La Cámara de Diputados de la provincia volverá a sesionar esta semana y a destrabar una serie de asuntos donde confluyen intereses de oficialismo y oposición. Como siempre ocurre en estos casos, el acuerdo alcanzado es más abarcativo de lo que se informó en el escueto comunicado firmado por los presidentes del bloque radical, Darío Boscarol, socialista, Raúl Lamberto, y la delegada justicialista Silvia de Césaris. Fundamentalmente es una hoja de ruta para lo que queda del actual período legislativo.
Varios de los proyectos que entraron en la agenda de negociación tienen final abierto. Uno es el de la creación de cargos para la Justicia penal; otro el de los cargos que se pretendían crear en la Legislatura a través de un ignominioso reparto de dos empleados por cabeza entre los 69 legisladores provinciales; también se allanó el camino para que presos políticos de la dictadura cobren una pensión. En cambio no prosperó por ahora, por negativa del oficialismo, el proyecto que baja la edad jubilatoria de los docentes, de autoría del kirchnerista Luis Rubeo, tema que motiva el actual conflicto entre gremios y gobierno.
Si bien antes de diciembre surgirán debates que levantarán el avispero, el presupuesto 2012 será la pelea de fondo.
Después de 21 semanas de período ordinario y apenas 7 sesiones, la semana pasada todos aflojaron un poco y las piezas empezaron a acomodarse.
El gobernador electo Antonio Bonfatti mantuvo contactos y siguió de cerca las negociaciones, que se terminaron de cerrar en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Di Pollina, y el comunicado que expresa el compromiso de todas las partes para sesionar.
Cargos legislativos
Uno de los asuntos más trabados pasaba por la pretensión de sectores justicialistas y radicales de descongelar la planta permanente de ambas cámaras (por ley no hay ingresos desde 2001) y habilitar a cada legislador (muchos de los cuales se van en tres meses), a dejar dos nuevos empleados como herencia.
Diputados del Frente Progresista como Mónica Peralta y Antonio Riestra (tal vez haya otros) anticiparon que no votarían semejante repartija.
En el caso de la oposición, de donde surgió el proyecto, no trascendieron detalles (o al menos este diario no accedió a ellos) sobre si hubo planteos internos en contrario.
Las pocas fuentes que acceden a hablar del tema contaron que el socialismo planteó en las últimas horas tratar el asunto a la par del presupuesto 2012, en noviembre, por lo que por ahora quedó en stand by.
Al margen del momento en que se trate, se asegura que se descartó la idea inicial. Hay una primera coincidencia en que sí es factible cubrir las vacantes que se generaron desde 2001 hasta ahora sin incrementar el número total de personal que había a esa fecha.
Según los datos iniciales que pudo recoger este diario de boca de algunos diputados, son unos 65 puestos en el Senado y 23 vacantes en Diputados.
Nueva Justicia penal
El acuerdo para sesionar tiene como primer escalón la aprobación de 820 cargos para dotar de funcionarios y empleados al Ministerio Público Fiscal y al Servicio Público de la Defensa.
Ambos organismos fueron generados a partir de la reforma de la Justicia penal que finalmente puso a Santa Fe en línea con la Constitución nacional y los tratados internacionales vigentes. Por lo tanto arrancan de cero.
El oficialismo ya había dado su acuerdo para bajar de 820 a 610 por pedido del PJ, pero igual su aprobación no prosperaba.
Una de las cuestiones que queda abierta es si los cargos se crearán en la órbita del Poder Ejecutivo (Ministerio de Justicia), para que éste los vaya transfiriendo a medida que se vayan concursando, o si se los crea en la órbita del Poder Judicial (Corte Suprema).
En disputa
En esta última opción milita con vehemencia el jefe de los diputados obeidistas, Mario Lacava. Opera entre sus colegas de la oposición intentando convencerlos de que hay que darle los cargos a la Corte porque el gobierno provincial intenta construir una Justicia a su medida.
