El gobierno de la provincia de Córdoba, encabezado por José Manuel de la Sota, aseguró que apelará la decisión del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, que dictó una medida cautelar de no innovar, que impide derribar o demoler la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1), ubicada en la capital cordobesa, en la que se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
El ministro de Comunicación, Jorge Lawson, anunció que «apelarán la medida» ante la Cámara Federal de Apelaciones e insistió en el plan de construir «un parque y dos museos», aunque «respetando la memoria» por lo ocurrido en la cárcel ubicada en el barrio de San Martín, que fue cerrada oficialmente semanas atrás.
Además, el funcionario expresó: «Vamos a avanzar con nuestro proyecto urbanístico en el lugar», con lo que ratificó lo que el gobernador De la Sota había anunciado el 1 de febrero, cuando inauguró el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, oportunidad en la que anunció la construcción de un parque para revalorizar la zona.
Esta mañana, el juez Vaca Narvaja dictó una medida cautelar de no innovar, que impide demoler el lugar, por considerar que, tanto en el juzgado a su cargo «como en la Fiscalía Nº 3, hay numerosas investigaciones en curso por violaciones a los derechos humanos que hubo en ese establecimiento durante la dictadura y antes».
De acuerdo con el magistrado, la medida apunta a resguardar el lugar, porque en los juicios por delitos de lesa humanidad que se sustancian en Córdoba, hay testigos que hicieron referencia a «la UP1, que sigue siendo objeto de prueba procesal».
El juez aclaró que la prohibición de innovar puede extenderse por «un año o por tres», porque, «si bien los jueces ya conocen el lugar y se han realizado inspecciones oculares, por las garantías procesales que existen, en los futuros juicios habrá que hacer nuevas inspecciones», razón por la cual hay que preservar la UP1 impidiendo su demolición o refacción.
