Por: Ezequiel Nieva / Corresponsalía Santa Fe
El titular del Ministerio Público de la Acusación de la provincia, Julio De Olazábal, aseguró que luchará “a brazo partido” por la autonomía del organismo y admitió que a lo largo del proceso de reforma penal hubo “roces” con la cúpula del Poder Judicial, en particular con los miembros de la Corte Suprema. De Olazábal juró el martes –junto al resto de las autoridades del nuevo sistema penal– y al día siguiente dio una conferencia para explicar cómo funcionarán los nuevos órganos judiciales.
El funcionario hizo hincapié en el carácter autónomo y autárquico que –por ley– tienen tanto el Ministerio Público Fiscal como el Servicio Público de Defensa Penal. “No vamos a recibir órdenes de ningún otro cuerpo”, remarcó De Olazábal. La autonomía administrativa y autarquía financiera están dispuestas en las leyes complementarias del nuevo Código Procesal Penal, pero para el fiscal general es necesario que los órganos sean incorporados en una futura reforma constitucional.
En la conferencia, el funcionario repasó el proceso de reforma y trazó varias comparaciones entre el viejo sistema y el nuevo. Calificó de “antiquísimo e inflexible” al código vigente desde 1896 y recordó que concentraba todas las funciones en la figura del juez de instrucción. En ese esquema, el Ministerio Público cumplía sólo tareas formales. “Como la quinta rueda de una carreta”, graficó De Olazábal para definir el carácter “poco eficaz” de los fiscales y el hecho de que el sistema podía funcionar tranquilamente sin la participación del Ministerio Público.
“Con ese esquema, el servicio de justicia era insatisfactorio”, siguió el funcionario. De allí las sucesivas quejas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, órgano que advirtió –por ejemplo en la revisión del caso Fraticelli– que en la provincia no se respetaban las garantías constitucionales de las víctimas ni de los imputados. Para explicar por qué supervivió ese sistema por más de un siglo, De Olazábal sólo atinó a mencionar “razones históricas”.
“El Ministerio Público de la Acusación es un organismo novedoso en la provincia y tiene la singularidad de ser un cuerpo que, en cada una de las cabeceras de las cinco circunscripciones judiciales (Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto), tiene un fiscal regional que es quien va a organizar y dirigir todas las investigaciones y acusaciones que se deban hacer en cada región”, explicó el funcionario.
“Para entender este nuevo organismo es necesario hacer una mención sobre la forma en que se administraba justicia en la provincia de Santa Fe. Teníamos un Código Penal que se interpretaba en una forma totalmente inflexible. Se suponía que todo debía ser investigado con el mismo rigor: una violación seguida de muerte y el hurto de un vaso de agua. Se concentraba en las manos del juez de instrucción las funciones de persecución y de acusación y dejaba al fiscal en una posición ambigua”.
De Olazábal rememoró las distintas etapas del proceso de reforma penal, iniciado luego de “los problemas serios” que tuvo Santa Fe con la Corte nacional por la inconstitucionalidad del viejo código. Recordó el primer intento de reforma bajo el segundo mandato de Carlos Reutemann, que no prosperó. Y añadió la experiencia –en el segundo gobierno de Jorge Obeid– de la comisión especial que se conformó para redactar el anteproyecto de reforma, sancionado por la Legislatura en 2006.
“En cumplimiento de una verdadera política de Estado, la gestión actual de gobierno asumió la reforma y la ha ido llevando adelante”, siguió el fiscal De Olazábal. “En el Ministerio Público Fiscal nos encontramos con que hay una importante obra que realizar en 180 días. Tenemos que crear todas las estructuras y esa tarea no va a ser sencilla, va a ser dificultosa”. Entre otros requisitos, el organismo deberá contar con más de 100 fiscales –que deberán concursar sus cargos y luego ser avalados por la Asamblea Legislativa–, además de una nueva estructura edilicia para cada una de las circunscripciones de la provincia.
“El nuevo Ministerio Público es un órgano autónomo y autárquico pero está ubicado dentro del Poder Judicial. En el largo debate que se produjo en la Argentina respecto de dónde tiene que estar ubicado el Ministerio Público se ha decidido que forme parte del Poder Judicial. Pero lo importante es que estamos integrando el Poder Judicial con absoluta autonomía administrativa y autarquía financiera. Y mientras yo esté al frente de esta gestión estoy dispuesto a luchar a brazo partido para mantener esta autonomía; para que el fiscal acuse, tiene que tener absoluta independencia”.
