El juicio al detenido falso abogado Marcelo D’Alessio y los otros tres acusados de intentar extorsionar a un empresario se reanudará el lunes con el alegato final de la fiscalía, que ya anticipó pedirá condenas y puso de relieve «el enorme daño institucional» que causaron quienes «aparentaron ser o eran servidores públicos»
Para el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2 Diego Luciani, hubo un «enorme daño institucional ocasionado por personas que aparentaron ser o eran servidores públicos», según sostuvo al inicio de su alegato en la audiencia del lunes último.
D’Alessio es juzgado junto al suspendido fiscal de Delitos Complejos de Mercedes Juan Ignacio Bidone y los ex agentes de la AFI Claudio Álvarez y Diego Barreiro por supuestamente intentar extorsionar en noviembre de 2016 al despachante de Aduanas Gabriel Traficante.
Según la acusación, D’Alessio le pidió dinero a cambio de frenar una supuesta acusación en su contra en una investigación conocida como la «mafia de los contenedores» y también evitar que su nombre apareciera en la prensa.
Para ello contó, según el requerimiento fiscal, con la colaboración como partícipes necesarios de Bidone, quien le entregó información sobre Traficante, usada en el intento de extorsión y de los ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia.
Luciani retomará el lunes un alegato que comenzó la semana pasada y se extenderá por unas cinco horas, al término del cual hará el pedido de penas para los acusados.
Al comenzar a exponer, la fiscalía advirtió «las graves consecuencias» que la maniobra «provocó a la víctima y su grupo familiar» en el marco de un proceder en el que intervino un fiscal en ejercicio, Bidone, y «pulverizó la confianza que se deposita en los fiscales en una sociedad democrática».
En cuanto a D’Alessio, se señaló que «se trataba de un particular que, según se acreditó fehacientemente en este expediente, no revestía la calidad de abogado, ni tampoco de agente de la DEA ni de ninguna fuerza de seguridad»
«Es más, hasta el día de hoy y luego de desarrollado este juicio oral y público, no se conoce qué actividad lícita realizaba el señor D’Alessio», agregó.
El detenido logró, «a pesar de esto, contaminar de manera ilegal, fluida y subrepticia la actuación de dos agentes de inteligencia -uno en actividad y otro retirado- y de un fiscal provincial», advirtió.
Sobre el suspendido fiscal Bidone, quien entregó a D’Alessio listados de llamados y movimientos migratorios de Traficante, la fiscalía aludió a la «importancia de que los fiscales respeten y honren sus funciones jurisdiccionales»
«Lo que se pone en juego son los valores de la independencia y equidad, principios esenciales para el desempeño de cualquier fiscal porque la integridad es una necesidad y la sociedad pide una conducta irreprochable», consideró ante los jueces del TOF 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Enrique Signori.
Sobre los agentes de la AFI, remarcó que su función era «velar por la seguridad interior y exterior» del país en base a a ley de Inteligencia Nacional pero en cambio llevaron adelante «conductas contrarias a sus fines»
El Tribunal ya escuchó el alegato final del abogado del querellante Traficante, Luis Charro, quien pidió condenar a D’Alessio, Bidone y Barreiro pero no acusó a Álvarez.
D’Alessio está procesado en esta causa como supuesto autor del delito de intento de extorsión por haber contactado a Traficante para exigirle pagos en dólares a cambio de no quedar involucrado en la investigación por contrabando que se conoció como «mafia de los contenedores»
Además, le advertía que su nombre iba a salir publicado en el diario Clarín en notas del periodista Daniel Santoro, como finalmente ocurrió, aunque a Santoro se le dictó falta de mérito en esta causa.
La extorsión no se concretó porque Traficante grabó una última conversación con D’Alessio y presentó una denuncia en los tribunales federales de Retiro a fines del 2016.
El falso abogado quedó detenido en febrero de 2019 en otra causa, la que se abrió en la justicia federal de Dolores por otros hechos de espionaje ilegal y extorsión contra otras víctimas, causa en la que también está procesado con prisión preventiva.