Entre los sectores del justicialismo que no estuvieron comprometidos con los gobiernos de Carlos Reutemann y Jorge Obeid el argumento genera dudas. Ni reutemistas ni obeidistas pueden hoy sembrar sospechas sobre el actual gobierno sin que de inmediato tengan que rendir cuentas por la mayoría de los nombres, antecedentes y perfil de los hombres que sus jefes políticos promovieron para la Justicia entre 1991 y 2007. Pero más que los nombres, por los resultados que están a la vista, entre los que destacan el atraso causal y no causal de la Justicia penal santafesina, que sólo empezó a corregirse recién cuando lo empujó la Corte nacional a través del caso Fraticelli, y la prescripción en serie de todos los escándalos de corrupción política, desde los juguetes de Vanrell para acá, sin que nadie diera ni pidiera explicaciones.
Actualmente está a resolución de la Corte Suprema un caso planteado por el procurador. Agustín Bassó impugnó los primeros concursos de funcionarios judiciales que pretenden iniciar el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, y el defensor general, Gabriel Ganón, aduciendo que no les corresponde a ellos hacerlo sino a la Corte.
El caso representa la disputa de fondo: la Constitución de 1962 dice que la Corte Suprema concursa cargos y vacantes del Poder Judicial. Sin embargo, los legisladores santafesinos incluyeron en las leyes que crearon el Ministerio Público Federal y el Servicio Público de la Defensa artículos que precisan su autonomía operativa y administrativa y en lo referente a su personal. No fue un capricho: lo hicieron así para poner al sistema penal santafesino en línea con lo que manda la Constitución nacional de 1994 y los tratados internacionales vigentes ante la imposibilidad de reformar la Constitución provincial.
En la Corte las posiciones están una vez más divididas. El ala corporativa busca reservarse los nombramientos para sí utilizando el polémico sistema de concursos actual, al que el defensor Gabriel Ganón describió con inédito realismo.
Otro grupo, que viene fallando de forma coherente con el nuevo Código Procesal Penal, sería proclive a que Ministerio Fiscal y Servicio de Defensa concursen sus propias estructuras.
En las últimas horas corrió la versión de que un juez habría insinuado una posición salomónica, más propia de sus antecedentes políticos que del derecho, por la cual la Corte concursa los cargos de empleados, y fiscal y defensor general concursan los cargos de funcionarios. Final abierto.
Presupuesto y reforma tributaria
En noviembre la Legislatura deberá definir el proyecto de Presupuesto 2012, que ingresará en los primeros días de octubre para estudio. Los acuerdos de esta semana allanan el camino para las negociaciones, aunque las posiciones se irán fijando a medida que se conozca su contenido.
La oposición pondrá el ojo en un puñado de aspectos que considera centrales: las partidas para comunas y municipios y obra pública; endeudamiento (el ministro Sciara confirmó que si en algún momento se pide será para obra pública y por fuera del Presupuesto); y reforma tributaria.
Este último punto es el más escabroso. Si bien el oficialismo asegura que no se proyectan cambios en ese sentido, los justicialistas quieren ver los números para estar seguros.
El gobierno provincial nunca desistió de avanzar en una reforma tributaria y es posible que en el transcurso de 2012 promueva el debate una vez más.
Un dato a tener en cuenta: El Ciudadano pudo saber que diputados del Frente para la Victoria, aliados y la diputada electa María Eugenia Bielsa trabajan en un proyecto de reforma fiscal. Si bien no trascendieron detalles, uno de los ejes es eliminar algunas promociones fiscales que vienen de los años 90 y no se justifican en el actual contexto económico; gravar a sectores con alta capacidad contributiva pero que disfrutan de estas exenciones, y hacer otro tanto con algunos actores de la actividad agropecuaria. La condición inicial de este proyecto es que los recursos extra que recaude el Estado provincial no vayan a rentas generales sino que tengan una afectación específica predeterminada por ley. Pero eso será polémica para 2012.
