Luciana Mangó
La diputada provincial Lucila De Ponti hizo un balance de la primera mitad del año en la Legislatura de Santa Fe. Señaló una agenda marcada por proyectos provenientes del Ejecutivo y una deuda en el tratamiento de otros temas vinculados a una agenda propia del Legislativo. Valoró las medidas tomadas en cuanto a la seguridad en la provincia, aunque expresó la necesidad de complementarlas con otras pensadas a largo plazo. Entre los temas pendientes para lo que resta del año están las reformas previsional y constitucional. Respecto de la última, sobre la cual presentó un proyecto, enfatizó la importancia de correr el eje de la reelección del gobernador para garantizar la calidad institucional del debate.
En el ámbito nacional se mostró preocupada por el impacto de las políticas socioeconómicas del gobierno de Milei, en especial por los recortes y quitas de subsidios al interior y ayuda alimentaria, sobre lo que consideró que falta contundencia en el reclamo de los mandatarios provincial y local. “Veo todavía una actitud muy condescendiente y de buscar un lugarcito bajo el sol de los gobiernos provinciales y municipales, los nuestros concretamente de Rosario y Santa Fe, esperando algo que creo que nunca va a suceder y que lamentablemente me parece que va a ser todo un tiempo perdido para el desarrollo de Argentina”, señaló.
—¿Qué balance podés hacer de la primera mitad de año en la Legislatura provincial?
—Fue una primera mitad de año difícil en el sentido de que los cambios de gobierno generaron para todos los sectores políticos la necesidad de un reacomodamiento y, particularmente para el peronismo, la necesidad de un proceso de revisión muy fuerte en términos de lo que fueron nuestros gobiernos en el período anterior y de buscar también la explicación de las derrotas electorales. También impacta en la convivencia en los ámbitos legislativos que son los ámbitos de representación que seguimos teniendo, donde lo importante es poder construir un espacio de diálogo, de acuerdo, de convivencia, pero no tapar las diferencias y los distintos roles que tenemos que expresar cada uno. En el caso del peronismo tenemos un bloque muy diverso que ha sido constituido por distintas listas que fueron a internas y que después llegaron a la Legislatura. También eso incide en la relación con el gobierno provincial o la mirada que tenemos del gobierno provincial. Desde mi punto de vista es un poco más crítica en términos de reconocer algunas cuestiones que creo que se hicieron bien, fundamentalmente lo que tiene que ver con la seguridad en lo que responde a la pacificación de Rosario, aunque me parece que hace falta una mayor integralidad y una mirada estratégica de largo plazo de la política de seguridad, pero hay que reconocer que hay una situación distinta a la que teníamos previamente y que eso afecta positivamente, sobre todo a los rosarinos. Después algunas cuestiones con las que no coincido, y que las hemos expresado, tienen que ver con un enfrentamiento con los trabajadores públicos y una decisión de ajustar fuertemente sobre las economías domésticas con la suba de tarifas de todos los servicios y de los impuestos. Me parece que estas cuestiones, de alguna manera, manifiestan una insensibilidad importante del gobierno frente a la situación crítica económica que estamos atravesando.
Otra cuestión tiene que ver con cómo ha quedado configurado el mapa político en Santa Fe donde hay una fuerte hegemonía de Unidos en los distintos ámbitos de representación institucional y que lamentablemente, transcurrido ya varios meses, lo que vemos en la legislatura es que hay una sumisión de un poder hacia el otro. Hay una concentración muy grande de las decisiones políticas en el Ejecutivo y esto se expresa, por ejemplo, en que en la Cámara de Diputados, y entiendo que algo similar ocurre en la Cámara de Senadores, no hay otra agenda más que la que propone el Poder Ejecutivo. Entonces las leyes que presentamos tanto los diputados de la oposición como del oficialismo están quedando relegadas. Hay muchos debates importantes que no se están dando. Hay una suerte de paralización en términos de las discusiones que se dan en la Legislatura y la verdad que nos preocupa, sobre todo a los que somos parte de la oposición.
—¿Cómo se logra esta reconfiguración del peronismo que mencionaste y cuál es el aporte que puede hacer en el debate parlamentario?
