El gobernador Omar Perotti convocó a ambas Cámaras del Congreso santafesino a sesiones extraordinarias, con un temario prácticamente excluyente: por un lado la economía y por otro la seguridad. Sobre esta última problemática la Casa Gris avanza en declarar la Emergencia tanto para el Ministerio de Seguridad como para el Servicio Penitenciario provincial. “Básicamente se trata de agilizar las compras y adquisiciones de bienes y servicios necesarios”, explicó a El Ciudadano el secretario de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la provincia, Oscar Urruty. Y dio un ejemplo de lo más sencillo: “El Servicio Penitenciario requiere compras de colchones, por cientos. Y los instrumentos que tiene el Estado actualmente para llevar adelante una compra están absolutamente trabados: podemos estar meses y hasta diría un año para poder hacer una adquisición de ese tipo”, marcó. Y más caros que los colchones son dispositivos tecnológicos que se revelaron como imprescindibles: “body scan”, que son equipos para detectar qué entra y qué sale de las cárceles, e inhibidores de señal, que bloquea la posibilidad de que jefes encarcelados puedan dar órdenes a sus cómplices que están libres y organizados, como la Justicia comprobó que vienen haciendo, incluso para cometer asesinatos de testigos.
Así, ambas facultades aparecen como una urgencia. La ley de Emergencia para el Servicio Penitenciario es un proyecto del senador Rubén Pirola (Las Colonias), del bloque justicialista, y es un proyecto único: tiene media sanción de la Cámara alta y ahora Diputados lo tratará en el período de extensión.
“Cuando hay extraordinarias hay una coordinación de las dos Cámaras que sesionan en el mismo día, en los mismos horarios y se van pasando los proyectos. Que le hagan alguna modificación no representa un obstáculo”, explicó a este diario el secretario Urruty.
El funcionario insistió en la necesidad de contar con dispositivos tecnológicos de prevención del delito en una aspecto que puede sonar surrealista, pero es realidad cotidiana. No sólo en Santa Fe ni en la Argentina las organizaciones delictivas conservan poder de fuego y de acción dentro o desde las cárceles. Basta recordar que hace casi 30 años, en julio de 1992, el legendario narco colombiano Pablo Escobar se fugó de la prisión llamada La Catedral; una cárcel en la que había permanecido detenido rodeado de lujos y dirigiendo desde allí la organización que creó, el cártel de Medellín.
“Cuando hablamos de inhibidores para celulares y de body scan para las principales unidades penitenciarias, son elementos millonarios en costo, y eso requiere de instrumentos mucho más ágiles que nos permitan resolver los problemas en tiempos cortos”, marcó Urruty. Y advirtió que no importan los controles que impongan los legisladores para garantizar la transparencia de las inversiones: lo que importa son los tiempos.
En tanto, para la ley de Emergencia en Seguridad hay dos proyectos: uno de la diputada Lionella Cattalini, del bloque Socialista en el Frente Cívico, que también lleva la firma de otros integrantes de la bancada; y otro del senador Alcides Calvo (Castellanos), del bloque justicialista, también junto a varios de sus pares. Es decir hay dos proyectos en el mismo sentido, uno en cada Cámara, pero ninguno recibió media sanción. Lo que pide el Ejecutivo es que se avance en cualquiera de los dos, el primero que tenga despacho favorable: la lógica es que ambas iniciativas terminen unificadas vía modificaciones sobre uno u otro proyecto: Urruty entiende que ninguno es antagónico del otro, con lo cual –y dada la urgencia pública del tema– se aprobaría “entre la semana que viene y la posterior”. Y que no lleguen a limarse las diferencias entre los proyectos tampoco es un problema: “A nosotros nos sirve cualquiera de los dos”, marcó el funcionario, dando cuenta del apuro de la Casa Gris por contar también con esa herramienta.
“Hay que avanzar en otorgamiento de adicionales a policías por las tareas que hacen; necesitamos tener protección de testigos, y se requieren instrumentos muy particulares que solamente la ley de Emergencia permite. Lo mismo para comprar insumos: el Ministerio de Seguridad no es un área que se maneje con insumos de papel y tonner”, sostuvo el secretario de Gobierno y Justicia.
Y sintetizó: “No es un problema de recursos. No es que no tengamos, es un problema de lo trabado que es poner esos recursos para poder hacernos de lo que necesitamos. Estamos en un tiempo excepcional y necesitamos mecanismos excepcionales”.
Urruty también recordó que por un lustro, todo el período de gobierno de Antonio Bonfatti y los inicios de la gestión del fallecido Miguel Lifschitz la Casa Gris “trabajó con leyes de Emergencia”, y por ello rescató como “muy positivo” que una de las iniciativas que se van a discutir “surge del propio socialismo”.
“Hay un alto nivel de conciencia de lo que se necesita para enfrentar situaciones como ésta”, resumió.
Está claro, por todo, que el gobierno de Perotti no espera un camino pedregoso: la reunión que mantuvo el mandatario con las y los jefes de bloque de la Legislatura allanó todo. Incluso el reclamo opositor de “devolver” el Servicio Penitenciario a la órbita de Seguridad: Urruty explicó que se va a hacer por decreto y que no hace falta modificar la ley de Ministerios, para llevar a la práctica la decisión, que ya está tomada.
Hasta ahí todo queda en territorio santafesino, pero hay un aspecto más, y es nacional: Perotti se va a reunir la semana que viene con los legisladores nacionales de la provincia para empujar “reformas estructurales en lo que es la Justicia federal”. ¿De qué se trata? Básicamente de que se cubran con urgencia las vacantes en los juzgados federales que actúan en Santa Fe, que se abran más, y que se incorporen nuevas Fiscalías. La espiral delictiva que afecta a todo el territorio provincial, especialmente en el sur torna urgente las gestiones en tal sentido, y sobre esa dirección avanza la Gobernación.
