El anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la intervención en Vicentín y el envío del proyecto de ley para su expropiación, dividió las aguas con dos posiciones claras. Sectores políticos cercanos al peronismo y del ámbito sindical respaldaron la iniciativa sin atenuantes, mientras que en la vereda de enfrente se posicionaron referentes de Juntos por el Cambio y miembros de la Sociedad Rural Argentina.
El respaldo al anuncio presidencial argumentó su posición a partir de la defensa de los puestos de trabajo y la capitalización de una empresa con un rol estratégico en la economía nacional. Quienes se opusieron a la iniciativa expusieron su preocupación por considerarla una maniobra inconstitucional y que llevaría a seguir los pasos de Venezuela.
Por su parte, los titulares de la empresa emitieron un comunicado en el que manifestaron su descontento con la decisión del Ejecutivo. Desde el directorio manifestaron “incertidumbre y preocupación”, luego de tomar conocimiento de la decisión a través de los medios.
La novedad terminó por quebrar la tensa calma política que se sostuvo durante la pandemia. Pese a que un sector de la oposición ya venía marcando el terreno con críticas en referencia al aislamiento, el anuncio de intervención sobre la multinacional terminó con la diplomacia y marcó una nueva agenda en el debate político.
Apoyo político
El primer apoyo fuerte a la decisión llegó el lunes por la noche, cuando el gobernador santafesino Omar Perotti avaló la decisión sobre la empresa que opera en territorio provincial. “Acompañamos este proceso en resguardo de los intereses de todos los santafesinos, por lo que significa hasta aquí una empresa como Vicentin y con las dificultades que ha atravesado en la última instancia, con la preocupación que ha generado en muchísimos productores que son acreedores”, señaló en su cuenta de twitter.
El Jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Leandro Busatto, suscribió a la postura de Perotti y consideró que el anuncio del gobierno nacional se trata de «una decisión estratégica» que “trae certeza y alivio ante una situación de incertidumbre de la empresa”.
El legislador destacó que la medida lleva «tranquilidad» a los más de 7000 trabajadores de la firma, «porque se garantiza su continuidad laboral», y que evita que una de las principales empresas argentinas pase a manos extranjeras. «Esto garantiza la presencia del Estado en una actividad central, que es la exportación de granos y la generación de alimentos»
Por su parte, los senadores provinciales del espacio justicialista Nuevo Espacio Santafesino (NES) respaldaron el anuncio al considerar que permitirá proteger una importante fuente laboral. Entre ellos se encuentran los legisladores Armando Traferri, Rubén Pirola, José Baucero, Guillermo Cornaglia, Osvaldo Sosa y Joaquín Gramajo.
A la expectativa de lo que sucederá durante los próximos días, el diputado nacional del Bloque Socialista, Enrique Estévez, consideró «fundamental que la empresa Vicentín siga funcionando para preservar las fuentes de trabajo, así como evitar la extranjerización», y agregó que «resulta imprescindible contemplar a los acreedores que son, en muchos casos, cooperativas y pequeños y medianos productores de la provincia de Santa Fe».
Agregó que desde su sector político seguirán la intervención y debatirán el proyecto de ley sobre expropiación. En ese sentido enfatizó: «No convalidamos que deuda de privados se transforme en pública a costo del sacrificio del pueblo argentino ni la dilapidación de recursos públicos».
Por su parte, el referente local del PTS en el Frente de Izquierda, Octavio Crivaro declaró: «La salida para Vicentin no puede ser un salvataje, que es la palabra que usó Alberto. Nada que implique impunidad para un estafador. Planteamos la expropiación sin pago, o con el pago de un peso, simbólicamente. Porque Vicentin estafó al Estado argentino, a los Estados provinciales y al pueblo trabajador de conjunto».
Respaldo gremial
Desde la Federación Aceitera, sector que representa a trabajadores de Vicentin, saludaron la intervención y el envío de proyecto para expropiar la empresa. Destacaron que en el anuncio se ponga de manifiesto la necesidad de garantizar los puestos laborales.
“Vicentin es una empresa que en manos del Estado tendrá un rol fundamental para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos, importancia que se acrecienta en el marco de la Emergencia Sanitaria”, expresaron mediante un comunicado.
Por otra parte pidieron que la intervención permita profundizar las investigaciones en curso tras el crédito millonario concedido por la administración macrista de Javier González Fraga en el Banco Nación. También pidieron un informe especial sobre “las complejas estructuras corporativas que radican sucursales en el exterior, que se venden a sí mismas y esconden del Estado las ganancias que desaparecen y se fugan”.
En tanto, el dirigente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey también brindó su apoyo a la iniciativa y destacó la designación de Gabriel Delgado como interventor a cargo. Consideró que «es un profesional sumamente destacado en la agroindustria» y que «no tiene antecedentes negativos de ningún tipo».
Urtubey defendió la medida y rechazó la versión opositora sobre una posible “venezualización” a partir del anuncio. “Es una frase desafortunada, el Estado no se queda con las joyas de la abuela, es una empresa en problemas», aseguró.
Opositores
Uno de los primeros en rechazar la intervención y envío de proyecto de ley para expropiar la agroexportadora, fue el diputado nacional por Santa Fe Federico Angelini. El referente De Juntos por el Cambio calificó la iniciativa como “una señal peligrosa” que “nos lleva a Venezuela”.
Para el vicepresidente del PRO local, “no había ninguna urgencia” para que el Gobierno Nacional dicte un DNU para intervenir una compañía, que, recordó, se encuentra en concurso de acreedores.
En sintonía con esa postura, los concejales locales del principal partido opositor al Frente de Todos, presentaron una declaración de preocupación frente al anuncio formulado por el Presidente de la Nación.
En el comunicado, los ediles Alejandro Rosselló, Daniela León, Anita Martínez, Carlos Cardozo y Germana Figueroa Casas afirmaron: “Intentar intervenir una empresa es el primer paso para avanzar en una mayor regulación del mercado. Además, es una maniobra peligrosa, anticonstitucional e ilegal que pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial”.
Otra de las figuras políticas locales que se opuso a al intervención en la cerealera fue la diputada provincial Amalia Granata. En su cuenta de twitter publicó: “La intervención política de Vicentin es otra muestra de la deriva populista del Gobierno de Alberto y CFK, viola el mandato del Art. 17 de la CN que protege la Propiedad Privada y pone en riesgo las futuras inversiones”.
Entre las voces opositoras a la intervención aparece también la Sociedad Rural de Rosario. Desde la entidad consideraron llamativa la decisión del gobierno argumentando que pese a la apertura del concurso de acreedores que atraviesa la empresa, “la fluidez de la comercialización de granos no se ha visto mermada”.
Por último señalaron: “Entendemos que los recursos de los argentinos se deben aplicar a mantener el ejercicio de la justicia, educación, atención sanitaria y el orden público”.
