechos de la que son blanco desde la infancia y la adolescencia, a la que se suma la persecución y violencia policial. Por eso, desde el colectivo travesti-trans de Argentina denuncian un travesticidio social y apuntan al Estado como responsable. El cupo es, entonces, oportunidad y reparación a la vez.
En 2019 Jackie Romero entró a trabajar en el Área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), cuando el rector anunció el cupo trans con los primeros 5 ingresos. El viernes pasado, la UNR abrió la inscripción para los ingresos de este año. “Somos una de las poblaciones históricamente olvidadas. No tuvimos la posibilidad de estudiar, nos expulsaban de las escuelas y de nuestras casas. El cupo nos da la posibilidad de vivir y de tener un trabajo por primera vez”, explica.
La referente rosarina remarca que es importante no sólo en términos de oportunidades, sino que es fundamental que travestis y trans estén en el Estado. “Nuestras voces y nuestros conocimientos son importantes a la hora de pensar políticas públicas, tanto para nuestro colectivo como en general. Presentar leyes para las travas sin las travas está mal porque quiénes mejor que nosotras y nosotros para hablar de nuestra realidad. Tenemos que ser incluidas de manera global. Por eso es fundamental que nos hagan lugar en espacios en los que siempre estuvimos afuera”, dice e imagina un futuro cercano con representantes trans y travestis en el Concejo, la Cámara de Diputados y el Senado.
Para avanzar en una ley a nivel nacional, hace un mes Jackie Romero y activistas trans y travestis de todo el país armaron el Frente Federal Por el Cupo Nacional Trans. “El decreto de Alberto es súper necesario, pero necesitamos la ley para que no sea una política que dependa de los gobiernos de turno”, resume.
Qué dice la ley provincial
La Ley Provincial de Cupo Laboral Trans 13.902 fija una proporción diferente a la de Nación y prevé que un mínimo del 5 por ciento de los ingresos a la administración pública sean para personas personas trans que hayan accedido al cambio registral garantizado por la ley nacional de identidad de género 26.743 en la provincia de Santa Fe.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en coordinación con la Secretaría de Estado de Igualdad y Género serán los organismos que lo implementarán. El decreto de Perotti ordena la creación de un Registro de Aspirantes para recibir las postulaciones de las personas que deseen ingresar al Estado Provincial bajo el régimen de la ley, garantizando el principio de confidencialidad. Uno de los puntos centrales de la ley es que no se pide que las y los postulantes hayan terminado la escuela, porque la baja escolaridad es una característica de este colectivo.
También se va a crear un Consejo Consultivo de asesoramiento en los procesos de selección, formado por representantes del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, de los sindicatos del sector público provincial y de las organizaciones de personas travestis, transexuales y transgénero de la provincia.
La vulnerabilidad en números
En Santa Fe la población asciende a 1.200 personas, según la Encuesta Provincial de Vulnerabilidad de la Población Trans elaborada en 2019 por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) y la ex Subsecretaría de Diversidad Sexual de Santa Fe. Se trató del primer y único estudio de este tipo de Argentina y Latinoamérica y arrojó datos sobre un tercio de la población travesti-trans de la provincia. De acuerdo con el estudio, sólo el 5 por ciento accedió a un estudio terciario o universitario. El 75 por ciento sufrió burlas, insultos, maltratos y las han llamado por el nombre o género que no es el autopercibido y el 47 fue víctima de la Policía. Como consecuencia de la violencia y la discriminación el 65 por ciento dijo que se había autolesionado, 75 por ciento tuvo problemas de consumo de alcohol, el 77 de otras sustancias y el 78,6 sufrió patologías alimentarias.