—El peronismo tiene un desafío que es el de poder pensarse y hacerse como una herramienta y un instrumento para transformar y desarrollar Santa Fe. Tiene que poder construir una herramienta política que no solo se mire hacia adentro, sino que mire fundamentalmente su vínculo con la sociedad, la capacidad de expresar demandas y agendas sociales, de dar los debates necesarios. Se había perdido de vista desde hace mucho tiempo. Había una mirada mucho más endógena y ombliguista de discutir las cuestiones propias vinculadas a identidades, a posiciones políticas y olvidarse que nuestra tarea fundamental es poder trabajar para gobernar, para transformar la vida a la gente, para que la gente pueda vivir mejor desde una mirada de mayor igualdad, de mayor garantía de derechos, de un Estado más eficiente y más presente. Ése es el desafío que tiene el peronismo. Lo estamos transitando lentamente. A veces hay tiempos que no se pueden acelerar, pero a veces también falta voluntad de reconocer errores y de hacer autocrítica en términos de poder construir algo mejor hacia el futuro. Para mí necesariamente implica una renovación generacional porque hay experiencias que ya tuvieron su oportunidad, sus virtudes y sus limitaciones, y es importante poder construir al peronismo como un instrumento para transformar la sociedad. Nosotros estamos trabajando en eso, no solo hacia el interior de nuestro partido sino en el diálogo con otros sectores políticos como venimos haciendo ya desde hace varios años. Nos parece que ése es el camino que tenemos que transitar.
—¿Cuáles son algunos temas de la agenda legislativa pendientes de tratar?
—Hay muchos temas pero uno que me interesa particularmente es la ley de Servicios Sanitarios de la provincia, que es la gestión del agua y las cloacas, y la existencia o no de la empresa Aguas Santafesinas. Fue un debate que tenía que darse cuando el gobierno mandó la ley de Emergencia, que no acompañamos pero se sancionó. Es un debate de fondo que tiene que ver con qué empresa de servicios sanitarios vamos a tener en Santa Fe porque hay una limitación temporal, ya que vence la existencia jurídica de Assa por el decreto que la creó. Necesitamos discutirlo y pensar cómo le llevamos agua y cloacas a todos los santafesinos de calidad y con tarifas razonables como criterios básicos.
Otra cuestión es el transporte público. Tengo una propuesta de ley de transporte para la provincia donde el Ejecutivo también se comprometió a enviar su propuesta, pero los debates quedan un poco abajo de la alfombra y seguimos teniendo los mismos problemas de siempre: un transporte que es deficiente, que es malo en términos de calidad y que es caro en términos de precio.
Hay muchas otras cuestiones que se tienen que discutir, como por ejemplo la reforma policial. Acompañamos en algunas cosas y no en otras toda una serie de leyes de emergencia en materia de seguridad que envió el Ejecutivo en diciembre y de reformas de los procesos judiciales y penales. Había un compromiso del Ejecutivo de avanzar en una reforma policial, pero tampoco se está discutiendo. No estamos discutiendo hoy leyes importantes en la Legislatura de ninguna área. La ley de Educación, que había sido un compromiso desde hace mucho tiempo de la Cámara de Diputados a la que incluso dos veces le dimos media sanción, tampoco se está discutiendo. Son solo algunos ejemplos, pero es la norma de lo que está pasando hoy en la Legislatura.
—¿A qué se debe? ¿Creés que hay otras prioridades o falta diálogo?
—Tiene que ver con una concentración de poder en el Ejecutivo donde la agenda la está definiendo la iniciativa del Ejecutivo y está sujeta a esos objetivos. Somos poderes distintos y todos fuimos elegidos por los santafesinos para cumplir un rol. Obviamente que el gobernador y los ministros que él nombró tienen su agenda y prioridades, pero nuestro trabajo no tiene que estar atado a los tiempos del Ejecutivo. Tenemos que empezar a discutir cuestiones que surjan de las necesidades que se plantean desde la propia Legislatura y no solamente desde el Ejecutivo. Hoy en agenda hay una cuestión que es la reforma previsional que también forma parte de las prioridades del Ejecutivo y de una decisión que ha tomado el gobernador de establecer la relación con los trabajadores del Estado desde un lugar, desde mi punto de vista de recorte de derechos para los trabajadores públicos. Después está quizás poniéndose en agenda la reforma constitucional, pero es un tema mucho más de fondo, que va a implicar una discusión mucho más larga y que tiene que darse paralelamente a la discusión de otras cuestiones que son más urgentes porque si no tienen razón los santafesinos cuando se preguntan qué hacen los diputados y los senadores.
—¿En qué instancias están los proyectos de reforma previsional y constitucional y cuál es tu opinión sobre las modificaciones?
—Con respecto a la reforma previsional estamos esperando que, una vez que se terminen de realizar las reuniones informativas que está teniendo la comisión, el Ejecutivo envíe su proyecto de ley para evaluarlo, pero no estamos dispuestos a acompañar ninguna reforma que signifique recortar derechos adquiridos por los trabajadores para resolver las cuentas del Estado. Si hay un déficit queremos buscar el camino para que pueda resolverse sin afectar los derechos de los trabajadores y que, en todo caso, también esté acompañado por una actitud mucho más contundente para reclamarle a Nación los fondos que se nos adeudan y que creemos que le corresponden por derecho a todos los santafesinos. En ese sentido no vemos una actitud tan decidida todavía por parte del gobierno provincial. En Santa Fe tenemos antecedentes que han sido buenos en términos de que involucraron a toda la clase política, a todos los partidos que gobernaron desde Obeid hasta Perotti, en el medio los tres gobiernos del Frente Progresista, que sostuvieron judicialmente un reclamo similar al que debería estar haciéndose ahora por fondos adeudados de Nación. Si esta plata no se envía va a ser imposible alcanzar una cuenta más ordenada de la Caja de Jubilaciones.
