El gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin encabezaron este viernes una reunión de trabajo con jueces y fiscales de los fueros provincial y federal para buscar puntos de coordinación y avance ante la nueva catarata de homicidios, ataques violentos y delitos de todo tipo que se abate sobre los vecinos de Rosario y la región. Uno de los ejes clave que acordaron en avanzar es la intensificación del trabajo integral en cárceles, esto es desde la cuestión personal sobre quienes cumplen condenas o están bajo prisión preventiva, hasta los controles a través de dispositivos sobre objetos que entran o salen de las cárceles en las visitas y, sobre todo, de las comunicaciones que mantienen los reclusos: ya está más que claro que desde adentro mantienen control sobre los recursos humanos de las bandas y que desde las celdas se ordenan operaciones que de todo tipo, incluyendo asesinatos de testigos, miembros de grupos rivales y hasta activos propios, a modo de castigo y advertencia.
Del cónclave tomaron parte, además del gobernador y el intendente, los ministros de Seguridad, Claudio Brilloni; de Gestión Pública, Marcos Corach; el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini; la fiscal Regional del MPA, María Eugenia Iribarren, y el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Gustavo Salvador, entre otros representantes.
Además, también estuvieron presentes el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda; la vocal de la Cámara, Silvina Andalaf Casiello; el titular del Juzgado Federal 3, Carlos Vera Barros; el titular del Juzgado Federal 4, Marcelo Bailaque; el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, Oscar Fernando Arrigo; el fiscal federal 2, Claudio Kishimoto, y la fiscal federal 3, Adriana Saccone.
La reunión tuvo lugar mientras los delitos comunes y callejeros atraviesan nuevos límites de violencia y desprecio, generando conmoción general: un preso con salidas transitorias que junto a su hijo en silla de ruedas balea a un matrimonio para robarle su camioneta; una pareja en moto que atropella a una ciclista para quitarle sus pertenencias; un asalto a mano armada a pasajeros y chofer dentro de un ómnibus del transporte urbano cuando atravesaba una potencial vía de escape, como las cada vez más ocupadas vías del ferrocarril Belgrano. A esos hechos, que parecen dejar en modo de pacifismo Zen a los cotidianos arrebatos de celulares, se suman violentos ataques a sedes sindicales, balaceras sobre domicilios particulares, medios e instituciones, y crímenes fatales que vuelven a ser récord por sus cifras.
Muerte y dolor, y violencia sin fin son titulares cotidianos de El Ciudadano, en una repitencia de hechos con pólvora que movilizaron recambios en áreas de Seguridad, replanteo de estrategias y una reacción ciudadana creciente, con manifestaciones de protesta y declaraciones a nivel institucional, además de reclamos hacia el gobierno nacional. En ese marco se inscribe otro de los ejes de la reunión, en la que se acordó redoblar los pedidos para la urgente cobertura de cargos vacantes en el fuero federal en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe. También se consensuó el pedido de tratamiento urgente en sesiones extraordinarias para el proyecto de ley presentado por los legisladores nacionales de Santa Fe, acordado entre las distintas fuerzas que componen el oficialismo y la oposición a nivel nacional.
En cuanto al frente interno, además de ajustar el trapiche sobre el Servicio Penitenciario y la Policía de Santa Fe, la hoja de ruta contempla el fortalecimiento de las agencias de investigación en las que revistan los agentes mejor capacitados y calificados, apartados de sospechas de corrupción o protagonismo en bandas criminales. No se habló –al menos por ahora– de una depuración o examen sobre los recursos humanos de la fuerza policial provincial, vista por no pocos sectores políticos como parte del problema en lugar de su solución. De cualquier modo el fenómeno también está circunscripto geográficamente: el termómetro al rojo tiene epicentro en Rosario y la región, en el resto del territorio provincial, e incluso en todo el país, salvo zonas específicas del Gran Buenos Aires, los índices continúan entre sus medias históricas, simplificando las estrategias de abordaje que a nivel local vienen fallando una tras otra.
Otro de los ejes de discusión fue el aspecto social de la problemática: la aceleración de la urbanización de los barrios populares y la reconversión de sus habitantes en sujetos de derechos, cuyo contacto usual con el Estado no sea solamente a través del uniforme, se impuso como prioridad de agenda para bajar los índices de violencia y conflicto.
En esa línea el pedido común al gobierno nacional es un mayor despliegue, tanto de personal como de recursos tecnológicos y de infraestructura. “Se acordó trabajar de manera fuerte en el entorno de las cárceles y entre los ejes abordados figura el trabajo a nivel carcelario para garantizar que no existan celulares allí dentro, además de llevar un control para que no se planifiquen delitos desde una celda”, señaló la ministra de Gobierno, Celia Arena, al concluir la reunión.
“El gobernador transmitió al presidente (Alberto Fernández) la necesidad de contar con la aprobación del proyecto de ley para fortalecer la Justicia federal y por eso necesitamos que se concrete por lo menos en el mediano plazo. Este acuerdo debe estar firmado, aprobado y motorizado por todas las fuerzas políticas de la Legislatura de Santa Fe, y es muy importante porque significa consenso, articulación y la voluntad de avanzar en ese sentido”, abundó la funcionaria. Un punto a favor en esa línea es la reciente reunión de Perotti con el flamante jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, quien conoce de primera mano lo que ocurre en la ciudad, tanto a nivel personal como a través de los militantes de la Corriente Nacional, que mantienen asociaciones, clubes y bibliotecas en zonas comprometidas del sur, el oeste y el norte del territorio rosarino.
