El pasado martes 27 de diciembre se realizó la última audiencia de control de sentencia judicial favorable en el habeas corpus colectivo y correctivo interpuesto por la Defensa Pública de Santa Fe en favor de los adolescentes alojados en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (Irar).
La audiencia tuvo por objeto que se dé cumplimiento a la resolución dictada por el Juez penal Luis María Caterina, el pasado 31 de octubre, en la que dispuso que el Estado provincial debía adecuar sus modos de intervención para cumplir con los estándares internacionales para la detección, documentación y registro de hechos de torturas y malos tratos y la adecuada rehabilitación de las víctimas.
El Irar, ubicado en Cullen y Saavedra, aloja a jóvenes en conflicto con la ley penal desde 1999.
Durante esa jornada el Director de Justicia Penal Juvenil dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Alcides Leicker, indicó ante el juez interviniente los convenios realizados por la autoridad con el hospital Centenario para la realización de exámenes toxicológicos (exigido por iniciativa del juez penal) y con el hospital Provincial para exámenes clínicos integrales de los adolescentes, inmediatamente luego de su ingreso.
Protocolo
Si bien los progresos fueron acogidos por el Ministerio Público de la Defensa, se planteó que todavía no se cumple con el Protocolo de Estambul, en tanto no se garantiza la confidencialidad del examen médico (el personal de seguridad está presente durante el mismo) y no se han dado instrucciones claras y precisas al personal penitenciario del Irar sobre la forma de actuación en este tipo de casos (se les impuso la obligación genérica de cumplir sin capacitación ni medios adecuados para hacerlo).
Luego de escuchar a las partes, el juez Caterina resolvió “tener por cumplimentados” los requerimientos a la Dirección de Justicia Penal Juvenil, que la Defensa pública, la Asesoría de menores y el MPA deben monitorear las cuestiones vinculadas con la confidencialidad requerida por el Protocolo de Estambul en la entrevista médico–adolescente y aceptó como válida la resolución dictada por Leicker, por la cual obliga a todo el personal del Irar a cumplir con el proceso de detención, registro y documentación de torturas y malos tratos.
La Defensa pública planificará acciones de control de cumplimiento de la sentencia judicial a desarrollar durante 2017.
