A través de un procedimiento abreviado un policía retirado de 60 años y un hombre de 31 y un joven de 21 fueron condenados por integrar una banda delictiva que el hijo del uniformado conducía desde su lugar de detención. Las condenas fueron de 4 y 6 años de cárcel aunque a uno de ellos, que contaba con una sanción anterior le unificaron las penas y deberá purgar 15 años de cárcel. El acuerdo fue homologado por el juez Carlos Leiva que dictó sentencia.
La investigación inició tras la balacera en septiembre del 2022 donde fue baleado un negocio y la cuadra de Génova al 1600 donde funcionan varios negocios, dos personas terminaron heridas. Según la pesquisa en esa cuadra había un kiosco que pertenecía a un policía retirado cuyo hijo estaba preso por integrar una asociación ilícita, extorsiones e intento de homicidio, por lo que fue condenado a 23 años y 8 meses.
Para el fiscal el policía retirado Edgardo David Ávila tuvo un rol fundamental en la consolidación y funcionamiento de la banda, ya que era el nexo con su hijo que lleva su mismo nombre y el resto de la organización. Este hombre distribuía las actividades delictivas a los miembros del grupo y les proporcionaba las armas a pedido de su hijo.
El menor de los acusados, Tobías Agustín Mieres. Era el brazo ejecutor de distintos hechos delictivos como amenazas, coacciones y extorsiones, abusos de armas, homicidios por encargo y comercialización de estupefacientes. Para Carbone era el principal enlace entre Edgardo David Ávila que daba las órdenes y los ejecutores de esas órdenes además de hacer logística en algunos casos y ejecutar el hecho en otras.
Mientras que Pablo Samuel Corvalán, tío de Mieres tenía en su poder el usado para extorsionar a distintas víctimas y deudores de la banda para que paguen. Además se dedicaba a la venta de estupefacientes.
Para el fiscal estas tres personas formaban junto a otras una asociación ilícita encabezada por Edgardo Ávila hijo que digitaba y delineaba los movimientos del grupo desde la cárcel mientras que Silvio Walter O. proveía al grupo armas, chalecos balísticos, municiones. El fiscal contó que este hombre, aprovechando su carácter de legítimo usuario de armas de fuego, compraba legalmente municiones y armas de fuego que luego se distribuían entre los integrantes del grupo delictivo.
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Carbone dijo que la organización funcionó desde septiembre del 2022 hasta noviembre de ese año cuando fue desarticulada tras varios allanamientos y la detención de sus integrantes a quienes les achacó la comisión de delitos como: balaceras, amenazas, coacciones, extorsiones, usurpaciones para instalación de puntos de ventas de drogas, tráfico de estupefacientes, tenencia, portación, compra, venta y distribución de armas de fuego, municiones, chalecos balísticos y demás material armamentístico, entre otros hechos ilícitos.
Además Corvalán fue imputado por intentar extorsionar desde su lugar de detención a una persona a través de distintos mensajes enviados desde un celular exigiendo dinero a cambio de no dañar a la víctima y su familia, hecho ocurrido entre el 25 y el 26 de noviembre del año pasado.
El convenio fue presentado por el fiscal Franco Carbone y convalidado por la defensa de los acusados. Tras evaluar la presentación el juez Leiva resolvió condenar a Pablo Samuel Corvalán, de 31 años, a la pena de 6 años de prisión por integrar una asociación ilícita y por una tentativa de extorsión, lo que unificado con una condena anterior a 9 años de cárcel por delitos contra la propiedad y las personas, alcanzó los 15 años de cárcel. Mientras que el policía retirado Edgardo David Ávila, de 60 años y Tobías Agustín Mieres, de 21 años, fueron sentenciados como miembros del grupo delictivo a 4 años de cárcel.
