De la huelga de carreros rosarinos a la huelga general nacional en 1907

Especial para El Ciudadano

Los meses de la cosecha fueron siempre particularmente conflictivos en el campo obrero durante el período de consolidación del modelo agroexportador argentino a fines del siglo XIX y la primera parte del siguiente. Tal fue así que, a finales de 1906, los obreros estibadores portuarios entraron en huelga por el no cumplimiento del horario de verano que debía regir desde el primero de octubre, huelga que terminó en balaceras y muertos. Casi en simultáneo los obreros del ferrocarril en toda la provincia comenzaron huelgas contra la empresa francesa que poseía el monopolio sobre dicho sector clave para el país.

En un país con una matriz agroexportadora como Argentina, resultan nodales fundamentalmente tres sectores productivos: marítimos, ferroviarios y transportistas. Esto se debe a que constituyen el nexo entre la producción agrícola-ganadera y los puertos, es decir entre la producción y su exportación. La paralización de cualquiera de estas tres patas productivas constituye un serio daño económico, máxime si paran, justamente, las tres en simultáneo. En enero de 1907, al calor de las luchas mencionadas de ferroviarios y marítimos, se suma una huelga de carreros, que inmediatamente supone la adhesión de los cocheros y a los pocos días de los tranviarios, formalizando el parate completo del transporte.

Sin embargo, a diferencia de las luchas de sus pares del riel y del puerto, la del gremio del rodado (nombre con que se conoció al conjunto de estos sectores del transporte) comenzó por un asunto bien distinto al que solía mediar entre obreros y patrones. En esta oportunidad, la huelga fue declarada ante la negativa municipal de dar un paso atrás con las modificaciones implementadas al Reglamento del Tráfico Público a mediados del año previo, las cuales entraron en vigencia a partir de octubre de 1906.

Los puntos reclamados fueron varios, sin embargo, uno fue particularmente resistido, el N°41, que establecía que todo conductor debería portar una libreta de buena conducta en la cual se harían anotaciones sobre faltas y contravenciones, al tiempo que no debía tener malos antecedentes policiales. Aquella libreta llevaría, a su vez, huella dactiloscópica y fotografía.

Hoy no sólo nos parece obvio, sino inclusive un derecho poseer un DNI o un carné de conducir que lleva toda aquella información. No obstante, en aquel entonces fue percibido como un atropello a las libertades individuales, pero sobre todo como un formato de criminalización por medio del cual serían prontuariados, tal como se hacía policialmente.

Razones tenían quienes así lo entendieron: después de todo aquella medida no sólo respondía a los intereses municipales de modernizar y domesticar el mundo del transporte, el cual comenzó a contar con tranvías eléctricos justamente en aquella coyuntura, sino también los del Jefe Político de la ciudad, Néstor Fernández, quien fue promotor de la modernización y ampliación de la policía en la ciudad.

 

La gestión de Fernández fue breve, pero intensa, destacando entre las medidas adoptadas la creación de la División de Investigaciones de la Policía de Rosario, entidad que venía a suplantar a la antigua Comisaría de Pesquisas, pero fundamentalmente la adopción de los prontuarios policiales y el progresivo reemplazo del sistema antropométrico de Bertillon por el moderno dactiloscópico creado por Juan Vucetich.

El hecho de poseer faltas o antecedentes policiales negativos era un peligro para la conservación del empleo o para conseguirlo, contra lo cual se rebelaban los obreros. Pero esto también lo reclamaron sectores patronales del mundo del transporte, al advertir al Intendente Nicasio Vila en una carta que aquel sector laboral era altamente volátil, puesto que no existían los choferes de oficio, sino meros desempleados ocasionales que pasaban por ese mercado laboral a falta de algo mejor, dejándolo para irse a la cosecha donde los salarios eran más elevados, aunque estacionales. De esta forma, aquellos cambios en el reglamento eran un problema para varios sectores.

El 15 de enero comenzó la huelga, la cual contó con el apoyo de la Federación Obrera Local Rosarina (FOLR), entidad hegemónicamente anarquista, pero con presencia de gremios no exclusivamente ácratas. Bajo su liderazgo aquella huelga de una rama del transporte pasó velozmente a una huelga general en toda la ciudad. La situación era muy delicada, se corría el riesgo de perder la producción exportable, algo que dejó bien en claro la Bolsa de Comercio de Rosario al enviar emisarios de manera urgente a reunirse con el gobernador Pedro Echagüe para pedirle que destrabara la situación.

