Luego de que la sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y Civil de los Tribunales locales ratificara el fallo de primera instancia de la Justicia que resolvió en su momento la entrega del inmueble a la masa de acreedores de la quiebra del ex hipermercado Tigre, los trabajadores de la cooperativa y Centro Cultural La Toma, ubicado en Tucumán al 1300, decidieron ayer en forma unánime en una asamblea donde participaron alrededor de 300 personas “no moverse del lugar”. Los integrantes de la organización volvieron a aferrarse y sostener como argumento principal de la movida el hecho de que fue la propia Legislatura provincial la que decretó en dos oportunidades la expropiación del lugar en beneficio de los trabajadores, quienes usan el edificio con fines sociales y comerciales desde hace más de nueve años. Igualmente, es casi un hecho que la resolución conocida esta semana será apelada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Gran cantidad de personas –unas 300– se hicieron presentes ayer a las tres de la tarde en punto, momento en que comenzó la asamblea, en la edificación de calle Tucumán. Varias organizaciones políticas, sociales, y sindicales, entre las que se destacó la presencia del Sindicato de Prensa, Luz y Fuerza, la Bancaria, la Asociación Empleados de Comercio, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la agrupación Hijos, se dieron cita en el lugar para decidir los pasos a seguir luego de la adversa decisión judicial. Entre los presentes también pudo observarse a la diputada provincial del Frente para la Victoria Claudia Saldaña, el concejal socialista Pablo Colono y la del subsecretario de Gobierno Miguel Pedrana, quien fue el encargado de llevar la adhesión de los gobiernos provincial y municipal.
En la asamblea, finalmente los trabajadores decidieron, a pesar del fallo, no moverse del lugar. Además, se volvió a avalar el pedido de los integrantes de la cooperativa de pedir la ley de “expropiación definitiva” y “sin ningún tipo de indemnización” ante las instancias legislativas nacionales y provinciales, quienes son “los que deberían discutir este tema”, expresó Carlos Ghioldi, uno de los fundadores.
En tanto, en el encuentro también se logró el compromiso de varias de las agrupaciones que ayer estuvieron presentes en el edificio de calle Tucumán de asumir la defensa del lugar ocupando la guardia nocturna junto a los trabajadores, quienes tras el primer fallo judicial ya lo venían haciendo. Además, todas las agrupaciones presentes asumieron el compromiso de organizar campañas para juntar firmas, organizar eventos y convocar a otras instituciones para reafirmar la lucha
En torno del fallo judicial conocido el jueves, en su decisión los jueces Mario Chaumé, María del Carmen Álvarez y Avelino Rodil hicieron lugar al pedido de la sindicatura que tiene a su cargo la quiebra del ex hipermercado Tigre. “Como se ha dicho en casos análogos, cuando una ley de expropiación es dictada en el marco de una quiebra, donde los derechos de los acreedores están en juego, cabe exigir del expropiante una actitud diligente con respecto no sólo al pago sino también a los plazos. Si bien se le permite al Estado utilizar su facultad expropiatoria por causas de utilidad pública, aun en estos casos cabe exigir de parte de éste una conducta de buena fe. La expropiación temporaria no puede constituirse en un instrumento confiscatorio que detenga el ejercicio de los derechos de los acreedores”, se lee en una parte del fallo.
“La gravedad de los perjuicios sufridos por los acreedores es evidente si se tiene en cuenta que los mismos han visto postergados sus derechos crediticios durante el extenso proceso de la quiebra”, se añade en otra parte del escrito.
En las últimas horas, el senador provincial socialista Juan Carlos Zabalza salió públicamente a defender la continuidad del Centro Cultural. El hecho no es obra de la casualidad.
El 19 de agosto de 2004, la provincia de Santa Fe dictó la ley 12.317, en virtud de la cual se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación para uso temporal el inmueble así como los bienes muebles inventariados. Esta medida terminó siendo revocada más tarde por el propio Ministerio de la Producción al fundamentar que el programa de explotación del establecimiento presentado por la Cooperativa Trabajadores Solidarios en Lucha Limitada no reunía los requisitos previstos.
Sin embargo, cinco años más tarde, en 2009, el gobernador Hermes Binner firmó un decreto que promulgaba la ley de expropiación del inmueble mediante la aprobación de la ley 12.964 que había sido votada con anterioridad en ambas cámaras legislativas. Con ese acto, se declaró al inmueble como “de utilidad pública y sujeto a expropiación el uso temporal”. Por su parte, los bienes expropiados fueron adjudicados a favor de la cooperativa, la que está inscripta en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa.
“La verdad es que el gobierno provincial, hasta ahora, nos viene bancando. La forma en que intervendrán ahora la verdad que no lo sé. Pero es importante que se haya mandado una adhesión y hayan asumido la resolución junto a nosotros”, sostuvo Ghioldi. Si bien el dirigente no lo confirmó, la resolución seguramente será apelada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
