La Justicia hizo lugar al recurso de hábeas corpus presentado por el defensor general, Gabriel Ganón, por el que reclama sobre las condiciones edilicias del Instituto para la Recuperación del Adolescente (Irar), la salud psicofísica de los menores y la comprobación de eventuales torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en el lugar de detención. A su vez, el magistrado Luis María Caterina rechazó el recurso con respecto a la alimentación y limpieza del lugar como también en lo referido al cumplimiento de las obligaciones educativas a cargo de la provincia de Santa Fe y de las actividades no formales.
En la audiencia del lunes pasado el Servicio Público de la Defensa representado por el defensor general, Ganón junto a Enrique Font y Marcelo Marasca, presentó un recurso de habeas corpus sobre las condiciones en las que alojados los menores en el Irar, en especial en el pabellón 5 y 6. En esta instancia expusieron además de los defensores, el asesor de Menores 3, Daniel Papalardo; la fiscal, Andrea Vega; el director de la Justicia Penal Juvenil, Alcides Leicker; la directora del Irar, Jimena Staurini; y por el Ministerio de Educación, Noemí Stara.
Tras las argumentaciones, el magistrado resolvió hacer lugar al recurso de hábeas corpus en lo relativo a las condiciones edilicias, especialmente en el pabellón 5 y 6, fijando como plazo de finalización de las obras 30 días. Además, respaldó el planteo realizado sobre la salud psico-física de los menores internados. “Cuando los menores deban de permanecer alojados en el Irar, luego de su declaración indagatoria, deberán ser derivados en forma inmediata y en el plazo máximo de 5 días al: hospital Centenario para un exhaustivo examen clínico conforme propuesta de la Dirección de Justicia Penal Juvenil; al servicio de Toxicología del hospital Provincial a fin de detectar consumo de drogas legales y sustancias tóxicas. Esto se repetirá en intervalos regulares a fin de comprobar la eventual evolución del consumo y fundamentalmente, la posibilidad que se le brinde un tratamiento de desintoxicación; como también que sean evaluados por psiquiatras y psicólogos de un efector público de manera amplia”, detalló Caterina, quien dio un plazo de 30 días para instrumentarlo.
Además, el magistrado aceptó el recurso en lo relativo a la comprobación de eventuales torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en el lugar de detención, y fijó un término de 30 días para que se presente propuesta de evaluación al ingreso por profesional médico de la institución para una mejor adecuación al Protocolo de Estambul.
Con respecto a los puntos en que el juez rechazó el recurso, fue en lo relativo a la alimentación de los menores internados y limpieza del lugar de alojamiento. “Más allá de algún caso puntual, no se han detectado deficiencias sustanciales que impacten negativamente en la salud de los internos”, consideró Caterina.
Por su parte, declaró abstracto el recurso en lo referente al cumplimiento de las obligaciones educativas a cargo de la provincia de Santa Fe y de las actividades no formales. “Receptadas las inquietudes, fueron efectivizadas las cargas horarias correspondientes, siendo cumplidas por la autoridades del Ministerio de Educación. Se dispone igualmente aconsejar a las autoridades que se articule con las instituciones educativas donde corresponda para que continúen sus estudios los menores en caso de egresar, a fin de evitar que se interrumpan con la marginalización adicional que ello significaría”, aclara la resolución.