En cuanto a la reforma constitucional, yo tengo un proyecto que ya lo había presentado anteriormente y lo volví a presentar ahora. Me parece que es una discusión pendiente desde hace muchísimos años, que es importante que se dé y en un marco de acuerdo de cuáles son las prioridades. Es fundamental que no esté atravesada por intereses particulares de la política y con esto me refiero específicamente a la reelección de este gobernador. Me parece que como punto base hay que sacar del medio eso. En mi proyecto hay una propuesta que resuelve esta situación al habilitar la reelección para la categoría de vicegobernador y gobernador pero a partir de la elección siguiente, es decir, que quienes actualmente gobiernan y que juraron por una constitución que no les permitía la reelección no puedan ser reelegidos. Nos parece clave para cuidar la calidad del debate que se tiene que dar respecto del contenido de la reforma constitucional. Si la discusión va a girar en torno a si se reelige o no estamos teniendo un debate de una bajísima calidad institucional que, además, no va a resolver ninguno de los atrasos que tiene esta Constitución.
—¿Qué otros puntos deben modificarse?
—Lo divido en dos aspectos. Por un lado, un conjunto de elementos que tienen que ver con la arquitectura institucional del Estado de la provincia de Santa Fe. Hay cuestiones procedimentales, algunas muy básicas que tienen que ver con el inicio del período de sesiones legislativas hasta cuestiones mucho más importantes como, por ejemplo, el funcionamiento del Poder Judicial, cuánto tiempo duran los jueces, cómo se eligen los fiscales generales. Son cuestiones orientadas a democratizar las instituciones de la provincia de Santa Fe y no a concentrar el poder, como entendemos que sucede con la arquitectura institucional que tenemos hoy. Buscamos fortalecer las instituciones desde una mirada de democratización. Puede incluir la autonomía municipal, el funcionamiento de las cámaras, con la cláusula de los 28 diputados donde nosotros creemos que hay que ir a un sistema D’Hondt normal, y una serie de cuestiones vinculadas a estos procedimientos.
Por otro lado, todo lo que hace a los derechos que no están hoy debidamente tutelados por el texto constitucional que tiene que ver con su antigüedad. Fue una constitución que se sancionó en el año 62 cuando se estaba por producir un golpe de Estado, con el peronismo proscripto, y tiene muchísimas deficiencias. Aún así era una constitución muy buena para su época, pero han pasado siglos. Hay cuestiones que tienen que estar mejor expresadas desde algo muy básico como la educación, la salud y la seguridad, que son competencias y atribuciones provinciales, hasta cuestiones que tienen que ver con la agenda de derechos de ambiente, de género, las infancias que no están debidamente tuteladas, la economía social, popular y solidaria, las cooperativas que entendemos que tienen que estar contempladas junto con toda una serie de derechos sustantivos que tienen que formar parte del texto constitucional y que para eso también se tiene que hacer la reforma.
—En el ámbito nacional, ¿cómo afecta el plan económico a la provincia y cómo puede influir la firma del Pacto de Mayo?
—Veo muy negativamente todo lo que está haciendo el gobierno nacional. Atrás de un discurso refundacional que se expresa en cuestiones como el Pacto de Mayo, que es simplemente un papel que se firmó y no tiene ningún efecto jurídico, está la implementación de un modelo económico ortodoxo y neoliberal direccionado a resolver las cuentas de la macroeconomía sobre las economías domésticas y de las familias. Además no hay una mirada sobre el desarrollo de la economía argentina en términos de consolidación de capacidades de nuestro sistema productivo, sino una mirada extractivista donde el capital transnacional invierta para llevarse ganancias y dejar muy poco en términos de desarrollo nacional. Sumado a una baja estima institucional en términos del funcionamiento del Estado.
Repercute de manera negativa tanto a nivel general como en cada uno de los territorios y en la relación con los gobiernos provinciales que están hoy en una situación muy compleja. Lamentablemente hay muchos quizás con expectativa de que van a modificar algunas de sus decisiones -que yo creo que no lo van a hacer- y sufriendo constantemente las consecuencias. La paralización absoluta de la obra pública, por ejemplo, donde a Santa Fe no ha venido un peso desde que asumió este gobierno nacional y han quedado cientos de obras paralizadas. No es solamente el tiempo que se pierde sino que se generan perjuicios sobre lo que ya se había realizado. Nuestras rutas nacionales, en la medida en que no se les realizan obras de mantenimiento cotidiano, se van deteriorando y nos van atrasando en infraestructura para el desarrollo.
