El amparo ambiental que hace cinco años intentó fijar una distancia mínima para que no se fumigue sobre escuelas rurales de Entre Ríos agotó todas las instancias judiciales en la Argentina. El anillo de protección escolar que cinco fallos judiciales habían establecido en 1.000 metros si los agrotóxicos se esparcían por tierra, o en 3.000 si eran pulverizados por aire, quedó reducido a escasos 100 y 500 metros de las aulas.
La última palabra la tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fines de febrero cuando rechazó tratar el caso y dejó firme una cuestionada resolución del Supremo Tribunal entrerriano. Lo que se perdió, o se ganó según quién lo mire, no se puede medir en metros.
El daño genético en niños con exposición crónica a plaguicidas es uno de los estudios de estricto rigor científico en que se basó la denuncia presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Foro Ecologista Paraná.
Informes sobre modificación de células sanas en cancerígenas, su transmisión a generaciones futuras, el efecto acumulativo de sustancias químicas en niños y la extrema vulnerabilidad de sus cuerpos ante el ingreso silencioso de venenos –en los primeros cinco años acumulan el 50% de plaguicidas que recibirán en toda su vida–, son algunas de las pruebas científicas que conforman la denuncia y que revelan cómo la Justicia Argentina se apartó del “principio de prevención” pese a que la evidencia de daños supera con creces la “incertidumbre científica” requerida.
Concretamente se acusó al gobierno de Entre Ríos, a su Poder judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de violar dos derechos elementales: el derecho a la salud y a la vida de niñas y niños del noreste argentino.
Un no-lugar
“El campo no es más un lugar para vivir. Y eso es política de Estado”, advierte María Fernández Benetti, una de las abogadas del Foro Ecologista Paraná, mientras analiza el impacto del modelo sojero en provincias como Santa Fe y Entre Ríos y pone en contexto la lucha que comenzó en 2017 para proteger a más de mil escuelas rurales que quedaron expuestas a fumigaciones aéreas y terrestres.
“Con el boom de la agricultura hubo un despoblamiento tremendo en el campo, un proceso de desruralización que se dio justamente porque cambió la matriz productiva. Antes los campos eran ganaderos, tenían hacienda y necesitaban más mano de obra. Había almacenes de ramos generales, escuelas, capillas, de todo. Ahora no se necesita tanta gente porque vienen las máquinas a trabajar, la mano de obra es mucho menos requerida. La gente sobra en el campo, molesta, porque necesitan darle lugar a los monocultivos”, explica.
En ese escenario quedaron levantadas 1.032 escuelas rurales, según un relevamiento realizado en 2017 por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que junto al Foro Ecologista Paraná ganaron el primer amparo ambiental. Consiguieron que se imponga un anillo de protección para edificios escolares restringiendo las fumigaciones terrestres a un mínimo de 1.000 metros y de 3.000 para las pulverizaciones aéreas.
Hasta entonces, la ley provincial que rige el uso de plaguicidas en la actividad agropecuaria entrerriana desde 1980 (ley 6.599) no contemplaba ninguna restricción espacial para fumigar en lugares con actividad escolar.
Lobby sojero
A esa primera sentencia le siguió un derrotero político y judicial que contó con dos decretos firmados por el gobernador entrerriano Gustavo Bordet, quien habilitó fumigaciones terrestres a 100 metros de las escuelas y a 500 cuando son aéreas. Las distancias fueron tildadas de “arbitrarias” y cuestionadas por no contemplar estudios científicos que señalan la amenaza que implica la exposición crónica de agrotóxicos para la vida y la salud de los niños.
Así lo entendió la Justicia entrerriana a través de cinco sentencias sucesivas que avalaron cada uno de los amparos presentados. Hasta que el criterio del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos dio un giro de 180 grados y falló a favor del gobernador Bordet, en su tercer intento de conseguir que la Corte provincial reduzca al mínimo el límite para fumigar cerca de las escuelas. Y lo logró. Para ello sancionó la ley provincial de procedimientos constitucionales (8.369) que modificó la composición de los miembros de la sala que debían analizar la problemática y que luego votaron a su favor.
La resolución quedó firme tras ser recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se tomó tres años para contestar que rechazaba analizar el caso. Ahora es el turno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Niños dañados
Uno de los informes de la denuncia –realizado por la Universidad Nacional de La Plata con validación internacional– da cuenta del daño genético que padecen los niños rurales.
El estudio se desarrolló en el departamento entrerriano de Uruguay, uno de los más afectados por la sojización, y consistió en tomar muestras de hisopado bucal en poblaciones infantiles de zonas urbanas y en áreas rurales con enclave agrícola. La comparación de mucosas resultó alarmante.
