En medio del avance de Juntos Por el Cambio para reemplazar el actual sistema de indemnizaciones por uno similar al que rige en la industria de la construcción, un informe privado echó por tierra el argumento de que tal esquema genera más trabajo y expuso con cifras que los niveles de contratación en ese rubro en los últimos trece años fueron similares al del resto de los sectores de la economía.
Los datos publicados por el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) demostraron que la existencia de un esquema flexible de contratación, tal como el que prevalece en la construcción, no condujo a un crecimiento diferencial en el empleo. De hecho, el análisis detectó que el régimen posibilita mayor velocidad de la destrucción de puestos laborales, un fenómeno que conduce a que los trabajadores ajusten sus demandas salariales a la baja, y sobre todo en contextos de crisis.
Ya en la campaña previa a las Paso, y días más tarde envalentonados con los resultados electorales, referentes de la coalición opositora reconocieron públicamente y a través de distintos proyectos de ley la intención de modificar las indemnizaciones por despidos. El referente del PRO y jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, insistió en más de una ocasión con la idea de migrar “de la indemnización a un seguro”, e insistió con la posibilidad de transformarlo en un régimen similar al que tiene la industria de la construcción.
El tema cobró relevancia durante los últimos días en el mundo sindical, donde prevalece de manera unánime el rechazo, y fue uno de los tópicos que tuvo lugar en la reunión del Comité Federal de la CGT durante este miércoles. Previo al encuentro, el secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), Pablo Moyano, afirmó que van a rechazar «cualquier intento de los candidatos de la derecha política de producir una nueva flexibilizacion laboral en el país».
El informe
El coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Luis Campos, dio a conocer algunos datos que echan por tierra el argumento de los referentes de Juntos Por el Cambio que pretenden un viraje hacia las condiciones laborales que rigen en la industria de la construcción, algo difícil de replicar ya que el sector contempla una lógica y una dinámica absolutamente distinta a la de los rubros tradicionales.
En primer lugar, Campos fue categórico y aseguró que la idea “no va a redundar en una mayor creación de empleo formal y va a implicar un recorte de derechos laborales”. A partir de un gráfico, trazaron un paralelismo en la evolución del empleo registrado en la construcción y en el resto de los rubros durante los últimos treces años con datos del Ministerio de Trabajo.
Con los datos expuestos en el gráfico, el coordinador del observatorio explicó: “La existencia de un esquema flexible de terminación del contrato de trabajo no condujo necesariamente a un crecimiento diferencial del empleo registrado”. La foto de los últimos trece años derriba la versión de que migrar al esquema laboral que tiene la industria de la construcción, generará más trabajo.
Pero los datos van más allá de la cantidad de empleos que se generaron o se perdieron. Al analizar los números de los últimos años, Campos detalló: “El despido libre permite que los empleadores ajusten rápidamente a la baja en contextos de crisis económica. La velocidad de la destrucción del empleo en la construcción fue mucho más rápida que en el resto durante las crisis de 2009, 2012, 2016 y 2019/20”.
Si bien luego de la crisis el rebote en la construcción es más rápido que en el resto de las actividades de la economía, ese indicador no se tradujo en un crecimiento diferencial en la ocupación durante los últimos 13 años. Esta situación tampoco condujo a un incremento de la formalidad. Según los datos de la CTA, en la industria de la construcción el 60% de los asalariados no tienen aportes jubilatorios.
Tres efectos colaterales
Por otra parte, el informe determina que la migración hacia un nuevo sistema dejará como saldo tres nuevas situaciones: reducción de indemnizaciones, aumento de precios y mayor disciplina laboral.
Respecto a la reducción de indemnizaciones, Campos explicó: “El monto que percibe un trabajador de la construcción que es despedido es inferior al que se aplica en la LCT: no hay preaviso ni integración, la base de cálculo es menor y no se aplica la regla de la mejor remuneración, normal y habitual”.
En segundo lugar, se refirió a un indefectible impacto en precios y detalló: “Al tratarse de un régimen general y obligatorio el aporte que hace cada empleador al fondo de desempleo se incorpora automáticamente a su estructura de costos y muy posiblemente se traslade a precios ya que afecta a todos los empleadores por igual”.
Por último, al referirse a una mayor disciplina laboral, evaluó: “Al no tener consecuencias gravosas para el empleador el despido libre se transforma en una amenaza muy potente contra los trabajadores que realicen cualquier tipo de reclamo, individual o colectivo”.
En síntesis, Campos consideró que “modificar la legislación laboral no solo no va a solucionar los problemas, sino que va a generar nuevos” y que mientras se mantenga la estructura productiva tal cual está, el nulo impacto positivo en el mercado de trabajo seguirá siendo el mismo.
¿Como es en la construcción?
La temporalidad de la presentación de los proyectos impulsados por referentes de Juntos Por el Cambio en Diputados y en el Senado, permitió que uno de los principales jefes de PRO como lo es Horacio Rodríguez Larreta recoja el guante y lo presente como el inicio de un cambio estructural de cara al 2023. En ese sentido, el jefe de gobierno porteño consideró que el sistema indemnizatorio para el mercado laboral argentino debería emparentarse a la legislación que existe actualmente en el sector de la construcción.
Es necesario aclarar que ese sector contempla una lógica absolutamente distinta a la de los rubros tradicionales ya que los contratos laborales suelen estar sujetos al tiempo de ejecución de una obra, ya sea en el ámbito público o privado. De manera que, intentar asemejar el régimen laboral de la construcción a otra actividad de la economía no resulta coherente.
De todas formas, es importante revisar el sistema de retiros o indemnizaciones que prevalece en la construcción, para tener una idea de lo que plantea el propio Larreta.
Para tener en cuenta, el Fondo de Cese Laboral vigente para el trabajador de la industria de la construcción de todo el país se integra con un aporte obligatorio a cargo del empleador, que debe realizarlo mensualmente desde el comienzo de la relación laboral, en una cuenta especial de cada trabajador abierta a tal fin en un banco. Un esquema pensado para contratos con extensión sujeta a la duración de una obra.
Durante el primer año de prestación de servicios el aporte resulta el equivalente al doce por ciento (12%) de la remuneración mensual, en dinero, que percibe el trabajador en concepto de salarios básicos y adicionales establecidos en la convención colectiva de trabajo de la actividad más los incrementos que hayan sido dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional en forma general o que hayan sido concedidos por el empleador en forma voluntaria, sobre los salarios básicos.
A partir del año de antigüedad, dicho aporte será del ocho por ciento (8%), y luego del cese laboral, el banco libera el acceso de los montos depositados al obrero, quedando a disposición de éste. Tras el cese laboral, el banco libera el acceso de los montos depositados al obrero, quedando a disposición de éste.
La intención de reemplazar el sistema indemnizatorio actual para llevarlo a un régimen como el de la construcción, coincide hasta en los porcentajes que percibirían los trabajadores por antigüedad según el proyecto de ley presentado por Martín Lousteau en el Senado. El planteo parece ir por ese sendero, sin importar las diferencias que existen entre ese mercado laboral y el resto de los que cuentan con trabajadores en relación de dependencia.
