Este lunes se conoció que la Dirección General de Aduanas (DGA) denunció ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo una maniobra de importación por parte de la empresa Yoko S.A. El organismo descubrió que esa firma había obtenido autorizaciones judiciales, a través de medidas cautelares, para importar mercadería y luego se las facilitó a otra firma llamada Tropea S.A. para que pueda realizar operaciones por fuera del marco de la ley. El hecho tomó una notable trascendencia luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se manifieste al respecto a través de su cuenta de Twitter.
Yoko S.A. acudió a la Justicia durante el año pasado argumentando que no podía seguir produciendo si no le ampliaban las autorizaciones ante la Afip para importar. Un juzgado accedió a ese pedido y le concedió una medida cautelar para que pueda seguir importando sin la necesidad de cumplir con el procedimiento habitual, lo cual también le habilitó a la empresa la posibilidad de acceder a dólares con valor oficial.
Ese trámite se repitió en tres oportunidades pero no fue lo más llamativo del caso. Es que además de que la Justicia le concediera ese permiso a Yoko en reiteradas ocasiones, luego se conoció que la firma marroquinera le cedió esa autorización para importar a otra empresa del rubro sin que lo advirtiera la Afip, el gobierno nacional o el Banco Central.
En definitiva, la DGA constató que Yoko le «alquiló» ese permiso a Tropea para que pueda traer la mercadería proveniente desde el exterior, permitiéndole de esa manera el acceso al dólar oficial y con reservas del Banco Central, un atajo al margen de la ley y que constituye un delito penal, en un contexto de faltante de dólares y dificultades para el universo de empresas que tienen que importar para seguir produciendo.
El detalle
En un comunicado, la Aduana señaló que «Yoko ‘cedió’ la autorización a otra firma, Tropea, una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia, para que esta última usufructúe la medida judicial y pueda importar carteras fabricadas en China sin SIMI (autorización para importar) aprobada».
La denuncia se presentó el viernes 15 de julio en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Número 8, a cargo de Osvaldo Otheguy.
En el escrito, la DGA denunció que Yoko no utilizó la «cautelar» en los términos que la obtuvo y que «transfirió» la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de Tropea.
Para esto, la Aduana expuso ante la justicia una simulación de Yoko mediante una «contrato» de autorización para comercializar la marca «Tropea» solo por un mes: entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022, en el período en el que la mercadería debía ser nacionalizada con el SIMI preautorizado por Yoko.
«En términos llanos, Yoko le ‘alquiló’ la cautelar a Tropea para que pudiera hacerse de su mercadería» y en definitiva la primera de las empresas mencionadas «funcionó como una usina de SIMI».
Ante el descubrimiento de la maniobra, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, señaló: «La Aduana debe proteger la industria nacional y el empleo argentino, pero también evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado».
Luego de la detección del hecho, la Aduana bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y aplicó una multa que podría ser hasta cinco veces el monto importado.
Además, acusó a la empresa de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal.
Por último, se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, puso en conocimiento de los hallazgos y le reclamó al juez que habiendo sido burlada la medida judicial, se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la Justicia en lo Penal Económico por presunta estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en un asunto federal.