En el segundo grupo encontraron que 8 de cada 10 niños presentaban alteraciones genéticas en su ADN, modificaciones de células sanas en cancerígenas.
Los estudios aclaran que el daño genético es “reversible” ya que funciona como una advertencia temprana para enfermedades como el cáncer, pero que si no se interrumpe la exposición crónica y permanente a los plaguicidas, los niños pueden desarrollar patologías graves como la leucemia.
En ese sentido diferencian síntomas agudos y no persistentes en niños afectados por la pulverización involuntaria, del daño invisible y silencioso que provoca el efecto acumulativo de sustancias tóxicas en sus organismos.
A partir de esos resultados la denuncia señala que fumigar a tan corta distancia de las escuelas, además de implicar un riesgo y daño potencial a la salud de los alumnos constituye “un ataque” a las generaciones futuras.
Tercera generación
“Trabajamos en la equidad intergeneracional, porque tenemos que garantizar estar bien nosotros pero también garantizar nuestras futuras generaciones”, explica María Fernández Benetti tras mencionar que se utilizan químicos más nocivos que el glifosato, pero que sus efectos serán mucho más cruentos en la segunda y tercera generación. “Ese daño genético lo vas a poder pasar a tu descendencia”, dice.
Para ello presentaron un estudio de evaluación de la herencia epigenética transgeneracional sobre mutaciones inducidas por glifosato que se realizó con ratas hembras gestantes.
Los resultados demostraron que el impacto del glifosato fue insignificante en la generación F0 y en su descendencia F1, pero que hubo “incrementos dramáticos de patologías” en la generación de nietos F2 y en la transgeneracional de bisnietos F3.
“Este estudio demuestra que a veces la intoxicación aguda e inmediata es mínima pero que nadie está mirando el efecto crónico que nosotros lo llamamos daño silencioso. Es acumulativo y gota a gota nos va destruyendo el ADN”, agregó la especialista en derecho ambiental.
Vulnerables
Otro de los informes presentados fue realizado por la Sociedad Argentina de Pediatría, que a mediados de 2021 se expidió por primera vez sobre los efectos que provocan los agrotóxicos en la salud infantil.
El estudio advierte que “los niños presentan una vulnerabilidad particular a las exposiciones ambientales a plaguicida”, ya que por la superficie corporal tienen mayor tasa de absorción por todas las vías.
Agrega que durante los primeros cinco años acumulan el 50% de la exposición a plaguicidas que recibirán en toda su vida.
En relación al cáncer menciona que es una enfermedad de baja frecuencia pero que está aumentando en todo el mundo. Expone estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario y de Córdoba donde revelan que las poblaciones expuestas a pesticidas tienen una incidencia y una prevalencia en la carga de cáncer entre dos y tres veces superior a la media nacional.
En ese contexto señala que en la Argentina se utilizan 107 plaguicidas prohibidos en otros países del mundo precisamente por el efecto nocivo que provocan en la salud.
Y que el uso de esos químicos cuestionados se incrementó de forma exponencial en los últimos 20 años: se pasó de usar 3 litros por hectárea a 12, lo que implicó un salto de 100 a 520 millones de litros en todo el país.
“El promedio indica que cada habitante está expuesto a más de 11 litros de agrotóxicos por año, pero en zonas fumigadas esa cifra puede superar los 100 litros de exposición anual”, detallan.
A modo de ejemplo mencionan la localidad cordobesa de Monte Maíz que reveló 121 litros de agrotóxicos por persona, de los cuales 80 eran glifosato y el resto glufosinato, 2,4D, atrazina y clopirifos.
De esto no se habla
Otros de los estudios que hizo de base a la denuncia fue el que encabezó la científica Delia Aiassa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El trabajo evidencia la relación entre la leucemia infantil y uso de plaguicidas en las cercanías de las viviendas.
“Los resultados obtenidos permiten indicar que existe una exposición a genotóxicos en un grupo de niños con relación a otro”, detalla el informe tras mencionar que el marcador biológico utilizado detecta un nivel de daño celular todavía reversible.
“Estamos ante una crisis sanitaria super grande. Nadie quiere mirar los números exponenciales de diagnósticos de cáncer. En Entre Ríos hay un montón de niños con leucemia y con cáncer de sólidos en cerebro”, expone María Fernández Benetti.
Y cuestiona: “No hay estadísticas reales. Tenemos un Instituto Provincial del Cáncer que no dice lo que debería decir. Hay un subregistro. Muchos casos de linfoma no Hodgkin en adultos y también mucho cáncer de colon, justamente porque el intestino es el que tiene que filtrar todos los químicos que al cuerpo no le sirven. Necesitamos un registro real de salud pública”.
