Dos jóvenes fueron imputados por amenazas calificadas por anonimato y apología del crimen en concurso real, en calidad de autores materiales. Fue en el marco de los amedrentamientos que sufren desde el mes de marzo pasado integrantes de los organismos de derechos humanos y dirigentes políticos y sociales. Se trata dos jóvenes oriundos de San Juan y de La Rioja que fueron detenidos en allanamientos desarrollados esta semana en los que encontraron teléfonos celulares de donde salieron las amenazas más graves. Según contó la abogada querellante Nadia Schujman, de uno de esos teléfonos fue enviada una foto de un Falcon verde, similar al que utilizaba la Policía en la época de la última dictadura cívico-militar. Otro mensaje decía: “Prepárense para ser raptados”. En la investigación hasta el momento hay ocho acusados, tres de ellos con prisión preventiva, a lo que se suman estos dos acusados para quienes el juez Alejandro Negroni dictó medidas alternativas a su libertad, pese al pedido fiscal y de la querella.
La investigación por las intimidaciones que recibieron dirigentes de derechos humanos a través de grupos de whatsapp comenzó a fines de marzo pasado, cuando la abogada Nadia Schujman presentó ante el fiscal Gustavo Ponce Asahad una denuncia de un grupo de querellantes y víctimas de la dictadura, concejales, diputados, funcionarios, gremialistas y referentes estudiantiles. A través de teléfonos celulares que iban cambiando de número alguien creaba grupos de whatsapp (que superaban los 200 contactos) con los números telefónicos de las víctimas para hostigarlas y amedrentarlas, especialmente después de la masiva marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 24 de ese mes.
Los grupos tenían nombres como Muerte a Milagro Sala, El Tucu Vive (por el represor Eduardo Costanzo, que recientemente había violado su prisión domiciliaria) y Zitelli Vive, por el sacerdote de Casilda que falleció a fines de marzo, a poco de que debiera enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad. En esa aplicación de mensajería se lanzaban amenazas como “están todos secuestrados”, “disfruten sus últimas horas libres” o “prepárense para ser raptados”.
La Policía de Investigaciones realizó un operativo en abril y detuvo a cinco personas. Tres de ellas, que eran de Rosario, recuperaron la libertad, ya que no tenían vínculos con la denuncia. Los que quedaron presos fueron el policía federal Lucas Semec, detenido en la localidad bonaerense de Ensenada, partido de La Plata, y Teresa C., quien cayó en la ciudad de Pablo Podestá, partido de 3 de Febrero, también en el conurbano.
Ponce Asahad pidió 7 años de prisión para el policía Semec por los delitos de amenazas calificadas por anonimato en el grado de partícipe, apología del crimen (en la misma calidad) y distribución de pornografía infantil en el grado de autor. Es que Semec había sumado otra imputación luego de la evidencia que surgió de peritajes telefónicos, que lo encontró sospechoso de distribución de pornografía infantil, indicaron fuentes de la causa.
Sobre la base de nueva evidencia, se amplió la imputación original a Semec, de 40 años, apuntado como autor de publicar, divulgar y distribuir desde su celular “videos con representaciones de menores de edad en situaciones sexuales explícitas”, indicaron fuentes judiciales. Las imágenes y videos de pornografía infantil, cuya promoción y distribución constituyen un delito, surgen de los peritajes al teléfono celular del policía, dijeron voceros del caso.
En junio realizaron operativos en la ciudad de Córdoba. Los investigadores explicaron que uno de ellos se realizó en la vivienda de un estudiante de ingeniería de 19 años, identificado como Diego H. “El sospechoso no se encontraba, pero sí se halló dos CPU, una notebook y blísters con chips para telefonía celular que fueron enviados a analizar”, indicó el vocero judicial para agregar que al no poder ubicar al joven se le libró un pedido captura.
En el segundo allanamiento, los uniformados apresaron a Verónica A.B. y secuestraron de la vivienda los teléfonos celulares de ella y el esposo. La sospechosa fue acusada formalmente días después, por amenazas calificadas y apología del delito, igual que su pareja, Julio César A., ya que en el celular del que partieron las intimidaciones primero estaba como titular la mujer y después pasó a su esposo.
