El juez federal Daniel Rafecas procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y al ex secretario de Energía Daniel Cameron, entre otros, a raíz de la licitación otorgada a favor de la brasilera Odebrecht para la ampliación de gasoductos norte y sur de nuestro país entre 2006 y 2008.
La medida fue decidida por el juzgado en una de las causas del escándalo Odebrecht en Argentina donde la empresa reconoció haber pagado, en soborno a funcionarios públicos, alrededor de 35 millones de dólares.
También fueron procesados los ex subsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles, Bautista Marcheschi y Cristián Alberto Folgar, respectivamente.
Para el juzgado todos los acusados están imputados por la figura de coautores, junto con la participación necesaria de De Vido, por «favorecer de la Constructora Norberto Odebrecht para que esta resultara adjudicataria de los contratos para la construcción de la obra denominada «Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008–», contratos que debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y que en cambio fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera ministerial».
La mega obra tuvo un presupuesto inicial de 2.300 millones de dólares y que estuvo a cargo exclusivo de Odebrecht.
Según la resolución del juez de más de 300 páginas, De Vido creó el marco normativo necesario para que, desde la Secretaría de Energía, en negociación con Odebrecht, se procediera al llamado a una «licitación privada» que en lugar de hacerse a través de las empresas privadas licenciatarias TGN y TGS, como se había hecho hasta ese momento.
En ese sentido, el juez hizo referencia a una nota de noviembre de 2005, en donde la firma Odebrecht, a través de su directivo Flavio Bento Faría, se presentó directamente ante la Secretaría de Energía para manifestar el interés en «contribuir» con CAMMESA en el proceso de ampliación de gasoductos en Argentina.
También hubo varias notas en donde la Secretaría de Energía insistía en recordar el interés de Odebrecht de participar en el negocio.
«En definitiva, la instrucción ha dado por probada la existencia de un apreciable desvío de poder por parte de De Vido, Cameron, Folgar y Marcheschi, en dirección al involucramiento ilegal de Odebrecht en la adjudicación de la obra pública, maniobra formalizada el 6 de diciembre de 2006, con la suscripción del contrato entre la firma mixta CAMMESA S.A. y Odebrecht», según Rafecas.
El juez lleva adelante desde 2017 la investigación y su par Marcelo Martínez de Giorgi vinculado al desarrollo y pago de la obra por parte de Odebrecht, donde se sospecha del pago de sobornos.
Por otra parte, el juez dictó la falta de mérito de dos directivos de la firma CAMMESA, Luis Breulet y Julio Bragulat.