También en las políticas sociales y alimentarias que fueron diezmadas con la mayor crueldad y falta de empatía absoluta del Ministerio de Capital Humano, fundamentalmente de la ministra Pettovello. Todo eso afecta muy negativamente a los ciudadanos y también a las administraciones provinciales y municipales. Veo todavía una actitud muy condescendiente y de buscar un lugarcito bajo el sol de los gobiernos provinciales y municipales, los nuestros concretamente de Rosario y Santa Fe, esperando algo que creo que nunca va a suceder y que lamentablemente me parece que va a ser todo un tiempo perdido para el desarrollo de Argentina.
—¿Creés que falta contundencia en el reclamo?
—Sí, totalmente. Cuando fue el acto del 20 de junio lo vimos con mucha claridad: un intendente que no dijo una palabra respecto de la quita de subsidios del transporte, respecto de la paralización de la obra pública, respecto de cualquier otra transferencia económica que recibía Rosario y que ha dejado de recibir. No lo escuchamos decir nada, simplemente agradecer al gobierno nacional por haber enviado a algunos gendarmes, pero me parece que esa actitud no nos lleva a ningún lado. Quizás el gobernador en ese caso estuvo un poco más plantado en su discurso, pero creo que también hace falta mayor contundencia en el reclamo, porque realmente hay un perjuicio muy grande. Se anunció la firma de un convenio por una cantidad ínfima de obras públicas de las cuales Nación se iba a hacer cargo en Santa Fe y el ministro Enrico ya reclamó que nada de eso sucedió. No va a suceder nada porque es un gobierno que no quiere enviar recursos a las provincias ni a ningún lado para la realización de obra pública, porque no cree en el Estado, porque no cree que el Estado tenga que invertir en el desarrollo de infraestructura para la producción y para el fortalecimiento de la economía. Cree en la finanzas, cree que la economía se ordena sola y es la ley de la selva donde triunfa el más fuerte, y el resto queda relegado. El gobierno nacional no tiene ningún problema en decirlo, entonces me parece que se sigue buscando una respuesta que nunca va a venir.
—¿Cómo está la situación en los comedores y cuál es el termómetro social que encontrás en los barrios?
—Hay una aumento de la demanda alimentaria que se está dando en porcentajes altísimos. Creo que mínimamente podemos hablar de un 50% más de demanda. Paralelamente hay una disminución grandísima de los recursos que recibían organizaciones sociales, iglesias, clubes, cooperativas y todas las personas que realizaban algún tipo de actividad de asistencia alimentaria en el territorio. Se han recortado o eliminado los recursos que se recibían por parte de Nación y esto genera una situación muy crítica. Paralelamente la Provincia y la Municipalidad siguen sosteniendo sus aportes, pero no son suficientes para cubrir el aumento de la demanda ni para cubrir el déficit que se produce con el retiro del Estado nacional. Hay una situación que es absolutamente crítica. Las personas de cualquier tipo de organización comunitaria que están sosteniendo un espacio alimentario cuentan cómo ha aumentado en los últimos meses la demanda, cómo personas que tienen trabajo en blanco o que nunca habían ido a un comedor están empezando, ya desde fines del año pasado, a acudir a estos espacios para poder apoyar o acompañar la alimentación de sus familias porque no les alcanza con sus propios recursos. Hay muchísimas mediciones sobre cómo se ha incrementado la brecha entre el costo de vida y los ingresos de la mayoría de los argentinos donde hoy una persona de ingresos medios no llega a cubrir el 80% del costo de la canasta básica. Es la realidad que se está viviendo en nuestro país.
La sociedad está como aguantando. Veníamos de un proceso inflacionario muy pronunciado que tiene un efecto disciplinador muy fuerte sobre la sociedad porque genera un gran perjuicio y una gran incertidumbre vivir en un contexto económico semejante. Al haberse, de alguna manera, estabilizado el indicador de la inflación hay una valoración y una espera de que la situación va a mejorar, pero la inflación se estabilizó sobre la pobreza. Nosotros hoy no tenemos una inflación de dos dígitos mensuales pero la tenemos sobre un nivel de pobreza mucho más alto, sobre un nivel de indigencia mucho más alto y sobre una falta expectativa total de la recuperación de los ingresos de los trabajadores, ya sea los formales o los informales. Estamos abandonando la Argentina de la clase media y de la movilidad social ascendente para ir a una Argentina mucho más empobrecida.
Comentarios