Por otro lado, desde las principales centrales obreras nacionales, asentadas en la Capital Federal, declararon su solidaridad con los obreros rosarinos. Así, la Federación Obrera Regional Argentina (Fora) y la Unión General de los Trabajadores (UGT) entraron en diálogo para tomar una acción conjunta cuando la FOLR diera la orden. Este dato no es cosmético si tenemos en cuenta que ambas centrales nunca habían operado de forma conjunta desde su ruptura ideológica a inicios de siglo, lo cual permite dimensionar cuánto estaba en juego en términos estratégicos en aquella huelga rosarina.

Por su parte, un agobiado gobierno nacional en manos de Figueroa Alcorta veía con preocupación la manipulación opositora de los hechos, al tiempo que algunos medios fogueaban el fantasma de otro levantamiento militar de los radicales, como lo dejaba ver entrelíneas Deolindo Muñoz, director y dueño del diario local El Municipio.

 

El 24 de enero ambas centrales obreras llamaron a la huelga general en todo el territorio nacional para el día 25. Aquella huelga obtuvo un nivel de acatamiento destacado, paralizando la actividad en las principales ciudades del país. Lejos de buscar una solución práctica, el gobierno nacional militarizó la ciudad con regimientos y acorazados en las costas, aumentando la tensión.

En simultáneo, el Congreso Nacional se encontraba debatiendo la ley de creación del Departamento Nacional del Trabajo (DNT), alertando el Ministro del Interior el día 23 en la Cámara alta que resultaba urgente su aprobación, habida cuenta de los sucesos de Rosario.

A su vez, las federaciones obreras de Brasil, Paraguay y Uruguay ofrecieron su apoyo para declarar huelgas nacionales en solidaridad con los obreros argentinos, de ser necesario. La situación había escalado a tal nivel que el Gobernador finalmente pidió la renuncia del Jefe Político, mas no la del Intendente.

Finalmente, el día 26 de enero un grupo de obreros del rodado se reunió con el Intendente y el Jefe Político reemplazante (el de Santa Fe, enviado a Rosario). Se acordó la liberación de los presos durante la huelga, al tiempo que un compromiso del Intendente de que se harían tratar todos los cambios solicitados por los obreros cuando el Concejo Deliberante volviera a sesionar en marzo siguiente. Amén de las sospechas de levantar la huelga con promesas, se acató lo acordado y la huelga llegó a su fin, cumpliendo Nicasio Vila en marzo con lo pactado.

Si bien se lograron cambios significativos en el reglamento del Tráfico Público, no todo fue una victoria. Depuesto el Jefe Político e impulsor de las medidas prontuariales, sus ideas continuaron y el prontuario policial se instaló de forma permanente y sistemática en la Policía de Investigaciones, la cual comenzó un proceso de ampliación y sistematización de su uso durante aquel año. Aquella victoria obrera en una de las mayores huelgas de la década supuso, sin embargo, un punto de llegada antes que uno de partida para buena parte de la militancia rosarina.

Aquel año 1907, que había comenzado de forma prometedora para la lucha obrera con esta huelga, sería el último de un ciclo de luchas hasta entonces conocidas. La represión policial fue en aumento, desbaratando buena parte de los intentos huelguistas futuros, deteniendo, prontuariando y deportando a muchos obreros.

Así, la huelga que anunciaba un devenir de éxitos terminó por mostrarse como una espada de Damocles para los sectores más combativos, como el anarquismo, quienes progresivamente vieron menguadas sus posibilidades de lucha ante una policía cada vez más sofisticada y al calor de fracturas ideológicas al interior del propio anarquismo.

De esta forma, a instancias de las rebeliones populares fuertemente reprimidas del Centenario en Buenos Aires en 1910, los obreros rosarinos no pudieron sumarse como era esperado de la tan aguerrida Rosario, puesto que ya hacía al menos tres años que la represión local había obligado a ensayar otras formas de luchas menos impactantes.