Por tercer día consecutivo, voces a favor y en contra de la legalización y despenalización del aborto exponen en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La discusión sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo cuenta este jueves con 20 referentes y especialistas en la temática. La jornada de este jueves se agregó el miércoles al calendario y se pospuso el dictamen del viernes al miércoles 9 de diciembre. Un día después se espera el tratamiento en el recinto.
Con las 20 exposiciones de este jueves, serán un total de 72 voces a favor y en contra, mitad y mitad. Se suman a las más de 700 que pasaron por las comisiones en 2018. Los argumentos de estos tres días hablaron del derecho al aborto voluntario como una deuda de la democracia, ya que desde 1983 murieron más de 3 mil mujeres por abortos clandestinos. También el debate planteó que se trata de un problema de salud pública, justicia social y derechos humanos.
Lo que hay que saber sobre el proyecto
El proyecto del Poder Ejecutivo se debate junto con el de Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentado en mayo de 2019 y una iniciativa de la diputada Araceli Ferreyra.
El del Ejecutivo fue redactado por un equipo liderado por Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, feminista y co-autora de la ley de matrimonio igualitario. En términos generales plantea los mismos lineamientos que el de la Campaña con algunas diferencias que serán fruto de debate en comisiones.
El proyecto del ejecutivo estipula el aborto voluntario hasta la semana 14 de embarazo inclusive. Más allá de ese plazo, será legal en casos de violación y riesgo de salud de la persona gestante, como ya ocurre desde 1921. En este último caso, se exigirá una declaración jurada de la persona gestante ante el personal de salud. Cuando sean niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida. La práctica deberá garantizarse en un plazo de 10 días. En el de la Campaña son cinco días. También dispone que la práctica será incluida en el Plan Médico Obligatorio y deberá ser garantizada por el sector público, las entidades de medicina prepaga y obras sociales.
Una de las diferencias entre los proyectos es que el del Ejecutivo prevé penas en el Código Penal para las personas gestantes y quienes practiquen el aborto después de la semana 14, algo que el de la Campaña elimina para que no haya criminalización.
El del Ejecutivo incluye también la objeción de conciencia. Dice que las y los profesionales de la salud tendrán derecho a ejercerla, pero no podrán hacerlo en el caso de que esté en riesgo la vida de la persona gestante. Tampoco podrán objetar si tienen que atender un postaborto. En el proyecto votado en 2018 ya había sido agregada para sumar votos indecisos, pero en la nueva redacción de 2019 la Campaña no lo incluyó por considerarlo una herramienta para obstaculizar derechos.
Exposiciones de la mañana
Según publicó la agencia Télam, en la primera tanda de expositores, que arrancó a las 11, se presentaron Florencia Alvarez Travieso, Guadalupe Batallán, Vanina Biassi, Inés Rank, Lucy Grimalt, Belén Marmora, Luis Ernesto Pedernera Reyna, Mariana Romero, Alfredo Vittolo, y José Miguel Vivanco.
El plenario se retomó, luego de que ayer se resolviera postergar hasta el miércoles la firma del dictamen -previsto para el viernes- en una reunión de la que participaron los presidentes de bloques e interbloques de la Cámara de Diputados, ya que lunes y martes próximos son feriados.
La primera en exponer en esta tercera jornada, que fue presidida en esta tanda por la presidenta de la comisión de Mujer y Diversidad, Monica Macha, fue la investigadora del Conicet, Mariana Romero, que defendió la iniciativa y sostuvo que la legalización «nos permitirá una mayor relación entre pacientes y profesionales de confianza y empatía».
Uno de los discursos más enfáticos ue el de la joven de 22 años, Guadalupe Batallán, quien -tras relatar que su madre quedó embarazada a los 15 años- rechazó de plano el proyecto y aseguró que «estamos frente al mayor genocidio universal», al cuestionar el tratamiento ‘express’ de la iniciativa, y señaló: «Me duele mucho por la Argentina como joven lo que me va a tocar vivir».
En tanto, José Vivanco, miembro de Human Rights, sostuvo que «la clandestinidad afecta a las mujeres más vulnerables y a las adolescentes» y consideró que «legalizar el aborto no obliga a nadie a abortar», al advertir que de aprobarse «se aseguraría que nadie sufra innecesariamente debido a embarazos no deseados o riesgosos» y pidió: «No no dejemos pasar una deuda histórica para la Argentina».
Para Inés Franck, abogada de la Universidad Católica, «se debería tomar la vida humana desde la concepción ya que estamos ante dos vidas que hay que cuidar y proteger» y afirmó: «No es una discusión religiosa, ni política sino técnica y jurídica».
«Es una imposición donde no se admite que los derechos de todos deberían ponerse en discusión. Tampoco se habla de los chicos por nacer», manifestó.
Segunda tanda
Las exposiciones continuaron desde las 15 con Mariela Bielski, Soledad Bustos, Marisa Femenía, Analia Pastore, Luis Ernesto Pedernera Reyna, Marcelo Riera, Patricia Rosemberg, Jorge Sennewald, Laura Vargas y Roberto Votta.
Rosemberg, exdirectora de la «Maternidad Estela de Carlotto», señaló: «Estamos comprometidos con la idea de que las mujeres puedan defender la vida, la salud, puedan decidir y tomar decisiones con la libertad de todas las opciones que tienen, y por eso me parece importante que esta ley de IVE venga con el marco de la Ley de los 1000 días».
«Cada vez hay más médicos y médicas que queremos acompañar y asistir situaciones de aborto, que necesitamos formarnos para eso. La decisión es de la mujer y nosotros tenemos que garantizar que sea de forma segura», agregó.
En contra del proyecto, Votta, médica del servicio de Obstetricia del Hospital Cosme Algerich, expresó: «El aborto no es la solución, deberíamos aumentar el esfuerzo en la educación sexual. Los médicos obstetras hace mucho tiempo que hablamos del feto como persona, como un segundo paciente, y como persona tiene el más grande de todos los derechos de un individuo, el derecho a la vida».
Pedernera Reyna, del Comité sobre los Derechos del Niño, dijo que «son terribles los testimonios que hemos recibido de niñas violadas, abusadas sexualmente, obligadas a parir por diferentes cuestiones y las dilaciones de un sistema de justicia que no llega a atender los tiempos de la infancia».
Riera, profesor universitario y exministro de Salud de San Luis, expresó su opinión en contra del proyecto, al considerar que «los conocimientos científicos sobre el neo-concebido en su primera fase de existencia unicelular nos permiten tener la certeza de que se trata de un nuevo ser humano, diverso y distinto de sus padres».
Bustos, subsecretaria de Atención Primaria del del municipio bonaerense de Quilmes, reivindicó la iniciativa: «Es un problema de salud pública y el Estado debe garantizar siempre el acceso a la salud. Hemos incrementado el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la ILE; pero este acceso a la salud integral no puede ser un privilegio de un municipio».
El pastor evangélico Sennewald remarcó: «Veo un proyecto que no armoniza con nuestro Código Civil, con nuestra Constitución ni con los tratados internacionales que son pro-vida. Nadie puede refutar que el aborto siempre es la interrupción de una vida».
Al término de las exposiciones se programaron las primeras intervenciones de los diputados, que continuarán durante toda la jornada del viernes. La firma del dictamen se realizará el miércoles próximo.
