Más de 10 de los supuestos espiados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri ya solicitaron ante la justicia ser tenidos por querellantes, en el marco del expediente en el que se investigan si sus correos electrónicos fueron interceptados.
Las presentaciones fueron realizadas por dirigentes y periodistas que figuran en la lista de más de 80 víctimas del espionaje narrado en la denuncia que la actual inervación de la central de espías, a cargo de Cristina Caamaño, presentó esta semana ante la justicia federal porteña y que fue impulsada ayer por el fiscal Jorge Di Lello.
La primera en presentar un escrito ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi para ser tenida por querellante fue la ex legisladora y ex ministra de Educación de Tucumán, Silvia Rojkes, que es además hermana de la ex senadora Beatriz Rojkés –que llegó a estar tercera en la línea de sucesión del segundo gobierno de Cristina Fernández- y cuñada del ex gobernador de Tucumán José Alperovich.
El código procesal penal establece que «toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir» las decisiones que se tomen en el marco del proceso.
El segundo en solicitar ser tenido por querellante fue el periodista Luis Majul cuyo nombre también aparecía entre los de aquellos cuyos correos electrónicos habrían sido interceptados, según consta en la denuncia a la que tuvo acceso Télam.
Ayer, y a través de un mismo escrito, también se presentaron en el expediente la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la Provincia de Santa Fe, Lucila Puyol y la militante de la agrupación HIJOS Santa Fe Valeria Silva.
En el escrito al que accedió Télam los querellantes apuntaron contra el ex presidente Macri como el máximo responsable del supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos.
«Es imperante resaltar que la AFI es un organismo caracterizado por la verticalidad y la concentración de información, lo cual torna evidente que un agente que ocupa una posición subalterna difícilmente pueda decidir, por sí solo, recolectar información de casi un centenar de personas, entre ellas políticos, activistas y periodistas, inclusive vinculados al oficialismo del momento», señalaron.
«Difícil resulta imaginar la posibilidad de que durante años se leyeran ilegalmente los mails de quien entonces fuera jefe del Bloque de la Cámara de Diputados de la Nación del partido oficialista (por Nicolás Massot), o a la titular de la Oficina Anticorrupción (por Laura Alonso), sin que existiera una orden directa de la propia Presidencia de la Nación», aseguraron.
En la denuncia de Caamaño se indicó que, además de haber sido supuestamente espiados los dirigentes de la oposición al gobierno de Cambiemos, también lo habrían sido algunos dirigentes que lo integraron como Alonso, Massot y los radicales Mario Negri y Ernesto Sanz.
Sobre las últimas horas del viernes, requirió ser tenido por querellante el presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, y otros ocho integrantes de esa fuerza política cuyos nombres aparecieron en el listado de víctimas de la denuncia presentada por Caamaño.
Nuevo Encuentro solicitó además que el propio partido sea tenido como querellante, bajo el patrocinio de los abogados Martín Haissiner y Sergio Zurano, habida cuenta de la cantidad de miembros de ese espacio que habrían sido espiados.
En todos los casos, los requerimientos deberán ser evaluados por el juez Martínez de Giorgi aunque fuentes judiciales adelantaron a Télam que el juzgado aceptaría las presentaciones de todos aquellos que figuran en el listado de víctimas e incluso notificaría a quienes no se hubieran presentado para que decidan si quieren o no hacerlo.
De la denuncia surgía que durante las tareas de relevamiento de la agencia de inteligencia se había encontrado un disco rígido en el que se hallaron rastros digitales que daban cuenta de la conexión de dispositivos externos en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales entre otros.
