Los Tribunales Federales de Rosario de Entre Ríos y bulevar Oroño junto a todas las dependencias de la Justicia nacional protagonizan este jueves un paro por 24 horas. En Rosario la medida implica un cese de tareas de unos 350 trabajadores, que en la región pasan el medio millar. Al tope de las demandas está, lógicamente, un aumento de salarios para todos los trabajadores del área, pero de ahí en más hay una serie de exigencias que se empujan casi con similar fuerza: una de ellas es que de una vez por todas los empleados judiciales nacionales se equiparen en derechos al resto de los trabajadores, es decir, que tengan un convenio colectivo y una mesa de paritarias para discutir cuestiones salariales y condiciones laborales.
El secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Agustín Bruera, explicó a El Ciudadano que la medida de fuerza es de alcance nacional y se cumple por 24 horas en todas las dependencias judiciales nacionales del país, pero también en las casas de los trabajadores, por la vía de la desconexión los que no cumplen tareas presenciales pero realizan su labores por teletrabajo.
Bruera explicó que la demanda es un 20% de aumento salarial, pero además un extra de 10 mil pesos, como monto remunerativo, para remontar la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios por inflación.
El dirigente sindical explicó que en su área, al no tener paritarias, los aumentos salariales los decide y aplica la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Así, la medida de fuerza es por el “atraso” en la recomposición de sueldos, cuando los empleados de la Justicia continuaron trabajando durante toda la cuarentena por la pandemia de coronavirus y, además, se suspendió la feria, por lo cual tampoco accedieron al descanso anual histórico.
También contabilizó, entre las demandas, que una reforma a la ley de Jubilaciones derivó en un aumento de 7 puntos en los aportes que hacen algunas de las categorías de trabajadores, por lo que piden que esa diferencia no se convierta en una pérdida del salario de bolsillo. Que, puntualizó Bruera, tiene en la actualidad una gran brecha entre los ingresos de los trabajadores judiciales y los magistrados, que reclaman achicar.
Con todo, el Sitraju respalda institucionalmente la reforma judicial encarada por el gobierno de Alberto Fernández pero pide –y se lo transmitió a la comisión de juristas que asesora al presidente– que se incluya a los trabajadores en la mesa: “El Poder Judicial también tiene que ser interpelado, y este debate abre la oportunidad. Pero hay un gran ausente, que somos nosotros. También se debe democratizar por adentro la administración de Justicia nacional, con participación de los trabajadores en la obra social, con un convenio colectivo de trabajo y con paritarias, que es lo que venimos reclamando históricamente”.
Bruera espera que el reclamo se cuente en el dictamen que hará la comisión de juristas al gobierno nacional y, fuera de ello, celebró la iniciativo oficial para cubrir vacantes, fortalecer el nuevo Código Procesal Penal, relanzar el Ministerio Público Fiscal e implementar los juicios por jurados. “Apoyamos totalmente”, cerró el dirigente judicial.
